Fotografía: DyN / Luciano Thieberger
“Hoy se termina la guerra del Estado contra el periodismo, de un tiempo de confrontación y de pelea que ha sido inútil. Comienza una política pública de comunicación del siglo XXI para que todos accedan a un servicio mejor, hacia la modernidad". Estas fueron las palabras del Jefe de Gabinete, Marcos Peña, al anunciar el nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Macri. Lo hizo en conferencia de prensa en Casa Rosada, acompañado por el Ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y Miguel de Godoy, el hombre elegido para presidir el nuevo organismo creado por decreto: el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que reemplazará a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y a la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC).
Esta decisión bonapartista del gobierno de avanzar decididamente y en forma descaradamente autoritaria sobre la llamada Ley de Medios, ya había comenzado a prefigurarse a través de dos DNU anteriores que en tiempo record modificaron normativas clave de la LSCA, que había sido uno de los “caballitos de batalla” del gobierno kirchnerista, sancionada por el Congreso en 2009. En pocos días, el gobierno nacional pasó la AFSCA a la órbita del Ministerio de Comunicaciones, reacomodó el funcionamiento del Sistema de Medios Públicos y avanzó en la intervención de las AFSCA y la AFTIC, como no podía ser de otra manera, por decreto. Como si fuera poco para el kirchnerismo en retirada, la jueza en lo contencioso administrativo Cecilia de Negre, rechazó dictar una medida cautelar interina contra la intervención por 180 días de la AFSCA, planteada por el ex titular de ese organismo, Martín Sabbatella.
Sin embargo, pocas horas después, el juez en lo contencioso administrativo de La Plata Luis Arias, ordenó "la prohibición de alterar, modificar, eliminar o suprimir las funciones y la existencia de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual". La orden alcanza también la fusión de la agencia con la AFTIC y deja sin efecto todas las medidas que tomó el interventor de la AFSCA, Agustín Garzón. De esta manera, el juez Arias se metió en la pelea y dio lugar a una medida precautelar que solicitó Guillermo Luis Guerín como delegado de la AFSCA de la Región La Plata.
Inmediatamente vino la respuesta del Ministro de Comunicaciones, el derechista Oscar Aguad, quien desautorizó el fallo, sosteniendo que “Arias es un juez incompetente y tomó una medida ilegítima”.
¿Qué modificaciones realiza el nuevo DNU?
Algunos de los puntos del nuevo decreto que modifica sustancialmente la Ley Audiovisual son:
1- Se fusionan las Autoridades Federales de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) en un nuevo organismo que regulará ambos sectores: el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que será presidido por Miguel De Godoy.
2- Se deroga el artículo 41 de la Ley Audiovisual, que impide la transferencia o venta de licencias. Ese artículo fue uno de los cuatro que la Corte Suprema declaró plenamente constitucionales en 2013. Recordemos que el gobierno kirchnerista violó este artículo cuando, por ejemplo, permitió la transferencia de medios de Daniel Haddad a Cristóbal López.
3- La televisión por cable no será regulada por la Ley Audiovisual y pasará a estar regulada por la Ley de Telecomunicaciones, llamada Ley Argentina Digital que fue sancionada en diciembre de 2014.
4- Las empresas telefónicas podrán dar televisión por cable en dos años, prorrogables por un año más.
5- El Enacom sería integrado por siete miembros: cuatro representantes del Poder Ejecutivo y tres del Poder Legislativo, con representación de las minorías parlamentarias. Ya no tendrán participación en ese organismo delegados de los sindicatos ni de las universidades nacionales.
6- El DNU convoca a una comisión bicameral para la redacción de una nueva Ley de Comunicaciones que fusione la LSCA y la Ley Argentina Digital.
¿A quiénes favorece el “decretazo”?
Como bien detalla el profesor universitario Martin Becerra en su blog, la dirección que viene tomando el gobierno de Macri en cuanto al sistema infocomunicacional, favorece claramente al Grupo Clarín pero también a su histórico competidor en el mercado: Telefónica. Becerra señala que “Telefónica continuará expandiendo su red móvil en 4G y debe mejorar las prestaciones de sus redes, pero reclama al gobierno que le ceda más espectro y, a la vez, que se levante la prohibición para prestar tv satelital. Ello conduce a cuestionar dos leyes vigentes, la más reciente de ‘soberanía satelital’ (noviembre de 2015) que –como reacción a la compra de Nextel por parte del grupo Clarín- incluyó una reserva de espectro para la estatal ARSat originalmente previsto para un cuarto operador de telefonía móvil; y la ley de telecomunicaciones y TIC “Argentina Digital” de diciembre de 2014, que modificó la previa ley audiovisual al autorizar el ingreso de las telefónicas a la tv pero les veda la explotación de tv satelital. Justamente este vector interesa a Telefónica, ya que brinda el servicio en países de la región y por el alcance del satélite podría ampliarlo a la Argentina.
