En menos de un mes de gobierno de Mauricio Macri, una decena de represores procesados y condenados en diferentes causas por delitos de lesa humanidad fueron liberados, mientras que la jueza Sandra Arroyo Salgado sobreseyó a la directora del monopolio de Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, en la causa en la que había sido denunciada por la apropiación de hijos de desaparecidos durante la dictadura militar.
Noble, Magnetto y los nietos
La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado “entendió” que en la causa, iniciada en 2001, no había pruebas sobre los hechos por los cuáles fue “investigada” la dueña del Grupo Clarín. Para la magistrada, “en atención al resultado negativo que arrojó el peritaje de ADN a los fines de establecer vínculo biológico con los grupos familiares de personas desaparecidas durante la última dictadura militar que integran el Archivo Nacional de Datos Genéticos, no existe motivo bastante de sospecha”.
Vale recordar que la causa fue iniciada por las Abuelas de Plaza de Mayo hace 15 años y que tanto los hijos adoptivos de la empresaria como todo su entorno trataron de impedir que se les extrajera muestras de ADN. Arroyo Salgado, quien en 2010 se hizo cargo de la causa, puso en duda la correcta extracción y conservación de la sangre y saliva. En base a eso ordenó que la policía siguiese a los jóvenes al salir del Juzgado.
Ayer la jueza de San isidro, además de sobreseer a la directora del Grupo Clarín, rechazó un pedido del fiscal Fernando Domínguez para una nueva declaración indagatoria a Herrera de Noble, y resolvió “sobreseer a Ernestina Laura Herrera de Noble en la presenta causa, en orden a los hechos por los que fuera indagada, dejándose constancia que la formación del presente no afecta el buen nombre y honor”.
A menos de un mes del nuevo gobierno
La justicia en poco menos de un mes de asumir Mauricio Macri, intenta avanzar en la impunidad para genocidas militares y civiles.
Apenas asumió el líder de Cambiemos, El diario La Nación publicó un editorial que cuestionó los juicios y pidió acabar con ellos, generando un amplio repudió y obligando a Mauricio Macri a decir que se debía dejar actuar a la Justicia.
Evidentemente Macri confiaba en que gran parte de esta “Justicia” se opondría a continuar con los juicios, por los que el pueblo trabajador y las organizaciones de derechos humanos han luchado todos estos años.
Son parte de esa Justicia que ha obstaculizado el proceso por encarcelar a los genocidas y ha mantenido paralizadas causas o dictado sobreseimientos a los civiles responsables del golpe militar y de la desaparición de personas, la que hoy se siente fortalecida porque sabe que cuenta con todo el apoyo del gobierno nacional para continuar en este sentido.
El sobreseimiento a Ernestina Herrrera de Noble es un pronunciamiento político contundente. Con él se pretende decir que los empresarios que fueron parte del genocidio, que lo idearon, lo dirigieron o se enriquecieron con sus consecuencias (como la misma familia Macri y muchos otros que hoy están con el gobierno) tendrán la impunidad asegurada, a pesar de las causas abiertas por las pruebas que durante 40 años fueron aportando sobrevivientes, familiares, y referentes de organismos de derechos humanos.
Para los militares también
El sobreseimiento de Herrera de Noble se suma a la liberación de diez represores imputados en causas de lesa humanidad que en la última semana ordenó la Justicia.
En Entre Ríos, se dejó libres a tres represores que fueron condenados en la causa conocida como Área Paraná. Y en La Pampa siete militares que fueron imputados en la causa Subzona 14 II, fueron también liberados.
