Aumenta la crisis política del Gobierno
El Gobierno quedó a la defensiva. Decidió aceptar el fallo del Tribunal Constitucional (TC). Y sobre esa base, ensayó salidas que dio a conocer públicamente, y fueron todas rechazadas. Una, la ley corta, que aseguraría “gratuidad” para instituciones que cumplan ciertos requisitos como 4 años de acreditación, la derecha declaró que la apoyaría. Esta salida, dejaba fuera a 3 Universidades estatales, por tener 3 años de acreditación, la U. de los Lagos, la UTEM, la Universidad Arturo Prat. A la vez que permitiría incluir a universidades-empresa como la Adolfo Ibañez entre otras.
En la discusión pública, los ministros y diputados del Gobierno criticaron a la derecha porque la decisión del TC es imposible dadas las restricciones presupuestarias, un argumento clásico de la derecha para impedir cumplir las demandas populares. Es más, la diputada del PC Camila Vallejos declaró que "creemos también que el sistema privado debe incorporarse pero a través de un marco regulatorio", otro de los fundamentos de la derecha.
El Gobierno aumentó su fractura. Ante la acusación a la Ministra de Educación Adriana Delpiano de ser responsable de esta crisis, respondió que no era ella sino los Ministerios de Hacienda con Rodrigo Valdes y de la Secretaria General de Gobierno con Nicolás Eyzaguirre. El Ministro del Interior DC Jorge Burgos declaró que una vía eran las becas, lo que el movimiento estudiantil, los rectores, e incluso la propia Bachelet rechazan.
La Nueva Mayoría, en vez de cerrar filas, se volvió a dividir. Nuevamente la DC de Ignacio Walker asumió las posiciones de la derecha y el TC. En la discusión de la gratuidad insistió en que no debía limitarse a las Universidades del Consejo de Rectores (CRUCH). En la discusión de la reforma laboral, de nuevo la DC de Ignacio Walker, esta vez con los Ministerios de Hacienda y de Trabajo con la DC Ximena Rincón defendieron las indicaciones anti-sindicales, y al ser rechazadas en la Comisión de Trabajo del Senado aseguraron las repondrían en la discusión en la Sala de la Cámara Alta.
El Gobierno de la Nueva Mayoría está a la defensiva, dividido, asumiendo los argumentos de la derecha. Su salida general es buscar conciliar intereses contrapuestos, lo que partió con una glosa de gratuidad que dejaba fuera a más de 1 millón de estudiantes. Coronó está línea la declaración de la Ministra Delpiano de que la gratuidad para el total de los estudiantes será “en la medida de lo posible”. Así, solo aumenta su crisis política.
Y es esto lo que explica la fuerza circunstancial de la derecha.
Los triunfos políticos de la derecha
Con el triunfo político del fallo del TC obstaculizando la gratuidad, la derecha se envalentónó. Ahora anuncia que recurrirá al mismo organismo contra la reforma laboral. Y próximamente contra el proceso constituyente.
De su mano, los dueños de camiones volvieron a desafiar al Gobierno emplazando a Bachelet a ir a La Araucanía, amenazando con una nueva movilización, y declarando finalizado el diálogo con el Gobierno que iniciaron tras su marcha a La Moneda en agosto.
La derecha, con minoría en el Parlamento, con una política contra toda reforma que cuenta, con altibajos, con apoyo en las encuestas, pero sobre todo en el ánimo y las movilizaciones crecientes desde el 2011, logra impedirlas, recurriendo a mecanismos como el TC y las campañas que realizan con sus medios de comunicación.
Una dura puja política y social que, por ahora, solo los enfrenta por arriba y entre ellos, en los pasillos del Parlamento y de instituciones como el TC. Un Parlamento que resuelve a puertas cerradas. Como respondió el presidente del senado Patricio Walker a la CUT: “los que legislamos somos nosotros”, mientras realizaron la discusión de las indicaciones en la Comisión del Trabajo a puertas cerradas. O en el hermético y anti-democrático TC.
Viviendo en la burbuja de sus pasillos y conciliábulos a espaldas de los trabajadores y los estudiantes, creen que así se resolverá. Pero están equivocados.