En cuanto al grupo Clarín, Becerra explica que “tramita el final de su guerra contra el Ejecutivo (se refiere al gobierno kirchnerista) sin que sus ingresos hayan sufrido daños (al contrario) pero con esquirlas adheridas su prestigio periodístico, afectado por la contienda. Su desafío es múltiple también: intentará blindar su dominio en la tv por cable a través de Cablevisión (donde tiene como socio minoritario a David Martínez, de Fintech, otro que con el nuevo gobierno buscará revertir el impedimento para formalizar su control de Telecom Argentina), que es la unidad de negocios que más ganancias le reporta al conglomerado pero, a la vez, expandirse a la telefonía móvil. Para ello compró Nextel hace pocos meses. A pesar de que esa operación fue denegada por la autoridad de aplicación de la ley Argentina Digital (AFTIC), el cambio de gobierno y la decisión de Macri de subordinar tanto la AFTIC como la AFSCA al flamante Ministerio de Comunicaciones, abren expectativas reales de revisión. Como Telefónica, Clarín también pretende modificar parcial o integralmente leyes clave promovidas por el kirchnerismo, en este caso la de servicios audiovisuales”.
Ante este panorama, el gobierno macrista pretende avanzar directamente hacia el favorecimiento directo y descarado a la concentración de los grandes oligopolios de medios y las telecomunicaciones, tratando de limar todo andamiaje legal que signifique un escollo para la libre competencia. Es lo que expresó Marcos Peña al sostener que con esta medida se busca "sacar los cepos a la industria (de las comunicaciones) para que se pueda modificar y mejorar la necesidad de inversiones y que haya un contexto de competencia en el sector".
La verdadera batalla por la democratización
Como ya hemos escrito en reiteradas oportunidades en este medio, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual impulsada por el kirchnerismo, no modificó en absoluto, en un sentido democratizador (como se prometió), la estructura de medios en la Argentina. Por el contrario, fue el marco legal que legitimó la conformación de nuevos conglomerados de medios (Grupo Indalo, Grupo 23, Grupo Crónica, Electroingeniería, etc) que crearon una especie de “Korpo” afín al relato kirchnerista. El prometido 33% destinado a las organizaciones sin fines de lucro fue una verdadera estafa y, por el contrario, se atacó a medios comunitarios y alternativos como demostró el secuestro de equipos al canal Antena Negra TV. Por eso dijimos claramente desde un primer momento, que se trataba de una disputa intraburguesa con un trasfondo político en la disputa desatada entre el gobierno kirchnerista y Clarín en 2008, y un trasfondo económico en la pelea por la redistribución capitalista del mercado de medios. Incluso, fue el mismo gobierno kirchnerista el encargado de modificar la propia Ley Audiovisual cuando a fines de 2014, con la Ley Argentina Digital, permitió que las telefónicas accedan a la televisión abierta. Legalizó así lo que ya era una realidad con la posesión del canal Telefe por parte de Telefónica.
Sin embargo, ahora el gobierno macrista busca dar pasos decididos en un giro claramente bonapartista que elude cualquier discusión en el propio parlamento, para favorecer abiertamente a lo más concentrado del poder capitalista infocomunicacional.
Ante esta ofensiva autoritaria, desde el kirchnerismo se responde tibiamente a través de medidas cautelares y foros declamativos que terminan resultando completamente impotentes para enfrentar semejante ataque.
Solo desarrollando la más amplia movilización y organización democrática de los trabajadores y sectores populares, se puede poner un límite al avance autoritario del gobierno nacional. Hay que parar con las “cacerías de brujas” contra periodistas y trabajadores de prensa, y luchar por la más amplia libertad de expresión. No se puede permitir ni un solo despido de los trabajadores en los medios, sean privados o estatales, con la excusa de barrer con puestos “colonizados” por militantes, como ocurre en Nacional Rock; o de hacer más “austera” la pauta oficial que mantuvo el andamiaje de varios medios kirchneristas, como ocurre hoy con el Grupo 23 de Szpolsky y Garfunkel donde sus trabajadores denuncian un verdadero vaciamiento y falta de pago de sus salarios. Hay que defender en estatuto del periodista, la libertad de conciencia y de organización sindical, defendiendo y extendiendo la elección de delegados votados por sus compañeros.
La lucha por las libertades democráticas, y en particular la libertad de prensa y expresión, y la pendiente democratización de los medios para que se escuchen verdaderamente todas las voces, se pone más que nunca a la orden del día.
La Izquierda Diario es un medio de expresión que está enteramente a disposición de esta pelea. |
