El pasado 7 de febrero, durante una reunión con la Gendarmería Nacional, fueron mostrados los estudios de ADN que presuntamente comprueban el hallazgo de los restos óseos de dos de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, Veracruz, así lo declaró Benítez Herrera padre de Bernardo Benítez Arroniz, uno de los jóvenes identificados.
Destapando una situación de barbarie, los restos de los dos jóvenes fueron hallados en el Rancho El Limón, ubicado en Tlalixcoyan junto a cientos de restos calcinados, que de acuerdo a la información obtenida, corresponden a cientos de personas, las cifras varían de cien hasta cuatrocientas personas.
Las pruebas para identificar a Bernardo Benítez fueron realizadas a tres centímetros del hueso de la tibia debido a que el demás cuerpo se encuentra calcinado. La otra coincidencia en ADN corresponde a Luis Alfredo González Díaz.
Los familiares de los jóvenes identificados han anunciado que pedirán otras pruebas de ADN que permitan asegurar que la identidad de los restos hallados corresponden a las víctimas que las autoridades declaran.
Cabe recordar que la manipulación de pruebas y escenas del crimen, la fabricación de culpables y el ocultamiento de información es una práctica de la que las autoridades, tanto estatales como federales, han sido acusadas. La muestra más clara de ello es en la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa donde participaron tanto policía municipal y federal como miembros del ejército y para la cual la Procuraduría General de la República busco imponer, y con ello cerrar el caso, una supuesta “verdad histórica” que ha sido derrumbada por las otras investigaciones.
La desaparición de los cinco jóvenes en Tierra Blanca, vistos por última vez el 11 de enero, fue ejecutada por miembros de la policía de Seguridad Pública del Estado (SSP) quienes los detuvieron y bajaron del auto en el que se transportaban.
Una vez más son miembros de las instituciones del Estado los autores directos del crimen, mostrando los rasgos más degradados del régimen político y evidenciando la asociación existente entre la “casta política” y los capos del narcotráfico para asegurar este negocio. Sin embargo, también una vez más como en múltiples casos, por ejemplo la fuga del Chapo, la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa o los crímenes de Ostula, Tlatlaya o Tanhuatos, los altos mandos de las instituciones Estatales no son tocados y en cambio, se actúa para protegerlos y la estructura de las instituciones represivas se mantiene intacta.
A la par de ello hay una política gubernamental para criminalizar a las víctimas, misma que trataron de llevar a cabo con los jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, que se dirige sobre todo hacía la juventud, los periodistas y los luchadores sociales, a quienes usualmente se trata, mediáticamente, de ligar al narcotráfico o a algún ámbito criminal.
Veracruz como fosa clandestina
Veracruz ocupa hoy un lugar central dentro de la violencia que se vive en el país. La brutal represión que ha encabezado el gobierno de Duarte, a la par de la militarización del estado, ha tenido como blanco a los luchadores sociales, los jóvenes, a los periodistas y trabajadores de la comunicación.
"Veracruz se ha convertido en una fosa clandestina" dijo Benítez padre de uno de los cinco jóvenes desaparecidos en enero pasado.
La investigación para hallar a los jóvenes ha destapado a cientos de víctimas, anónimas, de la represión y la violencia avalada por la llamada “narcopolítica”. Al tiempo en que la periodista Anabel Hernández, se sumó a las decenas de víctimas mortales por ataques contra los comunicadores, encabezados por el gobernador del estado.
Es necesario alzar un gran movimiento contra la represión en el estado de Veracruz, que demande la desmilitarización del estado y la lucha por la libertad de expresión, y sume a todos los sectores que están siendo atacados por el gobierno priista de Duarte. | 
