A pocas horas de terminar la sesión del Concejo Deliberante de Las Heras, en la que se aprobó el presupuesto de ajuste con el apoyo de la UCR y el Frente para la Victoria, se dieron a conocer 662 despedidos por intermedio de un decreto firmado por el Intendente Orozco.

Desde el Frente de Izquierda, el Concejal Ulises Jimenez, quien fue el único que votó en contra de este presupuesto, declaró que "estamos ante una grave medida contra las familias trabajadoras de Las Heras. El Intendente Orozco cierra el año dejando a más de 600 familias en la calle, luego de lograr un acuerdo con el PJ de Miranda y Ciurca para que éstos le aprobaran el presupuesto de ajuste para el 2016".

El referente de la izquierda añadió que "en consonancia con el gobierno nacional y provincial, la UCR cerró un acuerdo con el PJ de Ciurca para hacerle pagar a las familias trabajadoras los costos de la crisis que ellos mismos generaron, contando además con el lamentable apoyo de Libres del Sur a estas medidas". Jimenez denunció asimismo que "pretenden también que se le voten super poderes para gobernar sin ningún tipo de control deliberativo. Se ve claramente que Orozco quiere gobernar como Miranda, o peor”.

El Concejal del FIT explicó también que “además, hace pocas horas nos enteramos de un decreto de Orozco, con fecha de hoy, en el que se expresa que no se renovarán los contratos a 662 trabajadores, un verdadero escándalo justo un día antes de año nuevo”, por lo que exigió al Intendente Daniel Orozco una inmediata explicación y que se retraiga dicho decreto para que no quede ni una sola familia trabajadora en la calle".

Finalmente, Jimenez explicó que "el presupuesto de ajuste que votaron mantiene los sueldos de privilegios del Intendente y sus funcionarios, que cobran hasta 10 veces más que cualquier trabajador. Pero para los trabajadores se estipula un aumento salarial de un 23 por ciento que no alcanza para cubrir la canasta básica, que cada vez se encuentra más por fuera del alcance de los trabajadores y trabajadoras, cuyos salarios apenas llegan a los 5 mil pesos en su enorme mayoría, condenándolos desde el municipio a salarios de hambre y miseria".