Andrew Blake fue nominado como futuro Director Nacional de Salud Mental y Adicciones, nominación que se ganó el repudio de quienes transitan el ámbito de salud mental por ser un ferviente opositor a la Ley Nacional de Salud Mental y la Ley Nº 448 de la CABA, que implicaron principalmente un avance en materia del reconocimiento de derechos humanos elementales de los pacientes.
Se lo conoce por promulgar el retorno al paradigma médico hegemónico - desacreditando el aporte de los psicólogos a la salud mental - y por poseer en su haber denuncias de médicos, trabajadores y profesionales de los hospitales Ricardo Gutiérrez, Juan Garrahan y Arturo Ameghino por agresión a la presidenta de la Asociación de Profesionales de hospital Ameghino cuando se manifestaban contra el vaciamiento del sector llevado adelante por el gobierno macrista en la ciudad. De concretarse dicha nominación, Blacke pasará a ser parte del gabinete ajustador que ha elegido el PRO-Cambiemos para llevar adelante su plan político y económico de ajuste, que ya comenzó con una catarata de decretos desde su asunción.
Dados estos antecedentes, la asignación de Blake en la Dirección Nacional de Salud Mental pondría en cuestión la aplicación de la vigente Ley; pero, a decir verdad, desde su sanción en 2010 y su reglamentación en el 2013, tampoco se ha avanzado mucho desde el gobierno kirchnerista para su implementación. La falta de presupuesto destinado para la creación de dispositivos alternativos a las instituciones de encierro y a poner en condiciones los hospitales generales - que se caen a pedazos con serios problemas de infraestructura - para la atención de personas que sufren padecimientos en materia de salud mental, ha sido la principal traba para su real aplicación.
Esto lo vemos ejemplarmente reflejado en el caso del Hospital Posadas donde el 13/11/2014 cayeron de un 7mo piso un paciente y un enfermero que intentaba salvarle la vida, por la inadecuación de la ubicación del servicio para trabajar con esas problemáticas y la falta de contratación de personal capacitado para ello. A estas dificultades se suman las condiciones de precarización laboral con las que deben lidiar los trabajadores del sector como contratos por meses, tercerizados y sin convenio, o ad-honorem en el caso de concurrentes; condiciones que subsisten de las políticas neoliberales del menemismo y que no han sido modificados en la última década.
En este marco, hace algunos días se ha realizado una reunión en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en la que participaron alrededor de 100 personas pertenecientes a distintas instituciones ligadas a SM y que emitieron un comunicado exigiendo una reunión con el Ministro Nacional de Salud, Jorge Lemus, para reclamar la designación de un funcionario que cumpla con las legislación vigente. Sin embargo, debido a los obstáculos ya existentes, desde el PTS-FIT no creemos que una audiencia y la exigencia de la designación de otro funcionario sean suficientes para enfrentar las dificultades que se viene arrastrando en el sector, sobre todo si se trata de un funcionario del gobierno macrista que ya ha puesto en marcha el ajuste. Para luchar por la salud pública y defenderla del ajuste en curso, creemos fundamental abrir este debate en cada Hospital, Universidad y dispositivo ligado a SM; cuestionando la realidad que se vive en los hospitales y dispositivos de salud mental y organizar una resistencia desde abajo en asambleas, ya que somos los trabajadores de la salud los que, incluso en estas deplorables condiciones, mantenemos funcionando el Sistema de Salud, siendo un parche para las fallas en las políticas públicas.
Como primer medida, este martes 22/12 se realizará la primera gran acción unitaria contra las medidas del gobierno, en defensa del salario. Los trabajadores y estudiantes de salud mental allí estaremos. |
