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LA PAH de Barcelona ha publicado una carta en la que se posiciona respecto a las medidas que ha tomado, y sobre todo las que no, el gobierno de Barcelona en Comú, respecto a los desahucios y el acceso a la vivienda desde que el pasado mayo ganara las elecciones.
Lo que se crítica principalmente es que no se haya aplicado la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética aprobada por el Parlament de Catalunya el pasado julio. Dicha ley se aprobó a raíz de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por la PAH, la Aliança Contra la Pobresa Energètica (APE) i l’Observatori dels Drets Econòmics, Socials i Culturals (DESC). La Iniciativa recogió 143.000 firmas y se aprobó en el Parlament con 120 votos a favor y 15 ausencias.
Cabe destacar también que en el Observatori trabajaron y fueron miembros destacados Ada Colau, así como los concejales de Barcelona en Comú Gala Pin, Jaume Asens y Gerardo Pissarello.
En concreto, la carta denuncia que no se haya obligado al SAREB a ceder pisos vacíos, tal como permite la ley. Colau anunció que estaba negociando la cesión de 500 pisos vacíos. Pero la PAH alerta que, a día de hoy, se sabe que hay 2.591 viviendas que están incumpliendo la ley y que por tanto se podría obligar a que fueran cedidas. Recordemos que el SAREB gestiona los activos tóxicos, tanto financieros como inmobiliarios, de los bancos intervenidos por el Estado y esta compuesta por un 45% de capital público.
En Barcelona hay nada menos que 80.000 pisos vacíos y 30.00 personas apuntadas al Registro Único de Vivienda de Barcelona que esperan un piso de alquiler social
. Las cifras son escandalosas y es necesario un plan que vaya más allá de las viviendas que se puedan conseguir aplicando la ley. Sin embargo, cuesta imaginar que el gobierno de Barcelona en Comú vaya a hacer un llamamiento a la ocupación de pisos vacíos ofreciendo su apoyo, si no es capaz de hacer aquello que puede realizar sin transgredir la legalidad, solamente cumpliéndola.
Las ilusiones de gran parte de los sectores populares con la llegada de una alcaldesa que habia sido una reconocida activista y que había participado en la paralización de numerosos desahucios, se están evaporando con al paso de la ausencia de políticas determinadas para poner freno a la compleja situación social que se vive en Barcelona.
Tras más de seis meses de inacción, la propia organización que Colau dirigía ha optado por poner blanco sobre negro las críticas a las políticas del nuevo consistorio. ¿Qué ha pasado? ¿Porqué ahora la PAH tiene que dar un toque de atención a una de sus principales figuras? Ocurre que el proyecto de Barcelona en Comú es un “remake” de lo que ha sido durante años ICV-EUiA, una izquierda institucional que por encima de los intereses de los trabajadores y las clases populares respeta el orden y la legalidad. Por mucho que Ada Colau y los suyos vinieran del activismo, su proyecto no fue nunca ir mas allá de lo que las instituciones permiten y a veces, como en este caso, ni siquiera hacer lo que la ley permite por no molestar demasiado a los grandes poderes fácticos.
Colau por su parte, ha respondido a la misiva de la PAH explicando las medidas que han adoptado: 3,5 millones
a ampliar el parque de vivienda social y 7 millones a ayudas al pago del alquiler. Se podría decir que Colau ha dado en ayudas “un poquito más” que Trias en este terreno, pero no marca una diferencia significativa ante el grave problema habitacional de una gran urbe como Barcelona.
Si bien son medidas correctas, son claramente insuficientes y no atacan la raíz del problema. Como dice el comunicado de la PAH, lo bueno de la ley aprobada es que permite hacer recaer sobre las empresas privadas, que se enriquecen con un derecho básico, el coste de conseguir viviendas. Evitando así la transferencia de dinero público a empresas privadas, como ocurre con las medidas citadas.
Respecto a esta última opción, Colau argumenta que ya se han solicitado mas de 1400 cesiones de vivienda y ningún banco ha contestado al requerimiento, así que en los próximos días se va empezar el proceso de abrir expedientes.
Esta por ver aún como avanza el el proceso, pero viendo lo que Colau explica, respecto a sancionar a las entidades financieras por acumular pisos vacíos y no ponerlos en alquiler social, parece difícil que meramente por la vía legal sea posible conseguir los pisos vacíos de los bancos. En su respuesta señala que “de los 12 bancos multados, tres ya tienen segundas multas y todos han recurrido las sanciones. En algunos casos, hay entidades que utilizan sus amplios recursos jurídicos y otros mecanismos de presión sobre los funcionarios públicos municipales”.
La experiencia de los primeros meses de gobierno de Ada Colau está demostrando que a la vez que no opone resistencia a los poderes fácticos en favor de los más débiles, es también incapaz de hacer cumplir la ley en favor de los mismos.
La Ley contra los especuladores se aplica con guante de seda y a cuenta gotas. Esto contrasta con otra aplicación de la ley nada liviana: la cruzada policial a la que está sometiendo a los llamados “manteros”, anteponiendo los intereses del “lobby” turístico a las necesidades de uno de los sectores más desprotegidos de la sociedad como son los inmigrantes y los vendedores ambulantes. Aquí la ley que ampara a las grandes firmas y los grandes comercios del centro se cumple a rajatabla y se pone a su disposición al cuerpo de la Guardia Urbana y sus unidades antidisturbios si hace falta. | 
