No nos referiremos en esta nota al “accidente” del gobierno de Mauri-Ceo consistente en el intento de desaparecer a 22.000 de los 30.000 compañeros (ya) desaparecidos, a partir de las declaraciones de Darío Lo(más)pérfido del Ministerio de “Cultura” de la Ciudad de Bs. As., las del propio ministro. Su negacionismo no resulta “accidental”, en absoluto, sino que forma parte de la avanzada reaccionaria del gobierno en contra de los trabajadores y trabajadoras, esta vez en el terreno simbólico-cultural.
En la antesala del 40° aniversario de la instauración de la dictadura genocida, queremos sacar a la luz a otro tipo de “desaparecidos”: los trabajadores muertos con motivo de los “accidentes” fatales ocurridos en y por su trabajo; queremos poner el grito en la tierra, porque nos dirigimos a los trabajadores de la industria, del campo, de la construcción, de los transportes, a los mineros, trabajadores de servicios, de la electricidad, del gas y del agua; a toda una amplia gama de obreros que prestan sus tareas en relación de dependencia, bajo las despóticas órdenes de un patrón.
Según los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, entre el año 1996 y el año 2014 han fallecido 16.891 trabajadores a causa de “accidentes” de trabajo; pero estos datos sólo refieren a los trabajadores y trabajadoras registrados y no dan cuenta de los que están sin registrar (en negro). Las estadísticas de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC informan que los trabajadores en negro promediaron durante ese período (1996-2014) el 38,6%, por lo que si aplicamos una regla de tres simple (16.891 por 38,6 dividido 61,4), resulta que la masa de trabajadores sin registrar (38,6%) “aporta” la cantidad de 10.617 trabajadores fallecidos por “accidentes” laborales, que sumados a los 16.891 trabajadores fallecidos trabajando bajo registro (en blanco), totalizan la “suma” de 27.508.
No obstante, la aplicación de este método (regla de tres simple) trae aparejada una subestimación de la cantidad de trabajadores fallecidos, por la simple razón de que las condiciones de trabajo y medio ambientales de los que prestan tareas en negro son mucho peores que la de los trabajadores en blanco, y en consecuencia, el índice de mortalidad para ellos necesariamente resulta ser mayor; por otra parte, los trabajadores de la construcción y del campo -que representan al 10% del total de los trabajadores “en blanco”- registran índices de mortalidad que triplican al índice de mortalidad promedio, como así también índices de trabajo en negro muy superiores al índice promedio, por lo que la cantidad de “accidentados” en estos dos sectores son significativamente mayores.
Estas muertes obreras no son accidentales, si entendemos como “accidentes” a los “sucesos eventuales que alteran el orden regular de las cosas”, o a las “acciones de las que resulta un daño involuntario para las personas o las cosas”, o a las “irregularidades del terreno” (fabril, laboral), o a las “cualidades o estados que aparecen en algo, sin que sean parte de su esencia o naturaleza” (Real Academia Española).
Por el contrario, los “accidentes” a los que nos referimos son sucesos ordinarios, regulares, evitables en su abrumadora mayoría pero consustanciales al régimen de trabajo asalariado. En procura de la maximización de ganancias, los capitalistas imponen jornadas de trabajo interminables que disminuyen la capacidad de atención de los trabajadores, roban a los obreros días, horas y hasta minutos de descanso, intensifican los ritmos de trabajo, aumentan la velocidad de las máquinas, no invierten o desinvierten en la modernización y/o tecnificación de los procesos productivos, no adoptan las medidas preventivas más elementales, generando así condiciones de trabajo y medioambientales dañinas y riesgosas, transformando los establecimientos laborales en trampas mortales.
No se trata sólo de una manifiesta indiferencia de los empresarios por los intereses vitales de los obreros, o en otras palabras, de una mera predisposición criminal de los patrones, sino de la lógica objetiva del régimen de producción capitalista basado en la competencia, que impone a cada capitalista individual la necesidad de bajar el costo de producción –entre los que éste incluye el costo de las medidas de higiene y seguridad preventivas- para no ver reducido su margen de ganancia y para no ser desplazado del mercado por sus congéneres capitalistas.
Para no tener que afrontar las indemnizaciones a las que los accidentes de trabajo daban lugar, el menemismo sancionó en 1996 la ley de riesgos del trabajo (24.557) aún vigente, que dispone que a cambio del pago de una prima –que actualmente promedia el 3,3% del salario de cada obrero- el patrón se ve eximido de cualquier tipo de responsabilidad por los accidentes ocurridos en su establecimiento, independientemente de su culpabilidad (leve, grave o gravísima). A los capitalistas les resulta más barato pagar el 3,3 % de la masa salarial (masa igual a $ 140 mil millones de pesos) que adoptar las medidas preventivas necesarias para el resguardo de la integridad psico-física de los casi 10 millones de obreros “asegurados”. Ocurrido el siniestro, la ley determina que es la ART –y no el patrón- quien debe hacerse cargo de la reparación, lo cual por regla no ocurre; y cuando ocurre, aquélla responde en base a una tarifa prefijada por ley de antemano, que determina el pago de una indemnización exigua, irrisoria, lo suficientemente baja como para que a las aseguradoras –al igual que a los patrones- les resulte más barato “reparar” los accidentes de trabajo que prevenirlos.
