El juez Gastón Mercau negó el pedido de habeas corpus de los abogados y Milagro Sala que continúa detenida. El acampe se mantiene en la Plaza Belgrano, aunque liberaron las calles laterales. El gobernador Morales presentó nuevas denuncias penales contra Sala.
En el día de ayer se dio a conocer la orden del juez Gastón Mercau para desalojar el acampe que mantiene la Tupac Amaru desde hace 35 días ante la negativa del nuevo gobierno de Gerardo Morales a reunirse con los referentes de esta organización social.
Desde ese momento se desarrolla una pulseada entre el gobernador y la dirigente social que reclama ser reconocida como conducción de la organización a la cual pertenece y recibir el mismo trato que otras cooperativas de trabajo que fueron recibidas por el gobierno.
Gerardo Morales pasó de negarse a dialogar con esta organización social con el argumento de que se trata de una “organización criminal” a desconocer a las cooperativas de trabajo enroladas en la Tupac Amaru y hasta retirarles la personería jurídica, y con ello los beneficios sociales que recibían, para finalmente apresar a la dirigente Milagro Sala por el “delito” de protestar.
En la mañana del lunes, el ministro de Seguridad, Ekel Meyer, la ministra de Desarrollo Humano, Ada Galfré, el jefe de Policía, Aldo Sole y el fiscal de Estado, Mariano Miranda, constataron que no había niños en la plaza como denunciaba el gobierno. Al finalizar el recorrido entre las carpas los funcionarios notificaron de la orden de desalojo y fueron interpelados por los dirigentes de las cooperativas y legisladores del Frente Unidos y Organizados (FUyO) que reclamaron ser recibidos por el gobernador. El compromiso de la Tupac fue retirar el acampe de las calles laterales de la Plaza y facilitar el tránsito en sus alrededores.
Junto con esta medida el gobierno presentó denuncias en la Justicia con la cual pretende avanzar en nuevas causas penales contra Milagro Sala. Una de ellas se refiere al manejo de $ 29 millones que recibió la organización en noviembre pasado. Esta decisión de ampliar las denuncias sobre Sala vino tras el exabrupto del gobierno al anunciar a través del fiscal de estado, Mariano Miranda, que la detención de Sala duraría hasta que se leva ante el acampe. De esta manera, ampliando las denuncias, pretenden encubrir que se trata de una detención ilegal por reclamar a través de un acampe en una plaza pública, una metodología que denunció el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
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En horas de la tarde el gobernador Morales anunció que le otorgaría a los cooperativistas reconocidos por su gestión la atención médica a través del Instituto del Seguro de la Provincia. Una medida con la que busca, por un lado, aislar a la Tupac del resto de las cooperativas, y por otro, continuar con las medidas para debilitar a esta organización reemplazando el control de la Tupac, que tiene un sistema de salud propio para sus afiliados, por el control directo del Estado.
Finalmente, luego de la multitudinaria movilización en Plaza de Mayo por la libertad a Milagro Sala y en otras ciudades, el juez Mercau anunció el rechazo al habeas corpus que presentaron sus abogados y los fundamentos del falló los daría a conocer recién en el día de hoy. Sala sigue detenida y se espera la visita de parlamentarios del Parlasur, diputados nacionales, legisladores y personalidades de los DDHH que reclaman su libertad en el día de hoy.
Un nuevo round en la pulseada
En la puja entre el gobernador Gerardo Morales y la dirigente social y diputada del Parlasur, Milagro Sala, la cuestión de fondo es el control de los fondos millonarios de la asistencia social que llegan a la provincia de Jujuy que tiene carencias estructurales irresueltas como la falta de trabajo genuino, la precarización del empleo -6 de cada 10 trabajadores son precarios-, la falta de vivienda, los bajos salarios, etc.
Por el lado del gobierno, su promesa de campaña fue terminar con los aparatos clientelares y en especial con la Tupac que es la organización más poderosa con más de 60 mil afiliados y que con su partido político y legisladores provinciales actúa hoy como oposición al gobierno.
