Es anecdótica la frase del actual ministro de economía en el aspecto sobre estamos yendo por fin hacia “un país normal”. La primera pregunta que me hago es qué es un país normal.
Dice de esta palabra el diccionario (uno de sus significados): “Dicho de una cosa que por su naturaleza, forma o magnitud, se ajusta a ciertas normas fijadas de antemano.” Es decir que sería un país normal porque se ajusta a las reglas y normas que Prat Gay previamente cree. Pero, ¿cuáles son esas reglas? ¿Con quién o qué se compara? Si por un lado vemos la historia de la energía y de los combustibles en Argentina parece que ha habido varias creencias o ideas de la “normalidad”.
Empezamos con un ideario nacional hidrocarburífero con Mosconi, más empresas de generación, transmisión y distribución propiedad del Estado. Pasamos a un modelo liberal en los ‘90 que privatizó casi todo lo que pudo (no todo, pero la mayoría de sus activos). Hubo además un punto de inflexión con la Constitución del 1994 en donde los activos del subsuelo pasaron a ser de las provincias. Volvimos a un modelo “K” de querer que el Estado participe algo más con la vuelta a “estatizar” YPF (recuperación de la mayoría del paquete accionario en 2012) y generadoras nuevas nacionales (centrales térmicas en general) algunas dadas a gestionar con fideicomisos. En este último tramo aún la Secretaría de Energía podía bloquear intentos de provincias de usar indiscriminadamente sus recursos (por ejemplo de Neuquén, que quería vender GLP a través de Chile cuando hacía falta en el país). Ahora con “Cambiemos” el Estado se vuelve a retirar (ahora totalmente) dejando el sistema eléctrico librado a los vaivenes del mercado, anulando subsidios y dando un tarifazo a la boleta de luz y pronto a la de gas.
¿A qué normalidad entonces se refiere Prat Gay? Porque si es a la histórica tenemos varias opciones. Pero si no vemos nuestra historia y analizamos otras “normalidades” en el mundo, tenemos un modelo como el de Venezuela y Bolivia cuyos activos son nacionales, o aun Noruega en que tratan de volcar la renta de sus hidrocarburos a una mejor condición de vida de sus habitantes. Para otros (Rusia, Arabia Saudita, Kuwait, países del OPEP, etc.) es solo un negocio con una renta millonaria. Estados Unidos por primera vez en su historia se ha vuelto un país exportador de petróleo gracias a sus grandes reservas de hidrocarburos no convencionales.
Qué es lo normal para Prat Gay
Veamos lo hecho hasta ahora en economía: hizo una quita a las retenciones por las exportaciones del agro, con lo cual el Estado deja de recaudar U$S 3000 a U$S 4000 millones, pidió créditos por U$S 5.000 a U$S 6.000 millones de dólares a cinco bancos extranjeros por lo tanto nuestra deuda eterna y externa se volverá a incrementar, liberó el tipo de cambio, pero le falta capital para asegurar la estabilidad cambiaria y las reservas del Banco Central, y ¿de dónde sacará ahora el dinero faltante? Es simple, eliminó los subsidios, primero los de energía eléctrica, pronto los del gas y después serán los transportes. El Estado se retira en todos estos caso y la boleta del servicio de energía (luz) vendrá pronto modificada y más cara. Toda esta diferencia a fin de este mes la pagará cada ciudadano, trabajador, empleado. Y lo hará perdiendo poder de compra de su salario, es decir que ganará menos, y esto sin tener en cuenta la inflación y devaluación. Por lo tanto lo que queda claro es una enorme transferencia de activos (dinero) de los sectores mayoritarios de la población para reemplazar lo que recaudaba por un sector minoritario y especulador de los exportadores. Con esto se vuelve a agrandar la brecha entre los más ricos y los más pobres. La denominada “brecha” no es un invento de Jorge Lanata, ni de Clarín o La Nación. La denominada “brecha” es la lucha de clases, la diferencia entre los que tienen demasiado mucho acumulado (ricos) y los que tienen demasiado poco o nada (pobres y cada vez más en número).
Lo que debería estar en discusión es qué significan para el Estado los activos energéticos, sea energía eléctrica o hidrocarburos (petróleo y gas). Esto lamentablemente tiene los vaivenes de cada gobierno, aunque debería ser un derecho inalienable el tener acceso a servicios, sea energía, agua y telecomunicaciones.
En los tiempos modernos de hiperconectividad y globalización, donde nos enteramos casi instantáneamente qué está pasando en Medio Oriente o aun en al Amazonas, el derecho a la comunicación se agrega a los derechos de servicios tradicionales. Es por lo tanto falaz el comentario de: “no sé por qué se quejan por los aumentos de energía si pagan más por internet y celular”. Y es que internet y banda ancha tendría que ser gratis y con libre acceso para todos. Además, con los servicios de telefonía mal o bien y aún dentro del oligopolio que son (hay contados proveedores, pero hay más de uno) se puede cambiar de proveedor a uno más barato o inclusive a otro plan. Con la energía no hay opciones: o es ese proveedor (EDENOR o EDESUR en CABA o el AMBA) o es la oscuridad. Es decir es un monopolio, no tenemos opciones de otros proveedores.
Y estos activos energéticos deberían ser considerados como un bien social y estratégico, un patrimonio del Estado, no son “commodities”. Por lo tanto deberían ser cuidados y preservados para ser utilizados por el pueblo de la Nación. Con este nuevo gobierno de Cambiemos tendremos el derecho a la energía si lo podemos pagar, entonces no será un derecho, será una necesidad que deberemos pagar al precio que fije el mercado. Lo preocupante es que ni siquiera de esta forma hay garantía que el servicio mejore en el aspecto de la calidad (cortes de energía periódicos que hay en el verano o inclusive el invierno, también baja de tensión) porque el Estado no fijó pautas de control ni de vigilancia. Porque recordemos que la justificación de este tarifazo es que los proveedores de servicios no cobran lo suficiente para hacer obras de ampliación. Sin embargo –la ausencia de control- está en sintonía con el Decreto 272 (enero 2016) que firmó el actual presidente donde intervino el esquema hasta ahora presente de inversiones petroleras disolviendo la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, creada por el Reglamento del Régimen de Soberanía Hidrocarburífera en 2012, y que otorgaba potestad al Estado nacional para exigir que los planes privados de inversión estén en línea con las directrices nacionales. Es decir el Estado Nacional dejará de controlar estos planes.
En resumen, tenemos una brutal transferencia de activos (dinero) desde los sectores populares a empresas y/o grupos económicos sin ninguna garantía que mejorarán el servicio y sin control del Estado para que cumplan con sus planes de inversión para una mejor calidad del servicio de provisión de energía y/o realicen una explotación de hidrocarburos de acuerdo a los intereses del Estado. Esto último porque en realidad el Estado no tiene un plan energético, el plan lo impondrá el mercado. Concluimos entonces que esto último es el país “normal” para Prat Gay.
Notas:
En una entrevista expresó el actual presidente de Bolivia: “Después de diez años seguimos bajando los costos de tarifas de energía eléctrica y agua potable. La telecomunicación, agua y la energía son un derecho básico, si lo hubiéramos dejado en manos de privados seguirían subiendo” (foro de la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños –CELaC- en Ecuador, enero de 2016).
2-Ver http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-289596-2016-01-05.html |
