El gobierno de Gerardo Morales en sus primeros días en funciones implementó una batería de proyectos de ley que, a diferencia de Macri que lo viene haciendo por decreto, en este caso los hizo votar con mayoría propia en la legislatura.
Los diputados provinciales que no sesionaban desde Junio, en menos de quince días pasaron a votar 21 proyectos que contaron solo con la aprobación del bloque de la UCR más el voto del diputado Marcelo Llanos (ex FPV, converso a la nueva mayoría radical). Los radicales “aplicaron el físico” y sacaron sus propios proyectos de ley, mientras que el bloque del FPV-PJ se limitó a dar quórum en el recinto.
Por su parte, los legisladores del FUyO no votaron y exigen mayor participación en la elaboración de los proyectos. Puertas afuera sostienen una fuerte disputa con el gobierno que lanzó un plan para dividir y atomizar a las organizaciones sociales, a partir de desconocer a sus referentes, en particular a Milagro Sala, como interlocutores en el manejo de las cooperativas como denunciamos en este artículo. En esta difícil cruzada el gobierno de Morales recibió el lunes el apoyo del gabinete de Macri con la visita del tucumano José Cano, responsable del Plan Belgrano, y del Ministro del Interior, Rogelio Frigerio.
Atacar a los altos mandos y acordar con el aparato del PJ
Uno de los proyectos aprobados por los diputados radicales fue la creación de la Oficina Anticorrupción con la cual se pretende juzgar el accionar de los funcionarios, en especial a la conducción del caído FPV, Fellner, Rivarola, Jenefes e inclusive Milagro Sala podría caer en esta redada. Mientras, Morales busca cobrarse la cabeza del FPV local, por “abajo” hay un acuerdo de gobernabilidad dejando pasar todos los proyectos de ley en la legislatura con un FPV dando quórum pero absteniéndose (por el momento) o votando en común otros como el presupuesto 2016. El FPV mientras deja correr las medidas del gobierno de Morales-Haquim, prepara la resolución de su propia interna hacia Marzo.
Jueces y parte
El proyecto más polémico de todos los aprobados es el que amplía los miembros del Tribunal Superior de Justicia que pasa de 5 a 9 miembros. De los miembros del viejo tribunal, el presidente Sergio González, Juan Manuel Ocampo, María Silvia Bernal y Sergio Jenefes, respondían a Fellner; a excepción de Clara de Falcone reconocida dirigente de la UCR. Ellos se suman a los nuevos jueces electos, Pablo Baca (diputado UCR), Beatriz Altamirano (diputada UCR), Federico Otaola (ex diputado UCR) y Laura Lamas. De esta manera, Morales, rearmó una justicia con mayoría propia, y ahora espera la entrada del año nuevo, para cambiar la presidencia del Tribunal que quedaría en manos de Falcone.
La designación de los nuevos miembros está teñida de todo tipo de manipulaciones, que no tienen nada que envidiar al repudiado decreto de Macri por el cual nombró a dos jueces de la Corte Suprema. El proyecto de ampliación del Tribunal fue presentado y aprobado el día martes 15 en la tercera sesión extraordinaria, con el voto de Pablo Baca y Beatriz Altamirano. El día jueves 17, iniciada la sesión extraordinaria, los diputados Pablo Baca y Beatriz Altamirano, presentaron su renuncia a las bancas para minutos después ser votados por los diputados de la UCR como parte de los nuevos integrantes del Superior Tribunal Superior. En tres días los diputados fueron “jueces y parte” de su propia designación.
La impunidad ahora tiene forma de funcionario radical, tal es así que el ex diputado (ahora juez) Pablo Baca, apareció en el programa de opinión política “Sobremesa” que se emitió en Canal 2 el viernes 18 a las 14hs y se presentó como nuevo integrante de la Justicia. Horas más tarde, a las 19:30hs juró en el Salón VelezSarfield del palacio de justicia, cumpliendo simplemente una formalidad, su asunción fue por TV con el aval del bloque de diputados radicales.
Una casta privilegiada y dependiente del Poder Ejecutivo
Pero esto no es todo, en el afán de consolidar a sus funcionarios y tropa propia en los puestos del Estado, los radicales de Morales y los massistas de Haquim, pasaron por alto una de sus promesas de campaña: la designación de jueces por concurso. Ni Baca, ni Altamirano, ni Otaola, ni Lamas fueron designados por concurso, simplemente fueron parte de una servilleta escrita por la mano de Morales, siguiendo los lineamientos de la Constitución Provincial que los mismos radicales cuestionaron durante la campaña.
Ahora, una vez elegidas las cabezas de la Justicia, proponen la designación por concursos de los jueces de menor rango, en la cual no está asegurado, sino por el contrario, se va a realizar una repartija de cargos entre radicales y peronistas como ha sido durante todos estos años de bipartidismo peronista-radical.
Por el contrario, el voto directo de los jueces y su revocabilidad junto con el fin de los privilegios materiales que perciben y que cobren igual que una maestra, es la única reforma que se puede cuestionar el carácter de clase de la justicia, una casta de jueces que decide a favor de los ricos y los poderosos. Este es el planteo que sostiene el Frente de Izquierda y que es necesario difundir para que los trabajadores, los sectores populares, las mujeres y la juventud puedan avanzar en su independencia política y fortalecer sus organizaciones para la lucha contra el ajuste y la judicialización de la protesta que traen entre manos Macri, Morales con sus jueces adictos. |
