Desde el año 2006, con el inicio de la llamada “guerra contra el narco” que militarizó el país como estrategia de seguridad para el combate al crimen organizado, los niveles de violencia en México ascendieron de manera alarmante. Las principales muestras de ello han sido las miles de víctimas por homicidios dolosos, desaparición y desplazamiento forzado.
Con la entrada de Peña Nieto al poder, la estrategia de seguridad no se modificó sustancialmente, en cambio se ha garantizado la continuidad del la política prohibicionista hacia las drogas, mandatada por Estados Unidos. Así la militarización y la violencia continúan profundizándose a la par que se ha desnudado de manera cada vez más evidente la asociación del narcotráfico con diferentes instituciones del Estado.
El ejército y la policía, en sus diferentes niveles, se convirtieron durante los últimos años en responsables evidentes de múltiples asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzadas y otras violaciones más a los derechos humanos.
De acuerdo al semanario Zeta, de diciembre del 2012, cuando entró Peña Nieto al gobierno, a junio del 2015 se pueden contabilizar más de 57 mil asesinados.
La tasa actual de homicidios intencionales está calculada en 12.85 asesinatos por cada 100 mil habitantes.
De acuerdo con la información de la OMS para este cierre de 2015 se prevé un número mayor de homicidios dolosos en relación con el registro de 2014.
Aunque la violencia se extiende en todo el país, la estrategia de militarización y con ello el aumento de los homicidios, desapariciones y violaciones a derechos humanos que la han acompañado, se ha concentrado en estados específicos. Muchas veces la militarización se da ligada a la intención de disciplinar mediante la represión a diferentes sectores sociales inconformes y garantizar la estabilidad del régimen político, la explotación y el despojo a diferentes zonas naturales,
Guerrero ha sido un estado característico por los niveles de violencia que sufren sus habitantes y por las contradicciones del régimen político que mostró su carácter más degradado con la desaparición de 43 estudiantes del municipio de Ayotzinapa y el asesinato de 4 estudiantes más y dos civiles. La represión contra el magisterio también ha sido una constante, a la par de los múltiples ataques a las policías comunitarias -quienes cuestionan la complicidad de las fuerzas del Estado con el crimen organizado y se organizan para la protección de su comunidad- recordando que Nestora Salgado se encuentra presa desde hace más de dos años sin pruebas del secuestro, homicidio calificado y robo que le imputan, mientras sus acusadores siguen sin dar la cara.
Hoy Guerrero también es el estado que concentra la mayor tasa de homicidio doloso a nivel nacional, llegando a la cifra de 51.2 asesinatos intencionados por cada 100 mil habitantes. Tan solo el pasado octubre se denunciaron 167 homicidios dolosos y en noviembre 173.
La estrategia de militarización en el estado se profundizó como respuesta al enorme descontento expresado por cientos de miles a nivel nacional a partir de la desaparición de los 43 normalistas, hecho que cimbró la estabilidad del régimen de Peña Nieto durante los últimos meses del año pasado. Además, como en el resto de los estados con mayor resistencia del magisterio, la reforma educativa ha sido impuesta con sangre y fuego y los militares y la policía federal han sido claves para esta tarea.
Guerrero es la prueba de que mientras la militarización se profundiza los niveles de violencia en los que vive la población también aumentan, a la par de la represión y el saqueo. Por ello es necesario emprender una lucha por la desmilitarización inmediata del país que unifique a todos los sectores que padecen la opresión y represión de este régimen, levantando un programa contra las reformas estructurales y el aumento de la explotación, el saqueo y la miseria. | 