Morales va contra Sala y la Tupac con el objetivo de tener el control de la asistencia social a través de sus propios punteros como ya hacía en barrios de la capital donde el intendente radical “Chuli” Jorge gobierna desde hace más de 8 años. En ningún momento de la campaña (ni después) Morales propuso el pase a planta permanente de todos los estatales precarizados y de los cooperativista que prestan servicios a los municipios, ni mucho menos un plan de obras públicas a la altura de dar respuesta al déficit habitacional, ni a los problemas estructurales de los barrios populares, que generaría los miles de puestos de trabajo que se necesitan para terminar con la desocupación y el empleo precario.
Por el contrario, el ataque a la Tupac va de la mano de multiplicar el funcionamiento de cooperativas para hacer obra pública con mano de obra barata y flexible como viene siendo en todos estos años, y de legitimar la criminalización de las organizaciones sociales y los métodos de lucha del pueblo trabajador.
Mientras Milagro Sala disputa preservar el manejo de los fondos del Estado y su propia organización política y social que pretende ser intervenida en los hechos por el gobierno que la desconoce como a su dirigente y decide con qué sectores de cooperativistas hablar y con cuáles no. La detención es un salto en esta política para ir contra la organización social y por elevación contra el resto de las organizaciones sociales, políticas y sindicales ya que utiliza todo el aparato del Estado (jueces, legisladores, ministros y fuerzas represivas) y los medios de comunicación que la demonizan para avanzar sobre esta organización y derechos democráticos elementales como el derecho a la protesta y manifestación en una plaza pública.
La decisión de detener a Sala abre una nueva etapa en esta disputa ya que avanza sobre el derecho a la manifestación y sienta un terrible precedente para profundizar la criminalización de la protesta iniciada por el kirchnerismo. Si bien el gobernador tiene un amplio apoyo popular (ver encuesta realizada antes de la detención) en su pelea con Sala, la detención nacionalizó el conflicto al tratarse de una medida escandalosa contra los derechos humanos y abrió un impasse en la pelea. Esto se vio en el día de ayer cuando Morales no pudo desalojar el acampe y tuvo que ampliar las denuncias para justificar la detención ilegal.
Nuestro único compromiso es con los trabajadores
A partir de la detención de Sala comenzaron a manifestarse organizaciones y referentes de un amplio arco político, desde el FpV (que en su mayoría estaban en silencio) hasta referentes de DDHH y sindicales que fueron parte de la movilización a Plaza de Mayo en el día de ayer.
Los dirigentes del PTS y el Frente de Izquierda participaron de la movilización a Plaza de Mayo porque como manifestó la diputada nacional Myriam Bregman “lo de Milagro Sala es un mensaje al conjunto del pueblo trabajador. La detienen de una forma extorsiva e ilegal para que ella levante una protesta que se está dando en las calles. Vinimos a decir no a la criminalización de la protesta social, por la derogación de la Ley Antiterrorista y por la desmantelamiento de todos los aparatos de espionaje contra el pueblo trabajador”.
Por su parte, Alejandro Vilca, referente del Frente de Izquierda en Jujuy señaló, “desde el inicio del conflicto sostuvimos una posición independiente de ambos sectores en disputa, aunque siempre nos ubicamos del lado de los trabajadores precarizados de las organizaciones sociales contra los ataques del gobierno. No estamos con Milagro Sala con quien tenemos profundas diferencias políticas y metodológicas en cómo organiza la asistencia social. No obstante, nosotros defendemos el derecho al reclamo de las organizaciones sociales porque sean reconocidos sus dirigentes y rechazamos el intento del gobierno por definir a quienes reconoce y a quiénes no, porque si no se trata de una intervención por parte del gobierno y el Estado de las organizaciones para que las mismas respondan a ellos. Pero también defendemos el derecho a la protesta y rechazamos todo tipo de intento de criminalizarla porque este caso se detiene a Sala por acampar”.
Y concluyó, “Si lo hacen con ella que además es diputada por el Parlasur, qué nos queda a los municipales, a los docentes, a los trabajadores de los ingenios y minas, si queremos ir a reclamar por salarios ahora en las paritarias que se vienen o por el pase a planta permanente y el trabajo genuino. Es tremenda la detención de Sala porque significa que si protestas te pueden meter preso para obligarte a levantar las medidas de lucha, algo que el pueblo trabajador de Jujuy sabe bien que ha sido la única herramienta para hacer valer y conquistar nuestros reclamos. Hoy está en juego preservar los derechos democráticos de los trabajadores y sus organizaciones que conquistamos con años de lucha, no podemos permitir que nos pasen por arriba.”
