Dilma comenzó su discurso aclarando que trataría un asunto importante, que no era ni política ni economía. Siguió pidiendo la unidad nacional contra el mosquito transmisor del Zika virus, que hay que recordar, es también el transmisor del dengue.
El problema es que se trata sí de un problema de política y economía. En medio de la más grave epidemia, vemos que los hospitales y salas de salud, ya precarios, entran en colapso por la falta de presupuesto. Estados y municipios sufriendo cada vez más con la falta de partidas, realizando junto con el gobierno federal recortes presupuestarios en salud y educación, perjudicando la atención directa a la población y las investigaciones universitarias. ¿Cómo que no se trata también de un problema de política y economía?
Después de más de una década sin realizar las inversiones necesarias en campañas y acciones preventivas, el gobierno va a poner en marcha como salida de emergencia un enorme contingente militar, que tendrá el poder incluso de “visitar” residencias. Sería más productivo contratar a centenares de miles de agentes de salud, que después de contener la actual epidemia podrían seguir actuando, con miras a la erradicación del mosquito transmisor del Zika y del dengue.
Esta perspectiva puede parecer imposible, pero no lo es. El Aedes aegypti había sido prácticamente erradicado de Brasil en la primera mitad del siglo XX (por lo menos en las zonas urbanas) y solo volvió a ser una plaga a mediados de la década del ’70. Un verdadero retroceso civilizatorio proporcionado por el capitalismo brasilero, que se desarrolló con el crecimiento desordenado de las grandes ciudades conducido por la dictadura militar.
Pero los objetivos del gobierno de Dilma son otros, más inmediatos. Semejante movilización de tropas busca, sobre todo, garantizar buenas condiciones para la realización de las olimpíadas en Brasil e impedir que el virus Zika perjudique el flujo de turistas. Las mismas tropas que ahora se van a legitimar en este combate pueden ser convocadas nuevamente para actuar de aquí a algunos meses, en caso de que ocurran protestas que pongan en riesgo la realización de los Juegos Olímpicos en Río. | 
