El decreto que estableció la Emergencia en Seguridad y habilita el funcionamiento de la llamada ley de derribo se conoció a inicios de la semana pasada. Mientras despertaba la simpatía de los sectores de derecha ligados al Frente Renovador de Sergio Massa e incluso sectores del mismo peronismo, generaba un amplio rechazo desde el progresismo y la izquierda.
Desde este último sector, inmediatamente después de conocerse el decreto, la diputada nacional del PTS y el Frente de Izquierda Myriam Bregman, escribió en su cuenta de Twitter que Macri estaba estableciendo la pena de muerte sin juicio previo por medio de un decreto.
Desde ese espacio también se señaló que la medida le otorga más poder a las mismas fuerzas represivas que, en muchos casos, se hallan asociados al narcotráfico, la trata de personas y otros delitos que la normativa decretada por el gobierno dice querer combatir.
Además, señaló Bregman, parte de la nueva reglamentación se apoya en la Ley Antiterrorista, sancionada bajo los gobiernos kirchneristas. Es ley dejó sentado un precedente que hoy está siendo aprovechado por el macrismo. Precisamente por este último motivo, la izquierda se movilizó el viernes pasado exigiendo la anulación de esa ley, al mismo tiempo que denunciaba la criminalización de la protesta social y pedía por la liberación de Milagro Sala.
Rechazos desde el arco progresista
También por estos días se conoció un rechazo de diversas organizaciones, entre las cuales destacan el Acuerdo de Seguridad Democrática y el grupo Convergencia. Las firmas de Horacio Verbitsky, Beatriz Sarlo y Adolfo Pérez Esquivel entre otros, acompañan la declaración que puede leerse en este sitio.
Se trata de una manifestación política de personalidades reconocidas contra la peligrosa línea de militarizar la seguridad como exige EEUU. Lógica que busca imponer la derecha que está en el gobierno.
La denuncia acierta al afirmar que “el decreto expresa un enfoque que considera que el narcotráfico es “la principal amenaza a la seguridad de los argentinos” y lo transforma en la explicación de los problemas relacionados con el delito y la violencia. Así se intenta justificar que para detener el ingreso de drogas declaradas ilegales al territorio nacional es necesario un estado de emergencia que habilita medidas excepcionales”.
Asimismo agrega que “las FF.AA. no se limitarían ahora a controlar el espacio aéreo sino que también tendrán la potestad de derribar aviones que no se identifiquen, sin necesidad de consultar a las autoridades políticas para hacerlo. Esta medida es inconstitucional desde el momento en que constituye una pena de muerte sumaria encubierta”.
Sin embargo, a pesar de esta correcta denuncia, plantea una salida que ya se ha demostrado impotente a la luz de la experiencia de los últimos años. El documento señala que “la emergencia no reconoce las principales deficiencias del sistema de seguridad como la falta de profesionalización y de reforma de las fuerzas policiales para que dejen de ser un engranaje fundamental de los mercados ilegales ni la degradación de los sistemas penitenciarios y las deplorables condiciones de detención”.
La experiencia reciente ha demostrado que los intentos de “profesionalizar” a las fuerzas represivas, mediante por ejemplo una formación ligada a los derechos humanos se intentaron sin resultado alguno. Los mismos policías que recibían esa instrucción aparecieron ligados a casos de gatillo fácil en más de una ocasión.
El vínculo con los mercados ilegales señalado en el documento nace del monopolio del poder de fuego que ostentan esas fuerzas. Ese rol y los recursos que lo acompañan les permiten convertirse en garantes de todo tipo de negocios ilegales y participar en los mismos. Las múltiples denuncias que ligan a uniformados con narcotráfico, trata de personas, desarmaderos u otro tipo de delitos, dan cuenta de ese vínculo. Mostrando lo irreformable de estas instituciones, las diversas purgas que se llevaron a cabo en las últimas décadas -por ejemplo en la Policía Bonaerense se realizaron más de 30 desde 1983- no cambiaron este carácter de organización mafiosa. La triple fuga por el Triple Crimen, hace poco más de un mes, lo puso más que en evidencia.
El documento finaliza señalando que “la obligación del Estado de dar seguridad a los ciudadanos debe realizarse en el marco de principios democráticos, a partir de acuerdos políticos y sociales amplios que eviten medidas demagógicas e ineficaces”.
Sin embargo, esa definición hace caso omiso de la función esencial de las fuerzas represivas al interior de la sociedad. Se trata del sostenimiento de un orden, estructurado de manera clasista, basado en la primacía de los intereses del gran capital.
Esa función social esencial se pone de manifiesto ante cada recrudecimiento de la protesta social. Los ejemplos recientes de Cresta Roja y los municipales de La Plata lo evidencian en el nuevo gobierno. Asimismo, durante el gobierno kirchnerista, a pesar del discurso sobre la “no represión a la protesta social”, muchas fueron las ocasiones en que las fuerzas represivas actuaron contra las protestas obreras y populares. Lo ocurrido en las luchas de Lear, la Línea 60, el Parque Indoamericano o las represiones provinciales hacia las protestas contra la megaminería son solo algunos ejemplos. Es evidente que toda política de reforma de las fuerzas represivas se choca con ese límite insalvable que implica su rol esencial en la defensa del orden capitalista.
Junto a la represión abierta, los últimos años han mostrado la labor de espionaje y provocación que realizan esas mismas fuerzas contra las organizaciones obreras y populares. Las denuncias realizadas desde la izquierda y organismos de DDHH como el CeProDH contra el Proyecto X –presentada por Myriam Bregman entre otros- o la denuncia de infiltraciones en las manifestaciones, pusieron en evidencia el rol esencialmente antipopular de esas fuerzas. | 
