En sintonía con la política desplegada por el gobernador saliente, aquel que consideró las denuncias por gatillo fácil y detenciones ilegales como “cosas que reclaman esos de la Gorra, que siempre son parientes o vecinos de los que delinquen”, Schiaretti empieza a mostrar las cartas de su segunda gestión al frente de la provincia cordobesa.
Los cortocircuitos internos de Unión Por Córdoba al momento de repartirse cargos parecen haberse solucionado y toda la tropa se ordena nuevamente para definir el rumbo político de la próxima gestión. Encolumnados en acuerdos reaccionarios al momento de organizar las carteras y partidas presupuestarias destinadas a las problemáticas de niños y jóvenes, abundan las coincidencias programáticas entre schiarettistas y delasotistas para definir políticas de “seguridad” estigmatizantes que no son más que hostigamientos encubiertos, persecuciones clandestinas y medidas “preventivas” contra la identidad de la gorra.
En este esquema donde los jóvenes son promesa de futuro incierto, elementos precarizados del mercado laboral o fallas del sistema, pero nunca considerados como sujetos activos militantes y constructores de presente, las nuevas autoridades provinciales comienzan a pintar con rayas el lugar que les tienen reservado a quienes entren en contradicción con las leyes existentes.
Se conoce por fuentes oficiales que se realizarán cambios en la estructura de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF). Según lo expresado en la Ley Nº 9.944 de Promoción y Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes en la Provincia de Córdoba, esta Secretaría es la Autoridad de aplicación de las políticas públicas para los menores de 18 años, debiendo responsabilizarse por el cumplimiento obligatorio de lo acordado por la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley Nacional Nº 26.061.
Bajo la dependencia de esta Secretaría están los Institutos para jóvenes menores de edad en conflicto con la ley penal, centros que fueron creados desde la letra para ser lugares de contención socioeducativa pero que en la práctica son dispositivos de encierro que forman parte del Sistema Penal Juvenil de Córdoba, lugares donde se produce una violación sistemática de los derechos. Esta situación comienza con persecuciones, razzias y abusos de un Estado policial reaccionario y continúa con los vejámenes sufridos durante la privación de la libertad (violencia física, verbal y material), con arbitrariedades constantes en una justicia sin legislación penal para la minoridad sustentada en decisiones unilaterales de jueces que interponen medidas cautelares y tutelares sin fundamento, y que se mantiene durante el encierro con la incertidumbre de la situación procesal y la ausencia de determinación de fechas para las audiencias del juicio.
Según se confirmó, la dirección de la SENAF quedará, como ocurriera en la gestión anterior del actual gobernador electo, en manos de Raquel Krawchik, una psicóloga cognitiva con mucho conocimiento sobre el sistema nervioso pero con pocas ideas para el trabajo con las problemáticas juveniles.
También se sabe que la SENAF ya no formará parte del Ministerio de Desarrollo Social y pasará a depender del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que estará a cargo del experto en cárceles, pero amateur en la promoción y protección de los derechos juveniles, Luis Angulo, quien también estuviera ocupando el mismo cargo en la gobernación anterior de Schiaretti. Con este traspaso de cartera se terminan de reafirmar que las verdaderas intenciones del ejecutivo provincial son acentuar las políticas represivas de encierro agrupando bajo el mismo orden ministerial al Servicio Penitenciario Provincial y al Complejo Esperanza.
Estos cambios van de la mano de los últimos lavados de cara en el Código de Faltas, ahora llamado Código de Convivencia, que no hacen más que darle continuidad en la esencia al carácter represivo de sus agentes de control social, que sanciona actitudes y penaliza actos que siguen dependiendo del juicio arbitrario de una narcopolicía imputada en numerosos delitos para su detención.
Estas jugadas políticas pretenden esconder la violencia y el maltrato del que son víctimas los jóvenes en situación de encierro, algunos como Joel Solá que terminan en muertes sospechosas. Y que no quedan allí, sino que se mantienen en las muertes dudosas de sus denunciantes, como ocurrió con su padre, Carlos Solá que fue encontrado sin vida en una celda de la comisaría de Villa María.
Cada uno de estos pasos acentúan una estructura encargada de excluir y criminalizar la pobreza que precariza al joven trabajador convirtiéndolo en mano de obra esclava –con el Programa PPP o la Ley del Aprendiz– de los grandes patrones aliados del gobierno y le otorgan un marco operativo para los próximos ajustes a implementar a pedido de los círculos empresariales.
Se ha puesto en marcha una operación ideológica para instalar en los trabajadores que los culpables del delito son los pibes, los que usan gorra, los guachos de las villas, los naranjitas, los que cortan calles, los que andan en carros, los que reclaman, los que luchan por la defensa de los trabajadores, los pobres y la juventud organizada, cuando los verdaderos delincuentes se sostienen con la impunidad del poder en las cúpulas policiales o nos asaltan los sueldos con la inflación provocada. | 
