El tiroteo en San Bernardino (California) reabrió la discusión sobre el control de armas. Barack Obama pide mayores restricciones. ¿Puede un Estado racista y guerrista acabar con la violencia armada?
El tiroteo de San Bernardino (California) fue el número 355 este año. Es decir, en lo que va de 2015 hubo más incidentes de violencia armada que días en el año. Cuando terminaba la semana el FBI publicó un rumor sobre una supuesta adhesión de una de las personas implicadas al Estado Islámico (ISIS). La revista The Nation tituló el “hallazgo” sugerentemente: “Estados Unidos no tiene problemas con los tiroteos masivos, siempre y cuando no sean perpetrados por musulmanes”. Y está en lo cierto, porque ese “detalle” parece dejar en un segundo plano los elementos que componen un escenario complejo, donde la violencia del Estado, el racismo y la desigualdad juegan un rol importante.
Más armas, más control, ¿menos violencia?
En Estados Unidos, hubo 15 tiroteos masivos desde la llegada de Obama al poder en 2008. Y ha sido una constante del gobierno demócrata la búsqueda de controles más fuertes al derecho de portar armas, que en Estados Unidos está contemplado por la Constitución (aunque existen muchas lecturas encontradas sobre la famosa Segunda Enmienda, que habilita a los ciudadanos a armarse).
En Estados Unidos se venden y se compran muchas armas de fuego. En 2013, según el registro del FBI se vendieron 16.800.000 armas, el doble que los diez años anteriores. Solo en el último Black Friday (un día tradicional de compras y super ofertas después del Día de Acción de Gracias) se vendieron 185.354 armas de fuego. ¿Y quiénes compran más armas? Según el Pew Research Center, la mayoría (61 %) de los propietarios de armas de fuegos son varones blancos. Pero además, al consultar sobre la sensación de poseer un arma, la proporción es inversa: las mujeres, los latinos y los negros se sienten mayoritariamente inseguros o prefieren no tenerla. Esto no se reduce a un dato demográfico, la realidad muestra que estos grupos son blancos mucho más probables de ataques con armas de fuego. Para constatarlo basta analizar los últimos ataques de 2015, además de San Bernardino: la masacre de la iglesia Emanuel en Carolina del Sur, o el ataque al centro de salud reproductiva en Colorado, ambos perpetrados por varones blancos, contra una iglesia negra el primero y contra un centro de salud de mujeres, el segundo.
No existe un problema de armas en general, existe un problema con quienes poseen las armas, en su mayoría personas blancas, en una sociedad racista, donde los policías blancos asesinan jóvenes negros, e incluso perviven sectores que reivindican abierta y legalmente la supremacía blanca. Estos grupos, lejos de ser una reliquia de museo, se pavonean con orgullo en las manifestaciones negras contra el racismo, como sucedió en el aniversario del asesinato de Michael Brown.
Guerra, racismo y brutalidad policial
El presidente Barack Obama se refirió al tiroteo de California: “Tenemos que reflexionar sobre nosotros mismos como sociedad, para dar pasos básicos que hagan que sea más difícil, no más fácil, que aquellos que quieren hacer daño [consigan un arma]”. Pero, ¿es neutral el Estado en esta espiral de violencia armada?
Según el Pew Research, los incidentes con armas de fuego descendieron a partir de la década de 1990. Sin embargo, ese descenso se detiene virtualmente en 2001, contrarrestando la baja de la década anterior. Es difícil pasar por alto el punto de inflexión que significó la “guerra contra el terrorismo”, desatada después de los atentados del 11S de ese año. Esa guerra tuvo una dura expresión interna: vigilancia estatal, fortalecimiento de las policías, delación y vigilancia civil y el crecimiento del papel de SWAT y el FBI. ¿Cuánta legitimidad tiene un Estado armado hasta los dientes para restringir la posesión de armas de la población civil?
Muertes por incidentes con armas de fuego cada 100 mil personas. Fuente: Pew Research
Otro gran ausente en el debate del control de armas es la brutalidad policial. La Policía se ha transformado en el principal foco de violencia armada, especialmente para la juventud negra, aunque no estén contemplados en las estadísticas. Otro de esos focos son las bandas para-estatales, como los vigilantes barriales que hostigan y se “protegen” de los negros, los musulmanes, latinos o cualquiera que represente una “amenaza”. Basta recordar el asesinato a sangre fría del adolescente negro Trayvon Martin a manos de un vigilante civil blanco que “sintió temor” y le disparó.
También queda fuera del debate la militarización de las policías locales. Las escenas de la pequeña ciudad de Ferguson (que protestaba por el asesinato de Michael Brown) invadida por tanques blindados y efectivos armados para la guerra, que desnudaron el mecanismo del Estado federal para reciclar el armamento militar. El programa 1033 del Departamento de Defensa (hoy suspendido) establecía la transferencia del material militar sobrante del Ejército hacia las policías locales. Según ese organismo, durante 2013 se transfirieron 449 millones de dólares en pertrechos militares. Los mismos recursos utilizados en la “guerra contra el terrorismo” utilizados por el Estado en su territorio.
Y no se trata de solo de armas. Un estudio de la American Civil Liberties Union analiza el uso de uniformes militares y la ostentación de armamento para imponer miedo entre la población. Estos métodos son utilizados, por ejemplo, por la policía de la Universidad estatal de Ohio que posee tanques blindados para “mostrar” autoridad en los partidos de fútbol americano. Esta lógica se reproduce en la introducción gradual de equipos SWAT en la “guerra contra las drogas” y la vigilancia de los barrios pobres, mayoritariamente negros y latinos.
El pedido de Obama de mayores controles para la portación de armas se da en paralelo y casi sin ningún cuestionamiento de los factores que alimentan el círculo de violencia estatal, racismo, militarización y más violencia. El saldo más cruento de ese círculo es el hecho de que entre 2001 y 2013 murieron más estadounidenses en tiroteos, ataques e incidentes por armas de fuego que por terrorismo, guerras, y sobredosis (todos los “enemigos” que justifican el blindaje de la democracia).
Las políticas de guerra hacia afuera y vigilancia hacia adentro, “en defensa de la democracia estadounidense” caló hondo en una sociedad atravesada por la crisis social y la decadencia. El Estado se enfrenta al dilema de tener que desarmar, entre otros, a miles de excombatientes de la “guerra contra el terrorismo”, que regresaron luego de invadir, asesinar y violar en nombre de la “libertad”. ¿Cómo desarmar a las milicias y bandas de supremacistas blancos que están convencidas de actuar en legítima defensa de los “valores americanos” que el Estado defiende fronteras afuera?
Este discurso estatal fortaleció a los sectores reaccionarios y la derecha conservadora (incluyendo a sectores de elite como los que financian la Asociación Nacional del Rifle pero también a sectores medios y bajos sin perspectiva) en su cruzada. En la masacre de San Bernardino sonaron los primeros rumores de la llegada del terrorismo a suelo estadounidense (esta vez con el nombre de ISIS), pero el enemigo hace tiempo que está en casa, y está armado hasta los dientes.
