La conferencia fue convocada por el FIT para presentar un proyecto de rechazo al “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en las manifestaciones públicas” en consonancia con proyectos similares presentados en distintas provincias, entre ellos el de la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman (PTS) en el Congreso Nacional y que cuenta con el aval de los diputados Pedrini, Donda, Grosso, Argumedo, Carlotto, Moyano, Depetri, Conti, Sosa, López, Pitrola, por considerarlo “lisa y llanamente un crecimiento y regimentación del derecho a la protesta… en abierta oposición a los derechos y garantías constitucionales y a Tratados internacionales de Derechos Humanos con rango constitucional”.
En Córdoba, el proyecto es impulsado por Laura Vilches del PTS-FIT junto con el proyecto de ley de modificación del art. 194 del Código Penal.
La legisladora hizo referencia a los argumentos planteados en el proyecto de rechazo al protocolo: “Presentamos estos proyectos de ley porque es necesario recoger el más amplio repudio a un intento de maniatar la protesta social, que es la madre de los derechos, consagrado constitucionalmente como respaldo de los trabajadores y el pueblo a reclamar cuando no son cumplidos el resto de los derechos constitucionales. Además de que es gravísimo el ataque a la libertad de expresión y hacia los trabajadores de los medios, regimentando la forma en la que tienen que reportar. Con la vigencia de este protocolo los casos de Kosteki y Santillán no se conocerían, tampoco el de Mariano Ferreyra”, concluyó.
Leticia Celli,abogada del CeProDH, declaró que “vemos con enorme preocupación que se quiera avanzar con este Protocolo que intenta el gobierna nacional, pues nos remite a épocas propias de la dictadura, como el mismo artículo 194 del Código Penal justo a pocos meses de la conmemoración del 40º aniversario del último golpe de Estado. En el marco de que Córdoba se caracteriza por ser una provincia represiva, con uno de los mayores índices de gatillo fácil; Schiaretti dijo en algún medio que aquí no se aplicaría, pero no hay ningún documento oficial que lo acredite. No queremos que se le dé más poder a la policía. Es por esto que junto a un amplio abanico de organismos de DDHH convocamos a la prensa para dar a conocer esta gravísima situación”.
Destacó además otra iniciativa contra el protocolo, que impulsa en Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) y que sigue sumando apoyos: una importante solicitada. Encabezada por las firmas de Abuelas de Plaza de Mayo; Chicha Mariani y Elsa Pavón, cofundadoras de Abuelas e integrantes de la Asociación Anahí; Adolfo Pérez Esquivel y madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora como Nora Cortiñas y Mirta Baravalle, y a la que ya adhirieron la mayoría de los organismos de derechos humanos, diversas asociaciones de abogados y un amplio arco político. También sumaron su firma varios diputados nacionales y provinciales y referentes de la izquierda como Nicolás del Caño.
A su turno, Vitin Baronetto, ex secretario de DD.HH. de la Municipalidad, miembro de APDH y del CELS, sostuvo “esta es una democracia que no alcanza a ser real para los derechos de los más pobres y de los trabajadores, esta democracia renga va a ser más renga cuando actúen las fuerzas de seguridad para impedir que los trabajadores despedidos o cesanteados reclamen por sus reincorporaciones, eso es un peligro potencial que abre el camino no solo a la violencia institucional sino a la violencia legítima del pueblo que llega a expresarse de este modo porque los carriles para el reclamo no funcionan o directamente porque no son escuchados”.
Agregó, “Es motivo de preocupación que este gobierne intente reprimir y legalizar la represión, institucionalizar la violencia en contra de mucho de ese pueblo que lo ha votado”.
Juan Pablo Ruiz, miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) enfatizó el ataque al pueblo trabajador y a la libertad de protesta que representa la entrada en vigencia de este protocolo “En un momento de fuerte recesión en la cual miles de trabajadores pierden su trabajo se los está dejando sin la posibilidad de reclamar por un trabajo digno. El objeto de este protocolo es restringir cualquier tipo de protesta ya que en un momento de devaluación, recesión, despidos y suspensiones: la única forma de hacer pasar este ajuste es aumentando la represión y el control social” concluyó. |