En el caso de Entre Ríos, se trata de genocidas que fueron hallados culpables por delitos de lesa humanidad contra 52 personas, entre ellas, cinco personas desaparecidas. Sin embargo ante semejantes crímenes las condenas fueron muy inferiores a las pedidas por las querellas y la fiscalía. Solo el ex marino Cosme Demonte fue sentenciado a prisión perpetua, mientras que el represor Jorge Appiani fue condenado a 18 años; José Appelhans, a 14; Hugo Moyano, a 8; Alberto Rivas y Rosa Bidinost, a 6; y Oscar Obaid, a 3 años. La sentencia será recurrida tanto por las querellas como por el Ministerio Público Fiscal ante la Cámara de Apelaciones de Paraná. El juez consideró que los que recibieron las penas más leves, Rivas, Bidinost y Obaid, tenían “cumplidas” sus condenas. Y así ordenó su libertad.
Desde el Ministerio Público informaron que como Appelhans, Appiani, Bidinost, Demonte, Moyano y Rivas están también detenidos y procesados en otra causa, la N° 12.810 "Appiani", consideran que por el momento deberían continuar detenidos.
En el caso de La Pampa, los represores están procesados por más de 300 casos de secuestros y torturas cometidos durante la dictadura en jurisdicción provincial. Pero fueron liberados porque se venció el plazo máximo legal previsto para la prisión preventiva. Bien vale preguntarse qué plazos pueden ser vencidos con 300 casos de secuestros y torturas encima, sobre todo cuando familiares y víctimas esperan hace casi 40 años justicia.
Declaraciones nada creíbles del secretario de Derechos Humanos
Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos de la Nación, solo a través de su cuenta de Twitter trató de brindar tranquilidad afirmando que “los juicios de lesa humanidad deben proseguir”, y aseguró que su gestión tiene “un férreo compromiso en la lucha contra la impunidad”. En ese sentido “lamentó” la liberación de los diez represores.
Además, Avruj, sostuvo que “es nuestra convicción y política de derechos humanos que los juicios de lesa humanidad deben proseguir y quienes sean culpables deben cumplir las condenas”.
Pero recordemos que quien esto declara había sido funcionario en esta misma área en el gobierno porteño, ahogó económicamente al Parque de la Memoria, donde funciona el monumento a las víctimas del terrorismo de Estado en Argentina entre 1976 y 1983.
Este mismo funcionario fue designado en 2013 al frente del Museo del Holocausto. Y el año pasado, el mismo Avruj cerró el Programa de Atención a las Víctimas de Delitos Sexuales, que dependía de su oficina, al tiempo que los trabajadores de la subsecretaría porteña de Derechos Humanos recibieron la noticia de que ninguno de los contratados por el organismo recibirá una actualización salarial.
Son realmente cínicas las declaraciones del actual secretario de Derechos Humanos, no sólo por lo que ocurrió bajo su gestión en la Subsecretaría porteña, también, porque el gobierno derechista del que él es parte designó a funcionarios de la dictadura y a otros que abiertamente defienden el último golpe cívico-militar. El mismo bloque del PRO votó en la Cámara de Diputados contra la creación de la Bicameral para investigar los crímenes de los empresarios que fueron parte imprescindibles del golpe cívico-militar.
Jueces y fiscales, afines a las ideas de Mauricio Macri (quien había declarado que bajo su gobierno pondría fin a “los curros” de los derechos humanos), se orientarán a impedir que avancen los juicios. El designado ministro de Justicia, Germán Garavano, de quien se sabe qué piensa sobre los juicios de lesa humanidad porque integra la organización FORES, que escribió el contrainforme del Nunca Más, donde defiende la actuación de los militares durante la última dictadura cívico-militar.
En estos 20 días de gobierno estas resoluciones dejan en evidencia que la política del gobierno coincide con un sector importante de la Justicia que intentarán avanzar en el camino de la impunidad.
Esta pelea será una de las banderas centrales de la resistencia en las calles para avanzar en condenar a todos los genocidas y empresarios responsables del golpe, muchos de cuyos socios y colaboradores hoy ocupan puestos claves en este gobierno.
A la vez que continuaremos luchando contra los ataques a las libertades democráticas, la represión que ya comenzó y que incrementarán para imponer los terribles planes de ajuste contra los trabajadores y los sectores populares. | 
