“Que el pueblo argentino sea el que convalide o rechace el acuerdo que selló el Gobierno con los holdouts” planteó la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman en el Congreso ante la inminente entrega a los usureros.
Ayer el debate sobre el acuerdo con los fondos buitre llevado adelante en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados terminó con la aprobación de un dictamen de mayoría que contó con 43 firmas entre sus 80 integrantes.
Cambiemos logró el apoyo del Frente Renovador que conduce Sergio Massa. Pero el compromiso con los usureros también contó con el visto bueno del bloque justicialista, surgido del reciente divorcio impulsado por Diego Bossio y Juan Manuel Urtubey con el Frente para la Victoria. Y, por último, recibió el acompañamiento de Juntos por la Argentina, que dirige Darío Giustozzi.
El debate tuvo lugar mientras en paralelo se desarrollaba un contubernio en el que primó el ofrecimiento de favores y recursos de la coparticipación federal a cambio de manos alzadas el próximo martes, cuando se trate el proyecto en el recinto. Todo para brindar pleitesía a un desgarbado juez neoyorquino y a sus buitres protegidos.
Legislan para los ricos porque es una casta de políticos que vive como ellos. Los diputados y senadores perciben cerca de $ 70 mil mensuales de bolsillo, más de 10 veces lo que cobra la mitad de los asalariados.
Eso no es todo. A estos montos, ya abultados, hay que sumar numerosos privilegios, como canjes de pasajes, efectivo para viáticos y "gastos de representación", que en cifras también superan varias veces a las que percibe mensualmente cualquier trabajador.
Escribanos de Griesa
La letra chica del acuerdo que reconoce a Paul Singer y todos sus amigos buitres ganancias por encima del 1000 % se selló en Nueva York, a miles de kilómetros del Congreso, que actuará como una mera escribanía.
Los medios de comunicación destacaron el planteo disonante de Eduardo Conesa (Unión PRO), quien solicitó modificar la cláusula del artículo octavo del acuerdo, que establece la prórroga de la jurisdicción en Nueva York, dado que "es absolutamente inconstitucional".
Aunque Conesa actuó como una patrulla perdida dejó en evidencia la cesión de soberanía que hicieron todos los gobiernos, desde 1983 hasta esta parte. Algo que se repitió en la supuesta negociación soberana de Néstor Kirchner, Roberto Lavagna y Amado Boudou con los canjes de 2005 y 2010.
A espalda de los trabajadores, el régimen político capitalista está llevando adelante una enorme entrega de la riqueza nacional al capital financiero internacional.
El proyecto enviado al Congreso por el gobierno de Cambiemos deroga la Ley Cerrojo y la Ley de Pago Soberano que impedían reabrir el canje y realizar una oferta mejor a los “holdout” que no aceptaron las reestructuración de 2005 y su reapertura de 2010.
Además, originalmente autorizaba endeudamiento que podía alcanzar U$S 20 mil millones a través de bonos públicos a cinco, diez y quince años. La tasa promedio que pagará el Estado será de 7 por ciento, dejando expuesto que aun arrodillándose a los buitres el costo del endeudamiento sigue siendo altísimo en comparación con otros países de la región.
Los principales beneficiarios de las altas tasas de interés a las que emitirá el gobierno de Cambiemos serán los mismos bancos que emplearon años atrás al ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat-Gay, y al secretario de Finanzas, Luis Caputo. No hace falta adivinar de quiénes se trata. Otra vez el J.P. Morgan y el Deutsche Bank, los mismos de los canjes de Néstor Kirchner y Roberto Lavagna.
Para justificar su rol opositor, el Frente Renovador y el bloque justicialista impulsaron algunos cambios cosméticos en el dictamen de mayoría: limitar el endeudamiento a U$S 12 mil millones, un techo a las comisiones de los bancos que participen de la operación de emisión de los bonos, eliminar un párrafo que afectaba las potestades tributarias de las provincias y que el Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas informe trimestralmente al Congreso la evolución de los acuerdos.
