En distintos medios se anuncia como un hecho histórico que por primera vez en la historia de Guatemala se lleva ante los tribunales el caso de violencia, explotación laboral y sexual en la comunidad de Sepur Zarco, la cual en aquellos años de conflicto armado fue convertida en un destacamento militar.
Los hechos, brutales, terribles, se han conocido y documentado a lo largo de la historia reciente. Son la justicia de los tribunales y del sistema político quienes tiene una gran deuda con el pueblo guatemalteco. Justicia después de más tres décadas no es justicia.
Por si fuera poco, la apertura del juicio es acompañada por una infame noticia; el general de división y exjefe de Estado entre 1983 y 1986, Oscar Humberto Mejía Víctores, fallecía en la comodidad de su residencia vigilada por la Policía Nacional Civil. Fue señalado por captura y desaparición forzada de más de 600 líderes sociales, ejecuciones extraoficiales, por mencionar algunos de sus crímenes, siempre a la sombra de la impunidad, ya que como titular de la Defensa Nacional mantuvo bajo su mando los tribunales de fuero especial.
A 33 años del horror, el caso inicia ante el tribunal de Mayor Riesgo A, a cargo de Patricia Bustamente, Gerbi Sical y de la juez Yasmín Barrios, quien en mayo de 2013 condenara a 80 años de prisión al dictador Efraín Ríos Montt, pero que tiempo después recibiera la anulación por el Tribunal Constitucional, alegando demencia senil.
Los acusados de haber dirigido los abusos son el coronel Esteelmer Francisco Reyes Girón y el excomisionado militar Heriberto Valdez Asij, quienes aún permanecen en prisión preventiva. Hasta el momento Reyes Girón se ha rehusado a declarar y ha mencionado que no acepta a ninguna de las tres jueces. Ante el tribunal que lleva su proceso dijo: “No voy a responder nada a usted, ni mi nombre le voy a dar” le contestó a la juez Barrios y agregó: “Llevo las de perder si usted y la jueza que está a su lado siguen en este caso”.
Hablan las mujeres invisibles
Durante los años ochenta, la política del régimen guatemalteco contra la guerrilla combinó tanto la represión selectiva como la represión masiva a comunidades indígenas, acompañada por tomas y despojo de tierras a campesinos, masacres y desplazamientos, que sin duda han marcado profundamente la historia de otros países latinoamericanos.
El caso Sepur Zarco, situado en el municipio de El Estor, es un cruel ejemplo de los crímenes cometidos durante ese periodo, en donde la violencia y esclavitud sexual se mantuvieron como política para disciplinar, controlar y silenciar a las mujeres sometidas bajo el poder militar.
Los testimonios de las 11 mujeres querellantes han señalado la esclavitud laboral y sexual a las que fueron sometidas, relatando haber sido obligadas a cumplir con jornadas de trabajo, lavando ropa, cocinando o como servidumbre, pero donde también han presentado pruebas para demostrar que las agresiones sexuales de sus testimonios fueron cometidas por militares, presentando peritajes forenses, históricos, culturales y políticos.
Los testimonios que entre sollozos relatan las mujeres en el tribunal, dan cuenta del horror que vivieron cientos de mujeres -incluyendo a niñas-, en donde el cuerpo de la mujer se convierte en un objeto de disciplinamiento y dominación.
En una nota del periódico La Jornada, Ada Valenzuela, feminista y comunicadora relata lo siguiente: “Presentan dolores de vientre, de cabeza, en los oídos. Están padeciendo muchas enfermedades por los golpes que sufrieron. Eran golpeadas para violarlas, con armas o palos… son historias muy duras. Las agarraban unos y las violaban otros. Son situaciones muy desgarradoras. Si la gente las escuchara no podrían dudar de lo que dicen”.
Doña Petrona concluye su testimonio diciendo: “Fui violada muchas veces, una de mis hijas también... ¿qué es lo que va a decir la ley con esto que nos sucedió? Se va a quedar así o va haber justicia, sobre todo por este daño que nos han hecho, por eso estoy aquí”.
La mayoría de estas mujeres rebasa la edad de los 70 años. A lo largo del proceso han enfrentado una fuerte discriminación social en sus comunidades y se le añade la carga de vivir buscando a sus hijos o esposos desaparecidos por el ejército o grupos paramilitares.
A una semana de haber iniciado el juicio, distintos sectores entre estudiantes universitarios, personalidades de derechos humanos, artistas, etc., han acompañado las sesiones en el tribunal a la espera de que se dicte sentencia a los militares en mayo próximo. La denuncia debe masificarse hoy más que nunca, no sólo para hacer que efectivamente llegue la sentencia a los actuales imputados, sino para que el principal genocida, el dictador Efraín Ríos Montt, pague por sus crímenes.
La actual crisis que pone sobre la cuerda floja al recién estrenado gobierno de Jimmy Morales y de su partido FCN-Nación, debe ser abrazada por todo aquel sector que reivindique las demandas democráticas más sentidas para la población de Guatemala, y que actualmente relega a las mujeres indígenas a padecer la violencia y las alarmantes cifras de feminicidio año tras año. Hoy como hace 33 años, “su verdad es nuestra verdad”. |