A tres meses de ocurridos los atentados del 13 de noviembre, una cosa está clara: no ha sido en virtud de su “eficacia” contra el terrorismo que el estado de emergencia ha sido renovado.
Después de tres meses, el resultado tangible es contundente. Ha habido más de 3.400 allanamientos, a menudo espectaculares. Solamente 5 “procedimientos antiterroristas” tuvieron éxito con la incautación de 587 “armas”, un término puesto entre comillas porque incluso un sable japonés entró en esta categoría. El estado de emergencia contó también con cerca de 400 arrestos domiciliarios, ninguno de los cuales dio resultados relacionados con alguna investigación de “terrorismo”. Un resultado lógico cuando se conoce la lógica policial subyacente: “Aún cuando no se encuentra nada, es un buen resultado”, consideró un oficial que se mantuvo en el anonimato”. “Eso permite despejar las dudas”. Pero también, sobre todo, alimenta los archivos de inteligencia.
Es así que, durante 3 meses, el “Estado de emergencia” ha permitido más que nada una gigantesca operación racista de fichaje de musulmanes bajo el pretexto de la “lucha contra el terrorismo”. Como lo señala la Liga de los Derechos del Hombre (LDH), el “denominador común” de los que han sido afectados por estos procedimientos es “la práctica de la religión musulmana” y el razonamiento del ministerio según el cual “toda la población musulmana es potencialmente un jihadista disimulado”. Estas medidas también se han centrado en el movimiento social, como los activistas ecologistas bajo arresto domiciliario durante la COP21.
Una polémica que se extiende
A medida que pasan los meses, el pacto tácito impuesto por el gobierno desde los atentados del 13 de noviembre tiene cada vez menos efecto y la verdadera naturaleza del estado de emergencia se vuelve muy clara. En estos últimos tiempos, las denuncias se multiplicaron, como los testimonios sobre arrestos abusivos, arrestos domiciliarios y la violencia policial. No menos de 13 arrestos domiciliarios han sido suspendidos y 2 anulados. Y cada vez más estas revocaciones se producen “unos días antes de la fecha de la audiencia ante el tribunal o el consejo de estado”, una forma que tiene el gobierno de no ser repudiado públicamente.
Además, mientras que una persona arrestada en su domicilio acaba de lograr condenar al Estado por medio de una denuncia, se han hecho cinco denuncias el jueves pasado por arrestos domiciliarios injustificados.
Así mismo, el defensor de derechos, Jaques Toubon, prepara un informe que carga contra el estado de emergencia, basado en los reclamos que recibió. Él revela, por ejemplo, que “en más del 10 % de los reclamos relacionados con allanamientos administrativos, se quejan de haber sido denunciados por un vecino, un antiguo colega o un antiguo cónyuge malintencionado”.
Su informe señala asimismo los medios desproporcionados utilizados en los allanamientos: puertas sin llave destrozadas con arietes, demasiados policías y con pasamontañas, allanamientos llevados a cabo de noche si justificación.
La movilización es el único camino de enfrentar el estado emergencia
Frente al rechazo hacia el estado de emergencia y las fallas en la versión oficial, el gobierno se puso a la defensiva. Bernard Cazeneuve anunció que de ahora en adelante se mantendrán menos de 100 arrestos domiciliarios. Pero este anuncio no debe hacernos bajar la guardia, el estado de emergencia fue prolongado por lo menos hasta el 26 de mayo, prolongación que apunta a que sea constitucional junto con la reforma penal que está en curso en la Asamblea Nacional. Esto se suma a más medidas para reprimirnos, en un contexto donde el clima podría recalentarse con la polémica ley El Khomri*.
Para enfrentar al estado de emergencia hay que movilizarse. Y en razón de esto, ya se han anunciados dos fechas: el jueves 10 de marzo, tendrá lugar una reunión en la Universidad de París a las 19 horas. Y el sábado 12 de marzo, una manifestación en común convocada por las agrupaciones “StopÉtat d urgence” y “ Nous ne cedernos pas”, que partirá de Saint-Michel a las 14 horas.
Pero para construir realmente una nueva relación de fuerzas contra el gobierno, hay que hacer converger todas las manifestaciones. El encuentro ya está establecido: el 9 de marzo, en la jornada de movilización en la SNCF* en contra de la ley El Khomri seamos muchos para terminar con las políticas de este gobierno que arremete contra los trabajadores y a las clases populares.
Notas del traductor:
Ley El Khomri: Polémica ley de reforma laboral que establece más horas de trabajo por menos dinero, indemnizaciones más baratas y más acotadas, más facilidad para despedir, mayor flexibilidad laboral entre otras cosas. Llamada así a partir del nombre la ministra de trabajo francés Myriam Al Khomri.
SNCF: La SNCF, por las siglas en francés, Société Nationale des Chemins de Fer Français (en español: ’Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses’) es una empresa estatal que gestiona los ferrocarriles en Francia.
Traducción: Matthias Flammenman | 
