A lo largo y ancho de la provincia se vienen sucediendo diferentes modalidades de despidos en las dependencias estatales ya sean del ámbito provincial o municipal.
El caso más emblemático por la lucha que vienen dando es del Instituto de Juegos y Casinos donde más de 80 trabajadores fueros despedidos.
En este marco, y como parte de un paquete legislativo que incluye el proyecto de ley para prohibir los despidos y declaraciones solicitando la reincorporación de los despedidos, las legisladoras del PTS en el Frente de Izquierda han solicitado una serie de informe para que el gobierno informe sobre los despidos en el sector público.
Los informes surgen a partir de las propias denuncias de los trabajadores. En Cultura plantearon el despido de trabajadores, varios de los cuales tenían fueros gremiales por ser delegados, lo cual es un avallasamiento a la libertad sindical. En el caso de la DINAF y de los Hospitales los despidos y las modificaciones de ítems en los sueldos ponen en peligro la atención de pacientes y el cierre de áreas fundamentales de asistencia a los adolescentes.
Una modalidad muy utilizada es la “no renovación de contrato”, de quienes trabajan hace años pero producto de la precarización laboral mantenida durante la década anterior poseen contratos por tiempo determinado.
Estos pedidos de informes fueron aprobados en la sesión de la Cámara de Diputados, a pesar de las dudas del bloque radical de “conceder” el tratamiento de los mismos y ahora el ejecutivo deberá informar sobre los mismos.
En las últimas sesiones la política del Cambia Mendoza, igual a la de Macri a nivel nacional, sobre la reducción de la planta estatal ya sea con los falsos argumentos de acusar a los trabajadores de ñoquis o simplemente diciendo que es necesario ajustar ha generado fuertes polémicas y dividido aguas entre quienes defienden los puestos de trabajo y quienes pretenden descargar la crisis sobre los trabajadores. | 
