Organismos de derechos humanos y organizaciones sociales denunciaron ante la justicia a Martínez, por la cual se inició esta causa en junio de 2012. Los datos que implican a Gerardo Martínez, junto a su número de DNI, se encuentran en la nómina del personal civil de inteligencia que revistó en el periodo 1976-1983, surgida a partir de materiales desclasificados por el gobierno. En la foja 52 de dicho listado se encuentra el nombre de Martínez, que en 1977 figuraba como agente civil de inteligencia, al mismo tiempo que el ANSES lo registraba como empleado de la UOCRA.
A pesar de estas pruebas, el juez Lijo intentó favorecer a Martínez. En septiembre del 2012 cerró la causa aduciendo que "si bien Martínez cumplió funciones en una estructura intrínsecamente ilegal, su responsabilidad penal no puede ser determinada por sus funciones, o porque objetivamente pertenecía al Batallón de Inteligencia 601". La persistencia de los organismos de derechos humanos , que se constituyeron como querellantes, logró que por decisión de la Cámara Federal se continuara con la investigación. Ayer, como informa la Agencia DyN, a pesar de las pruebas contra Martínez, el juez Lijo resolvió volver a dejar impune a un personero de la dictadura. "De los hechos denunciados no se individualiza siquiera una conexión fáctica entre ellos y la acción concreta de la persona denunciada”, argumentó el magistrado.
La historia del titular de la UOCRA
En forma paralela a sus actividades en la UOCRA, Martínez formaba parte del Batallón de Inteligencia 601, como Personal Civil de Inteligencia (PCI). La información que brindó el Ejército indica que prestó servicios a esa dependencia militar entre el 1 de marzo de 1982 y el 31 de diciembre de 1983.
Por entonces, el actual jefe de la UOCRA, era un servicio más entre todos los que actuaron en la estructura de inteligencia militar para infiltrarse en sindicatos, universidades, organizaciones sociales para trasladar información al Batallón, que las remitía a la Central de Reunión del 601. Con esa información, se realizaban todas actividades concernidas a la represión ilegal. El jefe del Batallón 601 era el coronel Alfredo Valín. Pero el dato que merece prestar atención es que en el periodo en la que presto “servicio” Martínez, desaparecieron 105 obreros en todo el país, 60 de ellos en Capital Federal.
Ya durante los gobiernos constitucionales, Martínez se reconvirtió, como tantos otros, y continuó trabajando en el gremio. Pero su gran tarea del momento fue evitar que los viejos representantes de la izquierda volvieran a pretender acercarse a la conducción y tener influencia entre los albañiles.
Cuando los vínculos del gobierno con Hugo Moyano comenzaron a resquebrajarse, tantearon la posibilidad de encumbrar a Martínez frente a la conducción de la CGT, pero cuando se hizo pública la lista de agentes civiles del 601, el gobierno tuvo que olvidar esa oferta. Pero tanto el gobierno como sus funcionarios se llamaron a silencio y nada dijeron de su sindicalista amigo, tampoco cuando comenzó el juicio.
El juez Ariel Lijo le acaba de hacer un gran favor al gobierno. Y acaba de consagrar un juicio a la impunidad. |
