Durante los últimos años se viene mencionando la “agenda de derechos”, que son avances legales progresivos en cuanto a derechos civiles, como son el matrimonio igualitario, ley de salud sexual y reproductiva, ley de regulación de venta y consumo de marihuana. Estas concesiones que hace el partido de gobierno son producto de años de lucha del movimiento de mujeres, del LGTB, y de los movimientos pro-cannabis. Lo más destacado de los últimos meses ha sido los casos de “feminicidio”, expresión de una sociedad machista, y todas las medidas que se han tomado no resuelven el problema de manera estructural.
En cuanto a los crímenes de la dictadura los avances son prácticamente nulos, y en algunos casos retrocesos. Es que el tema central de los derechos humanos está marcado por la impunidad con que salieron los militares y todo el aparato de seguridad del estado de la última dictadura, estando pendiente el juicio y el castigo a estos represores, con muy pocos casos de procesados y en cárceles vip (incluso varios de ellos concediéndoles prisión domiciliaria como recientemente Gavazzo), y aún sin tener datos de la amplia mayoría de los desaparecidos. Parece aportar más los actuales juicios en Roma sobre el Plan Cóndor que los avances locales.
Esto es acompañado con una campaña de reconciliación, que incluye a las principales personalidades del FA como Mujica (visitando a represores en el hospital) y Vázquez (con el intento del día del “nunca más uruguayos contra uruguayos”), con el aparato represivo del estado.
No podemos desconocer el reforzamiento del aparato represivo en los presupuestos, que se expresa en mejoras salariales, de armamento y tecnología, y que fue apoyado en línea por todo el bloque de la derecha. Crecientemente puestos en prácticas con varios casos de represión a militantes sociales y políticos, así como la juventud en los barrios pobres. Política que destaca toda una línea en dirección hacia un modelo de más control social y represión. Además de los precedentes mega-operativos sobre barrios pobres, política que se ha impuesto como rutina sin mucho cuestionamiento general, desde que el FA es gobierno, es notorio el avance en los últimos años y sobre todo en 2015 en la criminalización de la protesta y la represión directa, teniendo como caso paradigmático la represión en el Codicen. Que mostró un gran despliegue, no solo en la represión misma, sino en las operaciones de persecución, apresamiento y procesamiento de militantes (en coordinación con el poder judicial) que participaron en dicha protesta, así como tecnológico y mediático.
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