José Antonio Guevara Bermúdez, integrante del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, dio a conocer que la PGR recibió cuatro mil 55 denuncias por tortura y en mil 273 de esos casos los involucrados son las fuerzas armadas.
Estas cifras fueron recabadas a través solicitudes de acceso a la información, las cuales revelaron que de las 4 mil 55, sólo mil 884 se convirtieron en averiguación previa, sólo 11 casos han sido consignados y existen únicamente 5 sentencias condenatorias, a las cuales –además - es imposible acceder. Estos datos pertenecen al periodo de diciembre del 2006 a la actualidad, fecha cuando Felipe Calderon Hinojosa, entonces presidente de México, desató la supuesta guerra contra el narco.
Con la supuesta guerra contra el narco, los militares fueron sacados de sus cuarteles para cumplir la tarea de “combatir” al crimen organizado. Esta “guerra” visibilizó la asociación y colusión entre el Estado y el narcotráfico, la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa perpetrada por la policía municipal, la policía Federal, el cártel “Guerreros Unidos” y militares del 27 Batallón de Infantería, sólo confirmo como opera el Estado y el narco conjuntamente.
Si los delitos los comete el narco, el responsable es el Estado
Muchos analistas han concluido que el Estado no es el responsable de la violencia que azota al país, tratan de borrar la responsabilidad que tiene o simplemente denuncian que el Estado es incapaz de garantizar la seguridad, y en casos extremos, si son las fuerzas armadas las que asesinaron o desaparecieron, las víctimas son llamadas daños colaterales.
En el caso de las denuncias de tortura, mil 273 involucran a las fuerzas armadas como presuntos responsables o se les señala directamente, partiendo de las cifras anteriormente mencionadas, existe un grado alto de impunidad para juzgar este delito.
La Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, define a la tortura como “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”.
La tortura en México es una práctica sistemática de las fuerzas armadas del país. Desde los años 70´s es el mecanismo ocupado para quebrar u obtener confesiones de integrantes de movimientos sociales o para combatir a diversos grupos de la guerrilla.
En la actualidad en diversos estados militarizados, la población y las víctimas han denunciado que el narco actúa en total impunidad gracias al apoyo de las fuerzas armadas. Sin embargo, se argumenta que el Estado no tiene responsabilidad si es el narco el que levanta a la gente, asesina, comete feminicidios, tortura y comete demás delitos.
La tortura sigue siendo una práctica generalizada y utilizada por las fuerzas armadas para obtener confesiones. Miles de detenidos en las cárceles del país han denunciado que fueron sometidos a tortura por las autoridades y es así como lograron obtener confesiones de culpabilidad de los delitos.
En las fosas clandestinas encontradas alrededor del país, los cuerpos conservan las huellas de tortura a las que fueron sometidos, antes de ser asesinados y escondidos. Cada día se suman nuevos casos donde el Estado es el responsable, entre ellos se encuentra Tlataya, Ayotzinapa, Ostula, Calera, Tierra Blanca, las fosas clandestinas en Guerrero, etc.
Al quedar clara la asociación entre el narco y el Estado, podemos concluir que en todo caso de tortura o cualquier delito cometido por el narcotráfico, hay un responsable y es el Estado, por no respetar los derechos humanos de la población y/o consentir y tolerar diversas prácticas, que reproducen y sostienen la violencia estructural contra la población.
¿Qué salida?
Las cifras mencionadas no pueden asumirse como precisas, son sólo los casos de los que tiene conocimiento la PGR, aquellos que han sido capaces de denunciar, pero existen casos sin documentar. Hay miles de cuerpos alrededor del país que demuestran signos de tortura, miles de personas que aún siguen desaparecidas, miles que no han denunciado.
Para conocer los casos reales de los delitos cometidos por las fuerzas armadas y el narco, es necesario conformar comisiones independientes del Estado y de los partidos políticos del régimen, conformadas por familiares, organizaciones de derechos humanos, integrantes de movimientos sociales y que sean capaces de recopilar todos estos datos. Sin embargo, esto no podrá imponerse sin la movilización en las calles de todos los sectores que viven la violencia y la represión del Estado.
Ante la situación de barbarie que azota al país, es necesario conformar un gran movimiento democrático y en las calles, en alianza con los diversos sectores de la clase obrera que se vienen movilizando y encarnan los ataques del Estado, un movimiento que vuelva a salir a las calles exigiendo el regreso de los militares a sus cuarteles, la presentación con vida de los 43 y el castigo a los responsables de la barbarie que vivimos día a día. | 
