Las informaciones constan en un documento obtenido de las oficinas del senador Delcídio Amaral (PT/MS), detenido en el ejercicio de su mandato en 2015 y ex-líder del gobierno en el Senado. El papel obtenido es parte de un resumen de las informaciones que Cerveró prestó a la Procuraduría General de la República antes de cerrar su acuerdo de delación premiada. El documento fue obtenido el pasado 25 de noviembre, cuando Delcídio fue detenido bajo la acusación de tramar contra el avance de la Operación Lava-Jato. El senador que continúa detenido en Brasilia, temía las declaraciones de Cerveró.
Carlos Menen
En esos documentos, el exdirector no explica para quién habría ido la supuesta propina o quién habría hecho el pago. Cerveró citó el nombre de “Oscar Vicente”, que estaría ligado al expresidente argentino Carlos Menem (1989-1999). “La venta de Pérez Companc involucró una propina al gobierno de FHC, de US$ 100 millones, conforme informaciones de los directores de la empresa Pérez Companc y de Oscar Vicente, principal operador de Menem y durante los primeros años de nuestra gestión, permaneció como director de Petrobras en Argentina”, relató Cerveró.
“Premio” de US$ 1 millón
En octubre de 2002, Petrobras compró 58,62% de las acciones de Pérez Companc y el 47,7% de la Fundación Pérez Companc. En la época, la Pecom como era conocida la mayor empresa petrolera independiente de América Latina. Petrobras, entonces, bajo el comando del presidente Francisco Gros, pagó US$ 1,027 billón por la empresa Pérez Companc. En el documento, el ex-director citó valores que habrían sido parte de la negociación "Cada director de la Pérez Companc recibió US$ 1 millón como premio por la venta de la empresa y Oscar Vicente, US$ 6 millones. Juntamos a Pérez Companc con Petrobras Argentina y creamos PESA (Petrobras Energía S/A) en Argentina."
Los tucanos también embarrados
Cerveró ya fue condenado en la Operación Lava-Jato. En una de las acciones, el juez federal Sergio Moro, que conduce las investigaciones, le impuso en primera instancia 12 años y 3 meses de prisión. En su primera condena, Cerveró fue condenado a 5 años por el crimen de lavado de dinero en la compra de un departamento de lujo en Ipanema, en Río de Janeiro.
Se sabe que Delcídio Amaral cuenta con una trayectoria política ligada al PSDB antes de migrar al PT en 2002. Delcídio do Amaral es parte de los sectores empresariales y políticos que se apresuraron en adherir al PT y al oficialismo cuando había claras señales de que el PSDB perdería las elecciones en 2002. Numerosos empresarios hicieron esto. Dilma se fue del PDT al PT y el salto de Delcídio fue mayor, del PSDB al PT.
Delcídio, al mediar el gobierno de FHC, asumió un importante cargo en Petrobras. De ahí también sus lazos, que quedaron expuestas en la delación de Cerveró, con políticos y empresarios ligados al PSDB (tucanos). Estas denuncias se suman otras que relacionan el lodo de la corrupción con los tucanos, afectado desde la cúpula de San Pablo hasta la de Minas Gerais, de Alckmin hasta Aécio.
A cada nueva denuncia en medio de las investigaciones en la Operación Lava-Jato queda evidente en qué medida el PT, el PSDB y todos los demás partidos de la burguesía están involucrados hasta el cuello en la podredumbre de la corrupción junto a los empresarios, bancos, grandes multinacionales e incluso involucrando a políticos y empresarios de países vecinos como Argentina.
El PSDB viene utilizando, sin embargo, la estrategia de apoyarse en la justicia burguesa (Tribunal Superior Electoral) para buscar imponer la agenda del impeachment de Dilma, buscando aparecer como un partido “limpio”. Sin embargo, las últimas denuncias involucran al PSDB que hasta hace poco apoyaba la investigación de Lava-Jato para justificar su oposición a Dilma. Lo que se concluye de todo este lodo es que la corrupción es necesaria para que la burguesía pueda garantizar sus intereses, ganancias y al mismo tiempo favorecer los privilegios de los políticos, los mismos que gobiernan para los capitalistas.
La única salida capaz de defender contra todos los partidos involucrados en los esquemas de corrupción, que controlan al Congreso y la Justicia; contra el ajuste y el ataque a las condiciones de vida y los derechos de los trabajadores es la lucha para que los trabajadores y el pueblo pobre sean sujetos políticos para reorganizar al país sobre otras bases. Para esta tarea la lucha por una Asamblea Constituyente impuesta por la movilización popular, independiente de los gobiernos, de la oposición de derecha y el PT, puede ser un paso adelante para cuestionar profundamente los privilegios de estos políticos, sus salarios millonarios y debatir los grandes problemas nacionales. |
