Su intención no es atacar a las mafias, barrabravas y policías a cargo del negocio, sino seguir beneficiando a empresas que cobran cánones irrisorios y cuyo fin es exclusivamente recaudatorio, en lugar de ordenar el tránsito, desalentar el uso del automóvil y mejorar en cantidad y calidad el transporte público.
La situación de las personas que se ven obligadas a cuidar coches en la informalidad para sobrevivir es una problemática de la que hace años se aprovechan para hacer negocios mafias diversas, barrabravas y policías. Sin embargo, el ataque y la estigmatización del PRO contra el eslabón más vulnerable de esta cadena no tienen que ver con un mejor ordenamiento del tránsito, sino con su intento de avanzar aún más en la privatización del espacio público. Es sabido ya que los negocios han sido en estos últimos 8 años el motor de la iniciativa del PRO y esta no es la excepción. Su preocupación no se centra en una ciudad más sustentable desalentando el uso del automóvil, promoviendo un transporte público de calidad, sino en imponer en la Ciudad el estacionamiento tarifado.
Es conocida la bondad que tuvo Macri en sus 8 años para con las empresas que hoy están a cargo del servicio de acarreo, BRD-SEC y Dakota-STO, que cuentan con los contratos vencidos desde 2001, pero que cada vez levantan más autos. Hoy, se acarrean casi 13.000 vehículos por mes, un 44% más que en 2013, los que les significa casi $10.000 por hora entre las dos empresas a $550 cada acarreo. Esto equivale a un auto cada menos de 4 minutos.
Además, hay que sumarle los $4 que cobran por hora en cada uno de puestos de estacionamiento medido que hay en la Ciudad. Por todos estos servicios, las empresas pagan un canon de apenas $30.000 mensuales. Es evidente que estas licitaciones con un pago fijo por mes están hechas a medida para que las empresas salgan de “cacería” y hagan caja, más que para ordenar el flujo de tránsito. De hecho, ya han demostrado su fracaso absoluto porque los acarreos siguen aumentando, lo que deja al descubierto que su único fin es recaudar y recaudar.
Después de sus primeras iniciativas que pretendían cobrar por estacionar en 70% de la Ciudad, en 2013 con el voto de los diputados del Frente para la Victoria, el PRO logró aprobar un nuevo proyecto que acabó tarifando casi la mitad de la Ciudad, la ley 4888, sancionada en 2013. La misma divide la Ciudad en 5 zonas y establece 3 tipos de tarifas que abarcan 45% de los más de 24.000 espacios para estacionar de la Ciudad. Sólo en dos de estas zonas los residentes no pagarán, mientras que en la restante deberán abonar 50% de la tarifa, avanzando en una privatización sin precedentes del espacio público. De esta forma, serán cada vez más barrios los que verán a las grúas de las concesiones que salen de “cacería” para aumentar la recaudación de sus empresas.
Es tal el nivel de negocios previstos que hoy la licitación se encuentra trabada judicialmente por una presentación una licitación conexa, que se hizo para determinar el tipo de tickeadoras que se usarán y con qué software. Ese servicio ya fue adjudicado a la empresa española Parkare Group, pero la multinacional Parkeon con la que competía ha presentado un amparo, que aún no se ha resuelto.
Qué hay detrás de los “cuidacoches”
En lo que intenta englobarse despectivamente bajo el tema de los “trapitos” aparecen en verdad distintos problemas que es necesario diferenciar. Hay un gran sector de personas que necesitan de esa actividad para vivir, expresión de la falta de empleo y la informalidad laboral que existe hoy en la Argentina. Por otro lado, hay otro sector ligado a las barras bravas y a la policía, quienes utilizan esa actividad como una caja para financiar desde grandes negociados hasta la política, algo se comprueba cuando hay actividad en los recitales o partidos en las canchas de fútbol, donde todo el mundo sabe que esas actividades son manejadas por esta connivencia.
De hecho, hubo un proyecto para regular este tema en la Ciudad que fue aprobado por la Legislatura y vetado por Macri en 2011. La creación de un registro a cargo del Estado para que esas personas puedan inscribirse y trabajar en lugares determinados a cambio de colaboraciones voluntarias de los dueños de los vehículos sería una alternativa a los negociados que se dan hoy en día.
De hecho, experiencias similares han tenido lugar en Uruguay y Chile. Es evidente de todas formas que esto no puede considerarse una solución de fondo, pero la salida represiva del PRO es lo que hoy fomenta los negocios de las mafias policiales y las barrabravas. Nadie puede ser tan inocente para pensar que todos los trapitos que cobran en los alrededores de la Bombonera los días de partido no cuentan con el aval, antes de Macri y ahora de Angelici, la barrabrava de Boca y la Policía Federal. Lo que salta a la luz es que lo que molesta al PRO no son las mafias, sino no poder hacer sus propios negocios.
La estigmatización y la represión de los “trapitos” tiene el objetivo de mezclar estas situaciones que son muy distintas y busca hacer una amalgama para no abocarse a los problemas de fondo: la falta de empleo y a la regularización que tiene que haber de esas actividades para quienes la realizan para llevar algo de plata a sus casas a fin del día.
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