El pasado 18 de agosto el gobierno de Miguel Ángel Mancera firmó una concesión por 40 años prorrogable hasta 80 que beneficia a la Agencia de Promoción, Inversión y Desarrollo para la Ciudad de México (ProCDMX) para el “uso, aprovechamiento y explotación” de la Avenida Chapultepec. Dicho convenio tenía como fin desarrollar el proyecto Corredor Cultural Chapultepec-Zona Rosa abarcando más de 100 mil metros cuadrados de espacio público. Este acuerdo no consideró a la población directamente afectada y a los miles de ciudadanos que día con día transitan la zona.
En consecuencia, habitantes de distintas colonias de la delegación Cuauhtémoc así como diferentes asociaciones y especialistas (urbanistas y arquitectos), se han organizado en repudio a la construcción de este proyecto que consideran “es la privatización del espacio público”. De realizarse tendría como consecuencias cambios de uso de suelo, el colapso de vialidades por la reducción de carriles, la saturación de vías alternas, afectaciones en los servicios básicos y todo en detrimento de la calidad de vida de los miles de trabajadores que transitan día con día por esa importante arteria de la capital.
Por su parte, los interesados en que se lleve a cabo el corredor lo habían vendido como una oportunidad de dar a los capitalinos un espacio recreativo y de convivencia, de cultura, arte, arquitectura, áreas verdes, en beneficio de los peatones y ciclistas, y donde no habría afectaciones ni problemas con los servicios pues será autosustentable en agua y energía (con el uso de paneles solares), lo que no aclararon nunca es que sería principalmente un espacio comercial donde las grandes empresas serían las únicas beneficiadas, pues de los ingresos que tuviera dicho corredor, el 95% se lo quedarán los empresarios y el 5% irá al gobierno de la ciudad.
Los sectores populares alzan la voz
Muestra del descontento que se generó ante el proyecto, fue la marcha que se llevó a cabo el sábado 5 de diciembre del Acueducto de Sevilla al Ángel de la Independencia en rechazo al corredor cultural de Chapultepec y los megaproyectos que se promueven en la ciudad de México, misma que reunió a cientos de habitantes afectados.
Por su parte, el gobierno perredista de Miguel Ángel Mancera, en un acto de simulación de “inclusión ciudadana” usó a instancias mediadoras como el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) para que por medio de una Consulta Ciudadana, llevada a cabo el día de ayer domingo 6 de diciembre, se decidiera la aprobación o rechazo de la construcción del proyecto en la que el 60% de los que votaron dijeron NO.
Cabe destacar que el proyecto no contaba con la aprobación del Sistema de transporte colectivo Metro, siendo que la línea 1 pasa justo debajo de la avenida, tampoco con manifestación de impacto ambiental ni los permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) que son imprescindibles por ser la avenida Chapultepec el corazón de una calzada prehispánica y una construcción colonial.
Este proyecto es uno de decenas que el gobierno de Mancera busca imponer, por mandato de sus jefes los empresarios, sin considerar que la población trabajadora y precarizada tiene demandas básicas como el derecho a una vivienda digna y servicios fundamentales así como a medios de transporte público eficiente.
Las declaraciones de Mancera, a todas luces una burla para con la voluntad de los habitantes de la delegación Cuauhtemoc, de que ProCDMX podría seguir participando de los futuros planes para la zona, dejan claro que una consulta, en manos del gobierno y de los intereses a los que sirve, no podrá garantizar que se cumplan sus demandas. Son sólo quienes día con día hacen funcionar la ciudad, quienes pueden luchar por una verdadera planeación de los espacios públicos en beneficio de las grandes mayorías y no de los empresarios que buscan enriquecerse a costa del despojo y la depredación. | 
