El 2 de diciembre fue nombrado el Consejo de Observadores del proceso constituyente anunciado por Bachelet. La instancia intentó generar confianza en la población, con la designación de personajes como el futbolista Jean Beausejour, la baterista Juanita Parra o la presidenta de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadoras de Casa Particular, Ruth Olate.
Sin embargo, incluso personajes ligados al oficialismo, como el constitucionalista Fernando Atria, militante del Partido Socialista, plantearon que la conformación del consejo buscaba “dejar tranquila a la derecha”. Esto se profundizó con la inclusión de Arturo Fermandois, mismo abogado que alegó en pos de la impugnación a la glosa de gratuidad ante el Tribunal Constitucional.
El Consejo de Observadores ya definió un cronograma para el llamado proceso constituyente. Durante enero se coordinarán reuniones con partidos políticos y movimientos sociales y desde marzo se dará inicio a los “diálogos ciudadanos”. Éstos consistirán en cabildos consultivos a nivel comunal, provincial y regional.
Pese a tratarse de un esquema antidemocrático, puesto que no existen representantes con poder resolutivo, la derecha salió a cuestionar las instancias comunales. Ante las aprensiones, el gobierno salió aclarar que sólo en las instancias provinciales y regionales se podrán incluir propuestas concretas. Además se establecerán una serie de requisitos para los monitores voluntarios que guiarán el proceso.
Un intento por contener los cuestionamientos al régimen político
El debate constitucional se da en un marco de fuerte repudio al régimen político y sus instituciones. La última encuesta CEP volvió a reflejar el alto rechazo que existe hacia los partidos de la derecha y la Nueva Mayoría. Los escándalos de corrupción y colusión han agudizado la deslegitimación de las diversas instituciones, pasando por la iglesia, el poder judicial, el congreso, la presidencia, etc.
A su vez, la última encuesta CADEM arrojó que 76% de los encuestados está de acuerdo con acabar con la actual constitución, mientras que un 46% apoya la idea de una “una Asamblea Constituyente de ciudadanos electos”.
Lo anterior contrasta con el intento de contener institucionalmente los cuestionamientos. La composición del Consejo de Observadores sólo refleja el verdadero problema del “proceso constituyente”: se trata de un mecanismo antidemocrático, decidido a espaldas del pueblo y que tiene como objetivo político relegitimar el actual régimen heredado de la dictadura.
Los cambios constitucionales y las asambleas constituyentes históricamente han buscado recomponer la legitimidad de los regímenes políticos sin cuestionar el sistema capitalista. Sin embargo, la Asamblea Constituyente puede transformarse en una herramienta para movilizar y politizar a gran escala a los trabajadores y el pueblo, para que éstos se topen con los límites propios de la democracia capitalista, lo que puede ser útil para fortalecer la lucha por una perspectiva socialista.
Para apuntar a este objetivo, es fundamental organizar al movimiento estudiantil, al movimiento de trabajadores y todos los sectores oprimidos en pos de instalar la movilización por una Asamblea Constituyente realmente libre y soberana de discutir y decidir en torno a todos los aspectos de la herencia de la dictadura. | 
