Tras 25 años de la transición pactada, un grupo de diputados de la Nueva Mayoría se atrevió a presentar una resolución para solicitar que las se retirar de todas las dependencias públicas “fotografías e imágenes referidas a las personas que en el uso de sus funciones y poderes públicos hayan sido condenados como autores, cómplices o encubridores de actos de violación a los derechos humanos”.
La resolución fue publicada el pasado 18 de diciembre en la web de la Cámara y fue aprobada con 65 votos a favor, 20 en contra y 6 abstenciones. Entre otras cosas, la resolución señala que “existen en nuestro país hombres y mujeres victimas de violencia política, los que, además, se encuentran viviendo la última etapa de sus vidas padeciendo sufrimiento psíquico y emocional de no haber obtenido hasta la fecha la verdad, justicia, reconocimiento, ni reparación de su dignidad”, por lo tanto retirar las imágenes colabora en un mínimo de reparación.
Pareciera impensable que tras más de 40 años del sangriento golpe de Estado y los 17 años de dictadura, figuras como la del Mamo Contreras o Pinochet estén aun en dependencias públicas. Pero esto se explica por las políticas de impunidad y reconciliación que impulsó y defendió en su momento la propia Concertación, muchos de los cuales están en la Nueva Mayoría.
La derecha una vez más mostró sus nexos con la dictadura, con la votación de más de 20 diputados contra la medida, entre ellos Andrea Molina, quién dijo “no recordar” la votación, además de “José Antonio Kast, Arturo Squella, Diego Paulsen, Joaquín Lavín León, Gustavo Hasbún, María José Hoffmann, Jorge Ulloa, Pablo Alvarez-Salamanca, Ramón Barros, Ernesto Silva, David Sandoval, Marisol Turres, German Verdugo, Felipe Ward, Sergio Gahona, Javier Hernández, Renzo Trisotti, Arturo Squella y Enrique Van Rysselberghe.
Si bien la medida parece un paso adelante, la reparación pero sobre todo la verdad, la justicia y la cárcel está muy lejos de llegar. Durante este año los ex presos políticos de la dictadura realizaron una huelga de hambre de más de sesenta días, para exigir verdaderas medidas de reparación, las que estuvieron lejos de ser escuchadas y terminaron nuevamente con migajas por parte del gobierno.
Por otro lado, la justicia y la cárcel efectiva, en cárceles comunes a los violadores de derechos humanos, está lejos de ser una realidad. A pesar de que hoy existen una serie de juicios y condenas, en su mayor parte terminan en la calle por las bajas penas y el número de condenados es muy bajo, con apenas 117 militares cumpliendo hoy penas en penales como Punta Peuco. |
