Los votos en contra y las abstenciones de los diputados de derecha impidieron que se aprobara la medida. Los 72 votos a favor no alcanzaron el quórum de aprobación, equivalente a dos tercios de los diputados en ejercicio.
La moción buscaba eliminar el art. 23 de la Constitución de Jaime Guzmán. Dicho precepto establece que "la ley establecerá las sanciones que corresponda aplicar a los dirigentes gremiales que intervengan en actividades político partidistas y a los dirigentes de los partidos políticos, que interfieran en el funcionamiento de las organizaciones gremiales y demás grupos intermedios que la propia ley señale".
Se agrega a su vez que "son incompatibles los cargos directivos superiores de las organizaciones gremiales con los cargos directivos superiores, nacionales y regionales, de los partidos políticos". Por otra parte, la carta fundamental prohíbe que los dirigentes gremiales y vecinales puedan postularse a cargos parlamentarios.
La moción votada refundía cinco proyectos parlamentarias y recogía las indicaciones realizadas por la Comisión de Constitución de la Cámara Baja y modificaba ambas prohibiciones. Dado su rechazo, la propuesta no podrá ser renovada dentro de un año.
El resultado de la votación fue repudiado por diputados como Gabriel Boric que denunció que "toda la derecha vota contra proyecto que deroga la prohibición a dirigentes sociales de postular al Parlamento". Lo mismo hizo Camila Vallejo y Giorgio Jackson.
Pilar ideológico de la constitución: la llamada autonomía de los "grupos intermedios"
El mismo artículo 1 de la Carta Fundamental establece que "la familia es el núcleo fundamental de la sociedad" y agrega que "el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos".
El artículo 23 ya citado, es más específico y estipula que "los grupos intermedios de la comunidad y sus dirigentes que hagan mal uso de la autonomía que la Constitución les reconoce, interviniendo indebidamente en actividades ajenas a sus fines específicos, serán sancionados en conformidad a la ley".
Lo que hizo la Constitución fue imponer como obligatoria la visión ideológica gremialista y neoliberal de Jaime Guzmán. En virtud de ella, los llamados "grupos intermedios", entre los cuales se encontrarían los sindicatos y los movimientos sociales, no pueden intervenir en política, puesto que su actividad debe circunscribirse a sus "fines propios", que son siempre gremiales.
El peligro de un movimiento sindical politizado
Los militares y sus ideólogos sabían que el mayor peligro para el sistema capitalista era un movimiento obrero politizado y fuertemente organizado. La experiencia de los cordones industriales en los setenta, demostró que cuando los trabajadores se empoderan, buscan tomar el control de la producción y el control de sus propios destinos, los privilegios empresariales empiezan a tambalear y se pone en riesgo su sistema de dominación.
En efecto, tanto el plan laboral de José Piñera, como la misma Constitución de 1980 buscaron enterrar una de las tradiciones más arraigadas en el movimiento sindical chileno desde su surgimiento. Esto es, la íntima relación entre las organizaciones de izquierda y los sindicatos. Recordemos que el mismo Recabarren, uno de los fundadores del movimiento sindical en el Chile moderno, fue diputado y utilizó su tribuna para denunciar a los poderosos y difundir la causa revolucionaria.
Se trata de un ejemplo histórico, pero hay casos actuales de dirigentes sindicales que utilizan la tribuna parlamentaria a favor de las luchas de los trabajadores. En Argentina, por ejemplo, el dirigente obrero Raúl Godoy, referente de la fábrica Zanón (hoy Fábrica Sin Patrones, que fue tomada y puesta a producir por sus trabajadores), es diputado provincial en Neuquén por el Partido de Trabajadores Socialistas, parte del Frente de Izquierda y de los Trabajadores.
La constitución pinochetista no permitiría que esto sucediera en Chile. Mientras permite que multimillonarios sean parlamentarios y presidentes, prohíbe la acción política de las organizaciones sindicales. Esto es una muestra más que el parlamento es una instancia hecha a la medida de los empresarios.
Por lo mismo, es indispensable acabar con el enclave que prohíbe que dirigentes sindicales se postulen a cargos políticos. A su vez, exigir que todo parlamentario gane lo mismo que un trabajador calificado y que todo mandato de elección popular pueda ser revocado.
Estas demandas si fuesen tomadas por diputados como Gabriel Boric, podrían instalarse en el debate político, lo que ayudaría que las luchas estudiantiles y sindicales adoptaran también exigencias políticas como esta. | 
