La transición pactada se fundó en la pervivencia del sistema capitalista neoliberal instalado en dictadura, la reconciliación nacional y impunidad. Esto significó que se mantuvo e incluso profundizó la política económica, social, laboral y cultural que los civiles y militares, sostenidos en al represión, la desaparición y la tortura.
La privatización y mercantilización de la educación, el Código Laboral anti obrero elaborado por José Piñera y promulgado en 1979, la estaba de las AFP, la flexibilización y precariedad laboral para los trabajadores y el pueblo, el negocio de la salud, las leyes de impunidad, son algunos de los ejes de las políticas socioeconómicas que implantó la dictadura cívico militar. Fue este modelo el que la Concertación mantuvo e incluso profundizó, dejando de lado las expectativas de cambio que el fin de la dictadura generó en amplios sectores de la población y, especialmente, en las organizaciones de derechos humanos.
En el programa básico de gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia ya se señalaba que se buscaba un periodo de transición que permitiera “restaurar la democracia plena” y se aclaraba que no se trataba de “un período de reformas transformadoras ni de aplicación plena de programas partidarios”.
Como primer tarea se proponía la “reconciliación nacional” y señalaba una cuota de responsabilidad en todos los que todos los que habían sido parte del periodo que “culminó con el derrumbe de la democracia”. Ya se evidenciaba acá la política que también sería parte del Informe Rettig, buscando instalar una especie de “teoría de los dos demonios” en la cual dos sectores habrían sido responsable de llevar al país al golpe de Estado y la dictadura y así se igualaba la violencia y el terrorismo de Estado con la lucha, resistencia y organización contra la dictadura durante esos años.
Esta teoría fue funcional a todo el régimen político, los partidos de la Concertación, la derecha y los militares y tenía como objetivo justificar el golpe y la propia dictadura, como también ocultar la alianza que desde los empresarios, militares, la derecha, los intereses norteamericanos y la propia Democracia Cristiana se organizó para apoyar el golpe, cuyo objetivo era terminar con la experiencia de organización y lucha que la clase trabajadora, los pobladores, campesinos, la juventud y otros sectores estaban llevando adelante y que se materializó en los Cordones Industriales, las tomas de empresas, las juntas de abastecimiento popular y otros organismos.
La transición y los derechos generales
El Programa Básico de Gobierno de la Concertación prometía “asegurar la plena y efectiva vigencia de todos los derechos de la persona” y se hablaba de asegurar los derechos que aparecían en la Constitución de 1980.
Se proponía abolir la pena de muerte y el exilio y garantizar derechos como la educación, sin decir una palabra sobre el negocio y mercantilización del mismo; la libertad de prensa y opinión, la crítica a los monopolios de la información, los mismos que fueron privilegiados con los recursos de la propaganda estatal y que permitió que todos los medios alternativos incluyendo a los que lucharon contra la dictadura, fueran cerrando poco a poco.
El programa también planteaba el derecho al trabajo y derecho a huelga y negociación colectiva, pero sin ninguna palabra sobre derriba el Código del Trabajo de la dictadura ni restituir derechos fundamentales como el no reemplazo de los trabajadores en huelga o el fin de la atomización sindical. Se reconocía también a “la empresa privada como el principal agente productivo directo” y se afirmaba el derecho a la propiedad privada y el compromiso con “la preservación de los equilibrios macroeconómicos”.
La Concertación y los derechos humanos
El 24 de abril de 1990 Patricio Aylwin creó la Comisión de Verdad y Reconciliación Nacional, en su discurso señaló que se estableciera la verdad y la justicia, pero con “prudencia” y señalaba que se trataba de responsabilidades personales, planteando que había que evitar la vuelta al pasado, el odio y la venganza.
La Comisión de Verdad y Reconciliación analizaría los casos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, tanto del terrorismo del Estado como los cometidos, según se señalaba “por particulares bajo pretextos políticos”. Para dar un carácter “pluralista” se integraba a figuras como el abogado Raúl Rettig o Jaime Castillo Velasco, hasta figuras de la derecha como Gonzalo Vial, uno de los ideólogos para justificar el golpe de Estado y que inventó el libro blanco.
El informe entregado por la Comisión señala que “la verdad debía tener un fin preciso y determinado: colaborar a la reconciliación de todos los chilenos”. Cuando leemos reconciliación lo que en realidad se dice es impunidad para los militares y sus colaboradores, es decir, no juzgar, ni encarcelar a los responsables de violaciones a los derechos humanos. Es por esto que todas las ramas de las fuerzas armadas y carabineros no solo criticaron el informe sino que reivindicaron lo hecho, al igual que la derecha política.
Inclusive el Informe tiene un tono justificatorio al señalar que el quiebre institucional y la división entre los chilenos “hizo más probable que se dieran las violaciones de derechos humanos”.
El informe Rettig se transformó así en un símbolo que buscaba clausurar la demanda de verdad, justicia y sobre todo castigo que exigían no solo los familiares sino amplios sectores de la población, para que éste tuviera el menor costo posible para las instituciones armadas y por otro lado, que buscaba condenar el pasado y a “ambos bandos” de lo sucedido. Por otro lado, sus objetivos eran solo reunir información, señalar algunas metodologías represivas y, finalmente, centrarse en la reparación.
El informe fue así funcional al ideal de la transición: la vuelta de hoja del pasado, la reconciliación e imponer la “concertación” social y la justicia en la medida de lo posible, todo ello necesario para posibilitar la mantención del sistema económico, social y político que se instaló en dictadura.
Los derechos humanos y la impunidad hoy
Cuando hablamos de la herencia viva de la dictadura lo que queremos señalar es que muchas de las demandas pendientes de las organizaciones de derechos humanos están vivas, ya que ni la Concertación, ni Piñera o la Nueva Mayoría, son capaces de responder.
Como indicamos en un inicio, a pesar de las condenas recientes de la justicia –la misma que tuvo un alto grado de complicidad con la dictadura- de casos de detenidos desaparecidos o ejecutados políticos, lo cierto es que la mayor parte de los responsables están libres o tiene bajas penas. Los que torturaron, asesinaron y reprimieron, como también médicos y otros cómplices, siguen en servicio activo o ejerciendo sus funciones.
Además, sigue existiendo la cárcel especial de Punta Peuco. Como salió publicado hace poco, Lucía Hiriart sigue al frente de CEMA, institución que se enriquece con la venta de propiedades entregadas a su nombre, la justicia militar sigue existiendo al igual que la Ley antiterrorista y de Amnistía. La tortura no está tipificada y quiénes fueron torturados o las mujeres violadas en dictadura ven a sus victimarios libres. También las organizaciones de derechos humanos señalan que apenas el 7% de los detenidos desaparecidos ha sido encontrado e identificado. Los pactos de silencio, denunciados por ex conscriptos y militares, siguen existiendo para ocultar la verdad.
Pero se trata solo de una herencia que sigue viva, sino que la represión es una de las principales herramientas para enfrentar las movilizaciones. Como señalan las organizaciones e informes de derechos humanos, se sigue torturando en Chile, se asesina a mapuche, trabajadores y estudiantes, se criminaliza la protesta y lucha social y se encarcela a los que se organizan por sus derechos. | 