El rechazo generalizado
La última encuesta CEP volvió a reflejar el rechazo generalizado la casta de funcionarios y parlamentarios en compra-venta a los empresarios.
Bachelet recibe solo 24% de aprobación, y 58% de desaprobación. Solo 13% aprueba a la Nueva Mayoría. Apenas 10% a la derecha. Todos los referentes políticos están con aprobaciones debajo del 50%. Caen los viejos estandartes y suben nuevos como Giorgio Jackson (dejaron fuera la pregunta pro Gabriel Boric), pero son figuras con débiles partidos. Caen las figuras de recambio, como MEO que cayó 9% (de 42% a 33%), y fue antes de su comparecencia a declarar por las platas de SQM. En la UDI siguen conociéndose casos escandalosos: su diputado Iván Moreira pedía minutas a las empresas pesqueras para argumentar en la discusión de la Ley de Pesca. Uno de los dueños de Chile y de las mayores pesqueras, Angelini declaró que se conocía que los parlamentarios de la zona norte votaban a favor de las empresas pesqueras.
Otra encuesta, Cadem, registró la alta desconfianza al resto de las instituciones: los parlamentarios una desconfianza de 77%, los empresarios de 55%, los jueces de 58%), los sacerdotes católicos de 60%), los fiscales de 51%, la televisión de 48%.
El rechazo y la desconfianza no quedan allí.
La desconfianza se activa, tendencias al frente único de masas
Tras conocerse que tres Universidades estatales quedarían fuera de la gratuidad, o deberían acceder por graciosa concesión, los estudiantes dela U. de los Lagos, UTEM y UNAP realizaron movilizaciones. La CONFECH convocó a una nueva movilización nacional para el martes 22, y declararon que el 2016 será en la calle.
Los rectores de las Universidades estatales se reunieron y cerraron filas: o todas o ninguna, declararon. Y se reunieron con dirigentes de la CONFECH.
Los trabajadores miran con distancia una reforma laboral que se hace cada vez más anti-sindical. La dirigencia cupular de la CUT debió declarar su rechazo a las indicaciones. Apuestan por la Comisión Mixta, que todos saben que nada cambiará de lo que salga del Senado. Evitan movilizar a los trabajadores, pero el Gobierno y el Parlamento, lo que acentuará el recurso al TC de la derecha, los obligará a pasar a la oposición.
El curso de las movilizaciones está abierto, si se desarrollará o no y cómo, pero hay efectos políticos que ya están actuando.
Se reactiva la crítica a las herencias de la dictadura
En la reforma laboral, se va confirmando que se dejan en pie pilares esenciales del Código Laboral de la dictadura, y que se mete por la ventana lo que se anunció se retiraría por la puerta.
En la reforma educacional y la discusión de la gratuidad, se reactiva la crítica a la herencia de la dictadura en educación. El rector Vivaldi, la CONFECH, critican que se igualen las Universidades públicas a las privadas, consolidándose el mercado de la educación, con lo que desde estas páginas llamamos la peculiaridad chilena del nuevo “negocio de la gratuidad”, con las instituciones privadas de educación superior manteniendo su negocio con subsidios “de gratuidad” para sus estudiantes-clientes.
Otra conclusión de va imponiendo: toda demanda popular, muere en las instituciones heredadas de la dictadura: los pasillo cerrados de los parlamentarios en compra-venta a los empresarios, el TC.
El rechazo común a estos caminos de las reformas, necesita transformarse en una estrategia común para enfrentarlos, y una respuesta común. Dauno Tótoro, vocero nacional de la Agrupación Combativa y Revolucionaria (ACR), declaró que la CONFECH debe convocar a un Congreso Educativo con delegados de base para discutir los pasos a seguir, la estrategia del movimiento estudiantil para el 2016. Y que la salida al callejón sin salida al que la derecha y el Gobierno están llevando la gratuidad y toda la reforma educacional, pasa por asegurar el 100% de financiamiento basal a las Universidades públicas, sin pruebas ni restricción ninguna al ingreso y aumentando la matrícula de modo de poder recibir a todos los estudiantes que quieran estudiar gratuitamente. | 
