(Foto: Política Argentina)
Sólo algunos medios de comunicación, sobre todo portales de noticias que no pertenecen a los conglomerados mediáticos, dieron cuenta ayer de las movilizaciones que se realizaron simultáneamente en Plaza de Mayo, La Plata, Córdoba, Mendoza, Bariloche y otras ciudades.
Sin lugar a dudas el “cerco mediático” del que fueron víctimas esas concentraciones convocadas por la militancia kirchnerista demuestra que quienes le hacen el aguante al gobierno de Macri muy poco entienden de democracia y “libertad de expresión”. Incluso algunos medios masivos que hasta el 10 diciembre se ubicaban como defensores del “proyecto nacional y popular” ayer no hicieron el más mínimo esfuerzo por difundir la protesta.
Es que el gobierno de Macri, aunque haya arribado a la Casa Rosada haciendo alarde de “diálogo” y búsqueda de “consensos”, en lo concreto se apresta a imponer un ajuste a puro DNU. Y para que ese ajuste pueda pasar (si es que pasa fácilmente) debe contar con el aval y la complicidad del Grupo Clarín y el resto de las corporaciones periodísticas. En ese sentido, el planteo macrista de “ir contra la Ley de Medios” e incluso plantear un nuevo proyecto de ley que la reemplace es música para los oídos de Magnetto y compañía. De allí el silencio con gusto a revancha sobre las movilizaciones masivas de ayer.
Primeros pasos
La designación de Oscar “el Milico” Aguad al frente del recién creado Ministerio de Comunicaciones es toda una declaración de guerra por parte de Macri a cualquier idea cercana a la democracia informativa y a la libertad de expresión.
Gracias a un decreto firmado el sábado 12, en manos del cordobés radical, amigo de genocidas como Menéndez y el “Tucán” Yanicelli, represor de manifestaciones durante los 90 y cultor de la mano dura contra los pobres, quedarán todas las dependencias estatales ligadas a la comunicación, entre ellas la AFSCA y la AFTIC, los organismos creados por el gobierno de Cristina para aplicar la Ley de Medios y la Ley Argentina Digital, respectivamente.
Con Aguad como ejecutor de las políticas en la materia, el macrismo ya salió a decir a través de varios funcionarios que la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual tiene poco futuro. Sin embargo el gobierno intenta soslayar que no cuenta con mayoría propia en el Congreso, con lo cual la modificación de la norma creada en tiempos kirchneristas se le puede complicar.
De todos modos una alternativa que le queda al macrismo es mantener la aplicación de la ley en el mismo “stand by” en el que la dejó el gobierno de Cristina, tras casi seis años de vigencia (más allá de las cautelares de Clarín que objetivamente frenaron sólo una pequeña parte de la norma).
Algo en sentido de esta última opción dejó entrever el mismo Martín Sabbatella, quien pese a los chisporroteos discursivos ya lleva una semana como empleado del gobierno de Macri y, según él, sigue trabajando como antes. En declaraciones radiales con respecto al DNU que firmó Macri el último sábado Sabbatella manifestó que no afecta el funcionamiento de la AFSCA. “El decreto no le quita ninguna función, responsabilidad o atribución porque no podría hacerlo porque no hay ninguna necesidad ni urgencia para hacerlo. Solo lo cambia de órbita, pero AFSTIC y AFSCA siguen trabajando con su mismo directorio y de la misma manera que lo venía haciendo”, explicó.
La ley y la trampa
La Izquierda Diario repudia el cerco mediático que ayer intentó ningunear la manifestación de miles de personas en defensa de la Ley de Medios. Es sin dudas importante saber que son muchos los que ven en esa ley, que el kichnerismo llamó “la madre de todas las batallas”, una norma que permitiría democratizar la palabra y garantizaría la más plena libertad de expresión.
Sin embargo, como se analiza en otra nota de esta edición, “desde estas páginas hemos denunciado a la Ley de Medios impulsada por el kirchnerismo desde la ruptura de relaciones amistosas de Néstor Kirchner con Héctor Magnetto en 2008, como una verdadera estafa contra el pueblo. Una estafa a las ilusiones democráticas legítimas abiertas a partir de una norma que levantó principios reivindicables como la ’democratización de la palabra’ y estableció que un 33 por ciento del espectro radioeléctrico debía ser asignado a organizaciones sin fines de lucro”.
No hay contradicción en respetar la manifestación popular de aquello que se cree justo y digno de ser defendido frente a ataques de un gobierno manejado por empresarios y gerentes amigos y hasta socios de Clarín; y al mismo tiempo cuestionar el espíritu y la esencia de aquello que se defiende.
Sobre todo porque el cuestionamiento no proviene de una posición siquiera cercana a la del gobierno derechista, sino todo lo contrario. Las críticas a la Ley de Medios, en nuestro caso, reflejan una perspectiva realmente democratizadora de la comunicación y la información, al punto que se opone por el vértice a toda injerencia del Estado en materia de expresión y opinión pública, mientras pelea por el fin del lucro capitalista sobre las noticias, la información, el arte y el entretenimiento. | 
