Luego de que en febrero pasado, Enrique Peña Nieto decidiera modificar su gabinete para remplazar a quien difundiera la ’única verdad histórica’ del caso Ayotzinapa, Jesús Murillo Karam. Tratando de esta manera de cerrar la crisis del régimen eliminando a tan criticada figura que fungió como ex procurador general de la república, recientemente su nombre ha vuelto a ser título de los encabezados.
Según información revelada por el diario texano San Antonio Express News, los empresarios Ernesto Karam García, Miguel Ángel Leyva Urquía y Salvador Río de la Loza Postigo, interpusieron una demanda en 2012 contra la inversionista de bienes raíces Clarion Partners por un fraude en una inversión inmobiliaria en Acapulco. Como respuesta el gobierno mexicano acusó a los empresarios de participar en un fraude masivo dentro del país.
Jesús Murillo Karam habría comprado a los empresarios un departamento en Acapulco en 2009, mismo que según los demandantes fue otorgado por la empresa Clarion Partners, como soborno a el ex procurador para abogar a su favor, una vez que la disputa entre los empresarios y la empresa había concluido en beneficio dela segunda. Con esto Karam García, Leyva y Río de la Loza, acusan directamente a funcionarios mexicanos de participar como cómplices de la empresa estadounidense para que ésta quedara impune.
Murillo Karam, asevera que la única relación que tuvo con los empresarios ha sido la de la compra del departamento, mismos a quienes pagó el 75% del costo total para luego terminar de pagar a la empresa Clarion Partners el 25% restante en 2012, cuando ésta ya era dueña de la inmobiliaria.
Sin embargo, algo que sin duda sale a la luz, y que recuerda al tan sonado caso de la ’Casa Blanca’ hace varios meses, es la forma turbulenta mediante la cual se maneja la compra y venta de propiedades privadas de los funcionarios ’públicos’. No sólo por los excesivos costos que regularmente poseen estas propiedades -que ponen sobre la mesa los salarios descomunales que los políticos del régimen cobran o la desviación de fondos que salen del erario público y que muchas veces van a parar a negocios privados-. Este caso en particular, expresa que al final la política se hace siempre tras bastidores donde las decisiones de la casta política que nos gobierna sirven a intereses privados.
Según información de la Revista Proceso, durante su gestión como Procurador General de la República, de diciembre de 2012 a febrero pasado, Jesús Murillo Karam rechazó 3 solicitudes para hacer pública su declaración patrimonial. Actualmente, en los escasos 10 meses que lleva al frente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se ha negado la misma cantidad de ocasiones.
Continúan las declaraciones patrimoniales negadas de las autoridades mexicanas
El nuevo escándalo de corrupción se sitúa a lado de casos como el de la Casa Blanca de Peña Nieto y la casa de Luis Videgaray. Casos a los que el régimen dio carpetazo pero que en su conjunto muestran el enriquecimiento escandaloso de la llamada clase política, mientras la inmensa mayoría vive con salarios miserables y sin acceso a una vivienda que cubra las necesidades mínimas de una familia.
Además, deja al descubierto como se manejan los políticos del régimen, quienes fungen como representantes y garantes de las grandes empresas y trasnacionales; buscan otorgar a éstas las mejores concesiones y negocios a cambio de “favores”, mientras ellos se mantienen con inmensos salarios y aplican políticas para la mayor explotación y entrega de recursos a los grandes capitalistas. Los múltiples escándalos de corrupción son una muestra más de este régimen asesino y represor, responsable de la desaparición de 43 normalistas y de miles de muertes y asesinatos en todo el país, al que solo le pueden hacer frente las mujeres, campesinos, jóvenes y trabajadores organizados. | 
