Fotografía: El Universal
Así, por ejemplo, este martes 15 se sancionó entre otras cosas, la Ley Aprobatoria del Acuerdo que debe regir las actividades de los Estados en la Luna y Cuerpos Celestes y el acuerdo de cooperación entre la República de Irán y Venezuela.
También fue aprobada en primera discusión la Ley de la Defensa Pública, se devolvió el Proyecto de Ley de Semillas a la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo, para que sea discutido artículo por artículo el próximo martes 22 y miércoles 23, junto con la segunda discusión de la Reforma de la Ley Orgánica de la Defensa Pública. Se juramentó como nueva titular de la Defensoría Pública General por los próximos 7 años, a la jueza Susana Barreiro, quien fue la que encabezó la sentencia a Leopoldo López hace alrededor de 3 meses.
Esta carrera contra reloj también arropa el nombramiento de 13 altos jueces que serán designados el próximo martes 22 a las 20 hs.como Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con lo cual el chavismo busca asegurarse el control del Poder Judicial antes que termine su mandato dentro del Poder Legislativo, una designación que ha sido catalogada como “declaración de guerra” por parte del opositor adeco Henry Ramos Allup.
Para este miércoles, el foco mediático de este hemiciclo se posó sobre la instalación del llamado “Parlamento Comunal”, para el cual Cabello no escatimó en fraseología demagógica del tipo “más temprano que tarde el poder descanse donde tenga que descansar” expresión que queda bastante deslucida a 17 años de embaucamiento a las aspiraciones populares. Cuando dice que “el poder más importante que hay es el poder de las comunas, no hay otra forma de organización”, no muestra empaches para embaucar nuevamente a quienes hace 5 años estafaron con el supuesto “parlamentarismo de calle” y “pueblo legislador”, solo que esta vez aunado a la dificultad de seguir administrando la crisis económica y sus costos políticos, enfrentarán en el próximo período una Asamblea Nacional con mayoría opositora.
Leyes antipopulares que el chavismo deja caer en manos de la oposición de la MUD.
Entre tantas leyes sancionadas a lo largo de los 17 años de hegemonía chavista en el Poder Legislativo, existen leyes antipopulares promulgadas por el chavismo para regimentar y controlar el descontento obrero y popular que prevalecen por encima de alguno que otro “derecho” conquistado y que muy a menudo se reduce a “letra muerta” para el pueblo trabajador cuando el poderoso “Don Dinero” estrecha la mano de jueces y abogados, si bien el chavismo ha hecho uso todos estos años de estas leyes que criminalizan la protesta social, sin lugar a dudas la derecha también las sabrá aprovechar.
En este sentido resaltan la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa de la Nación (2002) cuyo artículo 56 lesiona el derecho a la movilización y a la huelga de los trabajadores en el caso de que este afecte “la vida económica y social”. En la misma tónica se puede apreciar el artículo 24 de la Ley especial contra el acaparamiento (2008) y el artículo 140 de la Ley Indepabis (2010), pero quizá el más expedito de los artículos en criminalizar la protesta obrera y popular se encuentre en la Ley Antiterrorista (2012), especialmente en el artículo 50 donde se penaliza de 8 a 10 años cualquier acción que afecte el comercio o la industria, donde las huelgas o trancas de calles serían definibles por su artículo 4 como “actos terroristas”.
Por si fuera poco, el gobierno de Maduro, en el marco de la crisis económica deja aprobada la infame Resolución 8.610 del Ministerio de la Defensa, que legaliza “el uso de las Fuerzas Armadas en el ‘control del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones’. También legaliza el ‘uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal’; y el maltrato físico y la tortura, presentada con el nombre de ‘violencia defensiva’, aplicando ‘la inducción física con producción de molestias físicas’ para someter a un manifestante” como lo decíamos en el Nº 35 de En Clave Obrera.
Esta derecha MUDista con su pose “democrática” apresura a su vez propuestas para la revisión y derogación de leyes que limitan las ganancias y el poder del empresariado nacional, con lo que asegura que los costos de la crisis económicas sean descargados sobre los hombros de los trabajadores y pueblo pobre venezolano, pero jamás se propondrían –ni por sus mentes pasa– revisar estas leyes que potencian la acción policial y militar para casos de la protesta obrera y popular.
Muchas garras qué afilar: tensiones dentro de la MUD
La victoria que la MUD tuvo en las pasadas elecciones logrando capitalizar un caudal de votos importante, apoyándose principalmente en el malestar generado por la crisis económica, aún no define qué sectores de la coalición de derecha se fortalecen con estos resultados, siendo esta la primera vez desde que el chavismo llegó al poder, que la derecha saca una ventaja electoral considerable.
Los distintos partidos y voceros que la componen ya han venido afinando sus declaraciones, sus apariciones mediáticas, propuestas de ruptura o mediación, etc., con el objetivo de sacar ventaja sobre sus aliados y capitanear la coalición opositora.
Entre los recién electos, desde el momento mismo de su triunfo el 6D Henry Ramos Allup busca posicionarse dentro de la MUD como el diputado presidenciable para la nueva AN, con un tono desafiante al Ejecutivo y al presidente Maduro en cada una de sus declaraciones, contrastando con la tónica del otro diputado del que se cree podría presidir la nueva AN, Julio Borges de Primero Justicia, con una pose de contemporizador para intentar convencer a todos los sectores de la MUD, y más allá, por eso dice: “Si la actitud del Psuv es ponerse de acuerdo en una agenda legislativa a apoyar esas reformas, firmar esos cambios, bienvenida sea”.
Desde otro sector de la derecha sin curules en el Parlamento, Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, intenta capitanear todos los sectores de la derecha que levantan la consigna de la Ley Amnistía, con lo que aprovecha para proyectar al interior de la MUD la figura del sentenciado López. Por su parte, el dos veces candidato a la presidencia, Henrique Capriles, este martes hizo aparición mediática proponiendo a la nueva Asamblea Nacional su “Ley Candado”, según explicó para “parar la diplomacia petrolera” e impedir “acuerdos internacionales que van en detrimento del país, que son onerosos para las finanzas nacionales”, como parte de la agenda de recortes que preparan.
Más allá de sus diferencias formales y tácticas, que se irán desarrollando durante el próximo período frente a un gobierno más debilitado, aunque este sin duda aprovechará el veto presidencial y su control del TSJ, el cemento que centralizará la “unidad” de la MUD está puesto en su programa de ajustes que terminarán beneficiando las propuestas que las asociaciones empresariales como Fedecámaras, Conindustria, Fedeagro y Consecomercio. Esto es lo que han venido sugiriéndole a la nueva Asamblea Nacional, con previsible detrimento de las condiciones laborales y de vida para los trabajadores y pueblo pobre venezolano. |
