Dedicado al reconocimiento del Movimiento por la lengua Bengalí, que en 1952 fue reprimido por la policía y el ejército pakistaní, que entonces ocupaba Bangladesh, el día de la lengua materna se celebra desde hace 16 años en países miembros de la UNESCO.
Algo de historia
Este movimiento buscaba que se reconociera el bengalí como lengua oficial de Pakistán (entonces llamado Pakistán oriental), en donde el urdú (lengua de la minoría gobernante) había sido establecido como única lengua nacional. Esto implicaba que sólo podría enseñarse urdú en las escuelas y sería éste el único idioma permitido en medios de comunicación y en asuntos oficiales.
Lingüistas bengalíes aseguraban que esta medida estaba encaminada a restringir el acceso a la educación y a los cargos públicos de quienes tenían como lengua materna el bengalí, que para estas fechas, constituían dos terceras partes de la población total de Pakistán. Los intentos por llegar a un acuerdo por la vía diplomática fracasaron ante la negativa de la Liga Musulmana y fueron acusados de buscar la división nacional.
La respuesta del gobierno pakistaní ante el descontento provocado por la prohibición del bengalí (que ya desde diciembre de 1947 había provocado protestas), fue declarar ilegales las concentraciones públicas de más de cuatro personas, por medio de la sección 144 del código de procedimiento penal.
Los jóvenes universitarios se pusieron a la cabeza del rechazo a esta medida y la mañana del 21 de febrero de 1952 convocaron a reunirse en la Universidad de Dhaka. Tras un primer intento fallido de dispersarlos con gas lacrimógeno, la policía abrió fuego, asesinando a por lo menos tres jóvenes.
Ese mismo día y en el transcurso del 22 de febrero, en toda la ciudad se registraron manifestaciones y cierre de oficinas, comercios y transporte público: se había desatado una verdadera revuelta en repudio a la represión. Más de 30 mil personas se concentraron en Dhaka y fueron también duramente reprimidas por las fuerzas estatales, con un saldo de cuatro personas asesinadas más. Tras estos hechos, escuelas, instituciones bancarias y emisoras radiofónicas se sumaron a las protestas y la Universidad de Dhaka entró en huelga. Medios oficiales de comunicación fueron incendiados.
El 25 de febrero, obreros industriales de Narayanganj entraron en huelga y para el 29 la policía ya había endurecido sus medidas represivas. La cifra de caídos fue ocultada por el gobierno, mientras que los medios oficiales reproducían una y otra vez la campaña emprendida por el Estado de responsabilizar a los hindúes y a la oposición política.
El 16 de abril la Universidad de Dhaka reabrió sus puertas, el estado de la cuestión hasta entonces se contaba por manifestantes presos, denuncias e investigaciones sobre el actuar de la policía que jamás fueron esclarecidas. Al cumplirse un año de la represión del 21 de febrero, cerca de 100 mil personas se reunieron en Armanitola, exigiendo la libertad de los activistas que continuaban presos. La prohibición del bengalí continuaba y la postura del gobierno tomó nuevos bríos: todo aquel que estuviera en pro de la oficialización del bengalí sería considerado enemigo del Estado, intentando frenar así nuevas trifulcas en torno a la celebración del aniversario de las protestas.
Así, el 21 de febrero de 1954, una vez más la postura oficial fue cuestionada por la población, que izó banderas negras en señal de solidaridad y duelo por las víctimas. Así mismo, se realizaron protestas en donde estudiantes y activistas fueron reprimidos y detenidos.
Esta gesta duraría cerca de dos décadas y culminó con la guerra de independencia de 1971, cuando se expulsó a Pakistán de territorio bengalí.
La hipocresía de los adherentes: el caso de México
En el discurso, la conmemoración de este día busca promover la diversidad lingüística, cultural y el plurilingüismo en las naciones, pero en los hechos, este día y la adhesión de diversas naciones no ha salido del ámbito de lo formal. La preservación de las lenguas indígenas y su cultura no se entiende sin la población que las mantiene con vida.
Mientras la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, asegura que el uso de las lenguas maternas es clave para el empoderamiento de mujeres, hombres y sus sociedades, en países como el nuestro, en donde aproximadamente 7 millones de personas hablan alguna lengua indígena y un millón de ellos no habla español, se asesinan, despojan y encarcelan a cientos de sus integrantes todos los años.
Según cifras oficiales, hacia 2012, 8 mil 502 personas estaban en presidio por no hablar español y no haber podido defenderse. Muchos de ellos no supieron de qué se les acusaba y la mayoría eran analfabetas. Así mismo, cientos de indígenas permanecen presos por delitos de fuero común, por detenciones arbitrarias y por no poder pagar fianzas que van de los 5 mil a los 12 mil pesos.
En México, hay más de 5 millones de indígenas en situación de pobreza, de los cuales más de la mitad está en lo que llaman “pobreza extrema”. No podemos hablar de una verdadera multiculturalidad cuando las culturas con las que compartimos territorio se sostienen en un medio en donde no se les preserva, ni se les respeta, ni se les promueve. ¿Quién lo hará? ¿El mismo gobierno que los margina, los invisibiliza, los desplaza, les niega el acceso a la justicia y los asesina?
No olvidamos
México cuenta con 68 distintos pueblos indígenas, 11 familias lingüísticas y 364 variantes de ellas. Tan sólo hay 583 intérpretes certificados en el país y hay estados como Jalisco, en donde no hay ninguno y hay entre 70 y 90 indígenas presos. En Chiapas hay un intérprete por cada 37 mil indígenas, en Yucatán hay uno por cada 11 mil y en Michoacán uno por cada 19 mil. En estados de gran concentración indígena, como Oaxaca y Veracruz, hay 77 y 61 intérpretes registrados, respectivamente.
Los festejos del Día internacional de la lengua materna se han realizado entre reuniones donde académicos, lingüistas, políticos, representantes de los Estados hablan sobre cultura, educación e idiomas. En ninguna se han problematizado las decenas de recomendaciones que México ignora en materia de derechos humanos en detrimento de los pueblos indígenas, su cultura y, por ende, su lengua.
No olvidamos que en Puebla, el conflicto que devino en el asesinato del niño José Luis Tehuatlie Tamayo hace un par de años a manos de la policía, fue producto de las intenciones del gobierno estatal de retirar a una población indígena facultades de registro civil. El gobierno mexicano habla de multiculturalidad al mismo tiempo que atenta contra los usos y organización de los pueblos.
No olvidamos a los indígenas tzotziles masacrados por el Ejército en Acteal. No olvidamos a Jacinta Francisco, Teresa González y Alberta Alcántara, indígenas otomíes acusadas de haber secuestrado a seis agentes federales y mantenidas en prisión por casi cuatro años. No olvidamos a los 11 jóvenes mixtecos masacrados en El Charco, Guerrero. No olvidamos a los yakis presos por defender su territorio y sus recursos. Qui zanda gusiaandanu’. No podemos olvidar.
La memoria y la organización, la confianza en nuestras fuerzas y los métodos de nuestra clase son nuestras armas ante quienes nos explotan, nos precarizan, nos discriminan, nos violan y nos matan. | 
