Foto: DYN
El escenario de la búsqueda de los prófugos Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillaci se trasladó a la provincia de Santa Fe. También cambió la fuerza a cargo de la cacería, aunque no variaron, por ahora, los resultados.
A media tarde de este jueves, unos 600 efectivos de Gendarmería, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y agentes de la Policía de Santa Fe llevaban adelante la búsqueda. Contaban con el apoyo de tres helicópteros y francotiradores, y patrullaron unos 150 kilómetros de caminos rurales, entre las localidades de Matilde y San Agustín, departamento Las Colonias, a 30 kilómetros al oeste de esta capital provincial.
Este megaoperativo se llevó adelante luego de que durante la mañana del mismo día se produjeran enfrentamientos entre efectivos de Gendarmería y, presuntamente, los tres prófugos. Uno de los episodios tuvo lugar en la ruta provincial 6, a la altura de la localidad santafesina de San Carlos, mientras que el restante se produjo en la ruta nacional 11, cerca de Coronda. Dos gendarmes resultaron heridos de bala.
Los procedimientos que derivaron en estos enfrentamientos fueron ordenados por el juez federal porteño Sergio Torres, quien investiga la supuesta existencia de un apoyo de grupos narcocriminales a los fugados de la cárcel de General Alvear, según informó el fiscal federal Jorge Di Lello.
Durante la madrugada, el juez recibió una denuncia de parte de la Gendarmería que sospechaba que los fugados podrían encontrarse en la provincia litoraleña.
Según algunas versiones, luego del primer enfrentamiento, los supuestos prófugos robaron una camioneta que pertenecía a la Gendarmería. En ese utilitario se trasladaban cuando se produjo el segundo choque.
Los medios nacionales -sobre todo los oficialistas-, transmitieron nuevamente en cadena el operativo y volvieron a hablar de una “captura inminente”. Entrada la noche y al cierre de esta edición de La Izquierda Diario no había ningún resultado, aunque prometían que la búsqueda seguiría durante la noche.
Pasaban las horas y crecían las versiones de que todo el operativo por los campos santafecinos podía terminar convertido en un “Ranchos II”. Es decir, otro aparatoso movimiento del que no pudo comprobarse nada.
Somos cómplices los dos
Ante el fracaso de la nueva “captura inminente”, comenzó el pase de facturas entre la Policía de la provincia de Santa Fe y la Gendarmería. Desde la fuerza provincial se quejaron de que no fueron informados inmediatamente de la operación, lo que hubiese permitido activar un “operativo cerrojo” que evite el escape.
Desde el otro lado sembraron la desconfianza por el simple hecho de que la Policía santafesina tiene evidentes vínculos con el narcotráfico. En octubre del año pasado, el Tribunal Oral Federal de la provincia sentenció a seis años de prisión al ex jefe de la Policía, Hugo Tognoli, en la causa en la que se lo juzgaba por complicidad con los narcos.
La espectacular fuga de los condenados por el triple crimen de General Rodríguez sigue sacando a la luz la descomposición que afecta a las fuerzas de seguridad, tanto nacionales como provinciales. Si lograran cruzar el límite hacia la provincia de Córdoba, hay otra narcopolicía con muchos negocios que defender y dispuesta a “prestar servicios”.
Tres fugados de una cárcel de “máxima seguridad” están desnudando la inmundicia que afecta desde la raíz al núcleo duro del Estado. Los grandes medios transmiten el espectáculo en cadena con la esperanza de que su nuevo gobierno tenga un “triunfo” con la resolución de este caso. Lo que logran hasta ahora es poner en evidencia a los ojos del gran público las complicidades políticas y policiales con los prófugos.
Entre caníbales
La huida de los prófugos del territorio bonaerense no cerró la crisis política del gobierno de María Eugenia Vidal con las fuerzas de seguridad. En la provincia siguen los allanamientos con mucho ruido y pocas nueces.
En lo que de hecho es un reconocimiento de la descomposición del Servicio Penitenciario, las administraciones nacional y provincial firmaron un pacto para que la gobernadora pueda deshacerse de los presos más conflictivos.
Según informó el diario La Nación, los gobiernos nacional y bonaerense “llegaron a un acuerdo para que presos peligrosos detenidos por casos ligados al narcotráfico sean alojados en prisiones federales y no en los penales provinciales donde están detenidos actualmente”. El acuerdo apunta a trasladar a unos 10 presos de penales provinciales a cárceles federales de la Patagonia.
Lo curioso es que el convenio lo sellaron el subsecretario de Asuntos Penitenciarios de la Nación, Juan Bautista Mahiques con… su padre, Carlos Mahiques, ministro de Justicia de la provincia y jefe político del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
La gobernadora que asumió con la promesa de brindar “seguridad” confiesa que no está en condiciones de asegurar que no se pueden escapar diez presos.
El acuerdo no es en sí mismo garantía de que la gobernadora pueda sacarse de encima a los detenidos que podrían causarle nuevos dolores de cabeza. La definición del destino de alojamiento de los procesados y condenados no es materia de los poderes ejecutivos, sino de los jueces de ejecución que están a cargo de cada una de las causas.
A decretazos limpios, Mauricio Macri derrumbó la “promesa republicana”; tres fugados con amplias complicidades y encubrimiento político están derribando otras dos promesas de un saque: la imposible “ilusión securitaria” que pretende resolver los problemas sociales con mayor poder para las policías y la promesa de terminar con el narcotráfico que opera bajo el amparo de estas fuerzas.
La fuga de los hermanos Lanatta y de Víctor Schillaci se convirtió en una clase práctica de la sociedad entre la política burguesa y la gran industria del delito.
Una sociedad que es “todo terreno” y hasta ahora sigue funcionando, tanto en el sur del conurbano como entre los maizales santafecinos. | 
