86 integrantes del Consejo de asesores de Caja Madrid (luego Bankia), se beneficiaron durante más de una década de tarjetas de crédito “b” para gastos reservados, según documentos de la Fiscalía Anticorrupción develados el miércoles pasado. Se gastaron 15,25 millones de euros entre 1999 a 2012. Moral Santín, consejero por Izquierda Unida en ese entonces, fue el qué más gastó: 456.500 euros.

Durante muchos años serás el beneficiario de una tarjeta de crédito “fantasma”, con la que podrás gastar todo lo que tú quieras, sin tener que pagarlo nunca. Ni impuestos, ni declaraciones fiscales. ¿Un sueño? No, es la realidad que se ha descubierto con el escándalo de las tarjetas “b” de Caja Madrid (luego Bankia). Una entidad bancaria que fue “salvada” de la crisis con dinero estatal, y que ofrecía este “chollo” (oferta inigualable) a los miembros de su concejo de asesores.

Lo mejor de todo, esta tarjeta no figuraban los registros contables de la entidad y sólo unos pocos sabían de su existencia. Para disimular los gastos, estos se anotaban en cuentas que figuraban destinadas para "errores del servidor informático". Un “negocio redondo”.
86 personas se beneficiaron de estas tarjetas “negras”, y con ellas se gastaron más de 15 millones de euros entre 2003 a 2012.

Según consta en la investigación de la fiscalía anticorrupción, un tercio de los 15,5 millones de euros, fueron retirados en dinero en efectivo por los beneficiarios de este fraude. Más de tres millones de euros se gastaron en restaurantes y 1,5 millones en viajes.

Caja Madrid pasó a ser parte de Bankia, una entidad financiera que en el año 2012 fue “rescatada” con dinero público mediante la “inyección” de nada menos que 22.000 millones de euros. Las denuncian contra Bankia se acumulan en todos los frentes: el despido de 4.500 empleados, la estafa de las “preferentes” a jubilados y las imputaciones a sus directivos y consejeros.

Dimisiones

Hasta ahora, tan sólo 10 de las 86 personas implicadas en el escándalo han dimitido de sus puestos. Las dimisiones más resonantes se dieron entre las filas de las organizaciones sindicales.

Uno de los primeros en dimitir a poco de conocerse el escándalo fue José Ricardo Martínez, el secretario general de UGT Madrid, que gastó 44.200 euros entre 2010 y 2012. Cándido Méndez, secretario general del sindicato, fue quien recibió su dimisión y la anunció a la prensa el viernes pasado durante un acto en la sede de UGT de Mérida. Sin embargo, según declaraciones Martínez en una entrevista de radio en la cadena SER, desde la Ejecutiva Confederal de UGT nadie le había pedido que dimitiera.

El otro caso relevante es el de Rodolfo Benito, miembro de la Comisión Ejecutiva de CCOO y una pieza clave en la jefatura del sindicato, en donde ostentaba varios cargos y lideraba una de sus corrientes “críticas”.

Benito es un dirigente histórico de Comisiones Obreras, que aparte de ser miembro de Ejecutiva como secretario de Estudios, presidía la Fundación Primero de Mayo y lidera una de las tres corrientes del sindicato, Alternativa Confederal.

A pesar de su dimisión, aún hay otras cinco personas ligadas al sindicato que también fueron consejeros de la entidad y gozaron de las prebendas de las tarjetas “black”.

Junto con ellos, otras ocho personas han dejado sus puestos de responsabilidad después de hacerse público que fueron beneficiarios de las tarjetas de crédito con las que gastaron nada menos que la friolera de 15,25 millones de euros entre 1999 y 2012.

Se trata del jefe de gabinete de la secretaría de Estado de Hacienda, José María Buenaventura; el socialista Ángel Gómez del Pulgar, el que era gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) de la localidad madrileña de Boadilla del Monte, José Rodríguez; la presidenta de la Fundación Caja Madrid, Carmen Cafranga, que presuntamente gastó 175.200 euros; el ex presidente de la Comisión de Control de Caja Madrid Fernando Serrano, que gastó 78.500 euros. El ex director general de Economía de la Comunidad de Madrid, Pablo Abejas, que cargó 246.700 euros, fue destituido. Y también fueron apartados de sus cargos el vicepresidente de la empresa de comunicación Burson Masteller, Juan Astorqui, que gastó 293.000 euros a través de las tarjetas opacas y Beltrán Gutiérrez Moliner, asesor del grupo municipal del PP de Madrid.

La destitución de éste último, sin embargo, fue resistida por la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, que en una entrevista en la Cadena Cope, aseguró que el implicado "nunca ha tenido conciencia de haber hecho nada irregular y creía seguir las instrucciones", y que “depositará todo ese dinero” por “si entendió mal o se lo dijeron mal”.

El representante de Izquierda Unida, uno de los casos más escandalosos

El representante de Izquierda Unida en Caja Madrid, José Antonio Moral Santín, desde hace años que era sospechoso de negocios turbios y corruptelas. Pero el escándalo de las tarjetas superó todas las expectativas.

Pero quien fue el vicepresidente de la entidad bajo el mandato de Miguel Blesa, no sólo se gastó 456.500 euros en una década con una tarjeta de crédito exenta de impuestos proporcionada por la caja a sus principales dirigentes. Sino que fue la mano derecha del propio Blesa, investigado por irregularidades durante su gestión en Caja Madrid, particularmente la concesión de créditos al Grupo Marsans, la compra del City National Bank of Florida en 2008 y la venta de acciones preferentes.

Según fuentes oficiales de IU de Madrid (IUCM), Moral Santín “Nunca informó a la organización de que disfrutaba de esa tarjeta”. Moral Santín “pidió la baja de afiliación”, exigida por IU, la cual se produjo en julio de 2012.

Sin embargo, en una entrevista publicada hace ahora un año en el periódico La Marea, el coordinador regional de IU, Eddy Sánchez, aseguraba: “Por todos los compañeros pongo la mano en el fuego, sea Moral Santín o cualquier otro”.

Aún más, según informa el diario digital InfoLibre el pasado domingo, en la última asamblea de Madrid ciudad un grupo de delegados presentó una moción en la que se pedía la salida del portavoz municipal, Ángel Pérez, quien fuera el gran protector de Moral Santín. La moción obtuvo 45 votos. Sin embargo, ganó otra resolución, con 90 apoyos, que propone constituir una comisión de investigación y que se depuren todas las responsabilidades políticas.