Las múltiples sentencias de inconstitucionalidad dictadas por la Corte Suprema conformada bajo el kirchnerismo (uno de cuyos exponentes más progresistas fue Eugenio Zaffaroni, quien arrancó su carrera jurando por los estatutos de la dictadura de Onganía, siguió como Juez Nacional en lo Criminal durante el videlismo rechazando al menos 120 hábeas corpus entre el año 1976 y 1984, para terminar dando explicaciones por el prostíbulo que funcionaba en una de sus propiedades) dejaron a la ley de riesgos del trabajo (24.557) agujereada como un queso gruyere.
Para recauchutarla, el kirchnerismo sancionó en el año 2012 la ley 26.773, que fue bautizada como “ley De Mendiguren” en alusión al titular de la UIA de aquél entonces, que la impulsó fervientemente y la saludó con beneplácito, porque si bien con la nueva ley se “abrió el grifo” a los reclamos judiciales contra las patronales (antes “cerrado” legalmente pero abierto ampliamente por los fallos de la Corte), se hizo a cambio de imponerles a los trabajadores la renuncia a las menguadas indemnizaciones de la ART, vedándoles adicionalmente el acceso a la justicia nacional del trabajo y obligándolos a litigar por ante la justicia nacional en lo civil (mucho más hostil a los obreros y obreras). De este modo, el grifo “abierto” quedó conectado a un tanque vacío, en una maniobra legal que se intenta justificar a partir del establecimiento de leves incrementos en los montos indemnizatorios. En esencia, la modificatoria legal tuvo por finalidad sortear las impugnaciones de los jueces en contra de aspectos estructurales de la ley modificada; y más de conjunto, ratificar y consolidar el régimen perverso de las ART que funciona con una lógica financiera -no sanitaria- y cuyo nivel de concentración económica queda de manifiesto en el hecho de que las primeras cuatro ART´s controlan el 57 % del “mercado”. Será la “nueva” Corte de Justicia digitada por Mauri-Ceo la que deberá resolver la constitucionalidad de esta nueva ley ante los planteos judiciales de los obreros (regulando la apertura del “grifo”, determinando la competencia civil o laboral de los reclamos, precisando el monto de los incrementos indemnizatorios, etc., etc.). Nada deben esperar los trabajadores de Los Supremos Privilegiados.
En este artículo sólo nos ocupamos de los “accidentes” laborales y dentro de ellos, específicamente a los fatales, dejando de lado a las enfermedades profesionales que constituyen un capítulo aparte y que eventualmente abordaremos en otra oportunidad; pero no podemos dejar de advertir la gravedad de las secuelas que producen las enfermedades y la enorme cantidad de trabajadores afectados por las mismas. A diferencia de los accidentes, las enfermedades se producen –desde un punto de vista mecánico- no por acontecimientos súbitos y violentos sino por la exposición persistente y continua del organismo obrero a agentes de riesgo diversos (movimientos repetitivos, posiciones forzadas, sustancias químicas, etc.), que van deteriorando progresivamente su salud, hasta culminar muchas veces en la muerte. Desde ya: estas muertes no se encuentran incluidas en las estadísticas mencionadas.
La capacidad de resistencia obrera al régimen de las ART y al despotismo criminal de los capitalistas en los lugares de trabajo se ve seriamente afectado por el rol auxiliar de la patronal que juega la burocracia sindical, que explica –entre otras cosas- el hecho de que sólo en el 14% de las empresas (en el ámbito privado) los trabajadores cuenten con al menos un delegado (Trajterman, “Representación sindical en los lugares de trabajo: un análisis del Módulo de Relaciones Laborales”, La Plata, 5 al 7 de diciembre de 2012).
La organización democrática de los trabajadores al interior de los establecimientos, la unidad de las filas obreras, la conquista y/o recuperación de comisiones internas, seccionales y sindicatos, la conformación de comités de seguridad e higiene obreros y el control de la producción por parte de los mismos, resultan condiciones indispensables para detener la carnicería patronal. Para la clase obrera, es una cuestión de vida o muerte.
En plena democracia, los trabajadores “accidentados” mortalmente desde 1996 (sin contabilizar los que lo fueron en el período democrático que va del 83 al 95) superan ampliamente a los 30.000 desaparecidos durante la dictadura genocida, quedando claro a todas luces que luego del terror dictatorial, la democracia burguesa no representa otra cosa que la “continuidad del terror por otros medios” (León Rozitchner).
El próximo 24 de marzo nos encontrará en las calles, como siempre, luchando contra la impunidad de ayer y de hoy.
Nos sobran los motivos. |
