La medida tomada por el gobierno provincial se llevó a cabo después de que los nuevos funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social se “enteraran sorpresivamente” de que unas 4.000 personas beneficiarias del PIS trabajaban en diferentes reparticiones públicas del Estado provincial. Ante esto y con la excusa de que no se puede sostener financieramente semejante situación, se decidió que el 50% de los trabajadores conservara sus convenios de trabajo y que el resto sea dado de baja. Si bien los 2.000 afectados van a seguir cobrando sólo los $1.900 del Plan, aquellos que por convenio cobraban unos $4.500 extra, como por ejemplo los que trabajaban en el Ente de Control de Rutas, con esta medida perderán el 70% de sus ingresos.
El Gobierno de los Rodríguez Saá, en sintonía con sus pares provinciales y con el gobierno nacional, está echando mano en los derechos y beneficios de los trabajadores para hacer frente a la emergencia económica y financiera que está atravesando la provincia que supuestamente es la “mejor administrada del país”.
La situación es alarmante si se tiene en cuenta que los 2.000 trabajadores del PIS afectados y sus familias tendrán que hacerle frente a la devaluación del 40% ejecutada por Macri desde la presidencia, a la inflación que sólo en Enero y Febrero fue del 7%, a los tarifazos en la energía eléctrica y a la limitación de los precios cuidados con sólo $1.900.
Por esto, los afectados han decidido salir a luchar contra las medidas del gobierno y están llevando adelante medidas de fuerza, exigiendo no sólo la inmediata reincorporación a sus puestos de trabajo sino también el derecho a un trabajo digno. En la última concentración que realizaron el pasado viernes 5 por la tarde, La Izquierda Diario pudo conversar con Guillermo, trabajador en lucha del plan. Sobre la situación que está atravesando junto a sus compañeros, dijo: “la medida tomada por el nuevo gobierno provincial es un castigo a los trabajadores del Plan de Inclusión por haberle ganado un juicio en el que el Superior Tribunal de Justicia de San Luis falló a favor de nosotros y le ordenó al Estado provincial a blanquear nuestros puestos de trabajo. Si bien hay mucho miedo entre los trabajadores del plan, nosotros vamos a luchar hasta el final y no vamos a bajar los brazos. Por eso, este miércoles 10 de febrero, vamos a manifestarnos en las puertas de las oficinas del Plan de Inclusión Social que quedan en la ex Colonia Hogar”.
Pensar que durante el primer debate de precandidatos a Presidente de La Nación, Adolfo Rodríguez Saá contestaba la pregunta de Nicolás Del Caño sobre la situación laboral de los trabajadores estatales provinciales de la siguiente manera: “en la Provincia de San Luis, los empleados públicos tienen estabilidad laboral”. Rara afirmación, si tenemos en cuenta la situación actual de los trabajadores del Plan de Inclusión Social que desde el año 2003 sufren la precarización laboral en carne propia sin derecho a un trabajo estable, sin aportes jubilatorios, sin obra social para sus familias y con sueldos que lejos están de cubrir las necesidades más básicas.
Sin ir más lejos, Alberto Rodríguez Saá se jacta todo el tiempo al decir que “la puntanidad” es lo que caracteriza a quienes viven en suelo sanluiseño, es decir, aquello que es autóctono de la tierra de la punta de los venados. Siguiendo esta lógica, con el conflicto que se vive en el Plan de Inclusión Social y con la realidad laboral de los demás sectores estatales y del sector privado, se puede afirmar con toda seguridad que los bajos salarios y la precariedad laboral son la “puntanidad” para la clase trabajadora de San Luis. Es lo que los caracteriza a nivel país.
Como bien plantea la Carta Abierta de Nicolás Del Caño y Myriam Bregman, cada batalla contra los ataques a los derechos de los trabajadores y los despidos debe ser encarada como las primeras trincheras de la resistencia. Por eso, es necesario instar a los trabajadores a enfrentar tales ataques y a defender el poder adquisitivo del salario. El 24 de febrero ATE llama a un paro nacional. Que sea el inicio de un plan de lucha y que todos los sindicatos y las CGTs y CTAs convoquen a un paro nacional activo contra los ataques a la clase trabajadora, los despidos y la precarización laboral. Los trabajadores no tienen por qué perder sus derechos sin resistir ni luchar. |
