Con un discurso obligadamente diplomático, Peña Nieto mencionó en París el compromiso que tiene México para enfrentar el cambio climático, dado que asume su responsabilidad global y porque es un país vulnerable a los efectos del calentamiento global. Llamó a que a partir de la COP 21 se pueda transitar a economías bajas en carbono y a fijar un precio a éste para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, así como promover el uso de energías limpias.
Sin embrago, en México el gobierno de Peña Nieto -contrario a su falso discurso de reducción de gases de efecto invernadero (GEI)- aprobó la técnica de fractura hidráulica o fracking para la extracción de gas o petróleo atrapados en los poros de formaciones rocosas poco permeables denominadas lutitas. Dicha técnica emite gas metano, dióxido de azufre, óxido de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles.
El metano es un gas de efecto invernadero con un potencial de calentamiento 25 veces superior al dióxido de carbono (CO2) en el corto plazo, por lo que en 20 años el impacto de la extracción de gas de lutitas sobre el cambio climático puede superar en 20% el del carbón.
Es por eso que el discurso de Peña Nieto, llevado a cabo en París, en favor del medio ambiente no corresponde con las verdaderas políticas aplicadas desde su gobierno y avalada por los diferentes partidos del régimen, ya que permiten la contaminación por emisión de GEI a las grandes empresas y se ocultan dichas acciones por partedel Estado mexicano para protección de los empresarios.
Ley de transición energética en México al servicio de las grandes empresas contaminantes
Mientras Peña Nieto se encuentra en París discutiendo sobre el “compromiso” para combatir el calentamiento global, el Senado mexicano aprueba la Ley de Transición Energética, garante de beneficios para los grandes empresarios industriales.
La Ley de transición energética forma parte del paquete de leyes de la reforma energética, dicha ley contiene mecanismos tales comofomentar la producción de electricidad mediante energías renovables.
El Senado acaba de aprobar a inicios de este mes la Ley con 90 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones en lo general, y 74 a favor, 13 en contra y 1 abstención en lo particular. Esto se da a poco tiempo de que en enero del siguiente año las empresas, incluyendo las extranjeras, participarán en la generación y explotación de electricidad.
Días antes de aprobado el dictamen el presidente de la Comisión de Energía, David Penchyna, se reunió con los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), y la Cámara Nacional de la Industria del Acero (Canacero). A partir de esa reunión se observan cambios que flexibilizan la legislación en beneficio de los intereses de los industriales: se reducen las obligaciones de las empresas, se sustituyó el término de energías renovables por el de energías limpias, entre otros.
Esto muestra como la supuesta ley en favor del medio ambiente es una fachada para disfrazar las acciones contaminantes de los grandes empresarios.
El pasado 29 de noviembre, un día antes del inicio de la CPO 21 en París, distintos sectores de la población mexicana se sumaron a la marcha mundial por el clima mediante la cual exigían al gobierno de Peña Nieto asumir un compromiso real a favor del medio ambiente. Entre las peticiones estaba la aprobación de la ley de transición energética; no obstante, con la aprobación por parte del Senado y los recientes cambios a dicha ley en beneficio de las grandes empresas causantes de la contaminación del medio ambiente, no se puede concebir como un logro su aprobación.
Lo que ha demostrado el Estado es que las leyes están diseñadas para favorecer a la burguesía, por eso no se puede esperar que ninguna ley por sí misma resuelva la problemática del medio ambiente.
El Estado es el garante de los intereses de las grandes empresas contaminantes, por eso un primer paso para enfrentar a los contaminadores es plantear la lucha por tirar la reforma energética, en perspectiva de parar el modo actual de producción capitalista, que es el marco legal para que los empresarios puedan contaminar. | 