Pero la limitación al endeudamiento comprende un engaño. El artículo sexto del proyecto dice que “En caso de que el monto de emisión supere el monto de pago requerido bajo la presente ley, el excedente será imputado a la autorización existente de deuda pública prevista en el Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2016, aprobado por la Ley n° 27.198”.
Es decir, que el límite de U$S 12 mil millones de endeudamiento puede ser sobrepasado gracias a que el Presupuesto 2016, impulsado por el gobierno de Cristina Fernández y defendido por Axel Kicillof el año pasado, preveía un generoso endeudamiento, anticipando quizás un posible acercamiento con el juzgado de Griesa si ganaba las elecciones Daniel Scioli. Hecha la ley, hecha la trampa.
En 2016, según los últimos reportes de la deuda pública del Ministerio que conduce Prat-Gay, los vencimientos de capital con privados y organismos internacionales alcanzan a U$S 12 mil millones de dólares más otros 5,5 mil millones de intereses.
Tomando como referencia 2016, el acuerdo con los “holdout” implicará un incremento de los intereses mayor al 15 %. Para los próximos años, como el perfil de intereses era decreciente, la carga será mayor a esa proporción.
El ajuste en curso con devaluación, remarcación de precios, tarifazos y recesión tiene la función de liberar recursos para pagar a los especuladores. El nuevo ciclo de endeudamiento hipoteca al pueblo trabajador en el presente y en el futuro.
Aire, sol y apoyo a la entrega
“Sin entrar a discutir si éste es el mejor, se debe llegar a un acuerdo” señaló Mario Blejer declarando como “experto” en una audiencia en el Congreso. Se trata de un expresidente del Banco Central y uno de los principales asesores económicos de Daniel Scioli durante la campaña electoral del año pasado.
Juan Carlos Fábrega tampoco se privó de dar su opinión de “experto”. Indicó que “un acuerdo con los buitres es necesario”. No hay que hacer mucho esfuerzo para saber quién es. Se trata del penúltimo presidente del Banco Central durante el gobierno de Cristina Fernández.
“Celebro la voluntad y la vocación desde el primer punto de encarar una negociación” dijo el expresidente del Banco Provincia, Gustavo Marangoni, otro sciolista sin muchas ganas de “resistir con aguante”.
El pasado que condena
El exministro Kicillof indicó que el acuerdo impulsado por el macrismo sólo abarca a la mitad de los “holdout”. Es decir que hay una parte significativa que podría seguir litigando en busca de mejores condiciones. Podría haber más buitres al acecho.
Lo mismo se aplicaba a los canjes de 2005 y 2010. Era previsible que los usureros que se quedaban afuera pudieran generar una crisis de deuda, como está ocurriendo. Pero la condición para eso es un régimen político al servicio del capital que ceda a todas las extorsiones. Es lo que está mostrando el Congreso.
El hoy diputado Kicillof rechazó el acuerdo en nombre del bloque del Frente para la Victoria y llamó a que "no nos cavemos la propia fosa. Se puede arreglar con los buitres con equidad". Para el exministro la “equidad” es el 300 % de ganancias que obtuvieron George Soros y David Martínez, ejemplos de los “buitres buenos” que aceptaron los canjes de 2005 y 2010. Eso sin contar los beneficios con cupones PBI y por inflación.
Kicillof tiene en su prontuario el acuerdo con el Club de París de 2014, que no sólo no implicó ninguna quita sino que reconoció una deuda de casi U$S 10 mil millones cuando los registros oficiales exhibían un monto mucho menor. Allí el Congreso ni siquiera sirvió de escribanía. Luego de cacarear contra Repsol también aceptó pagarle U$S 5 mil millones en agradecimiento al saqueo petrolero. Y otro tanto al Ciadi.
Mejor no hablar de ciertas cosas.
Promesas
Todo el régimen político capitalista, con contadas excepciones, se apresta a realizar una gran entrega al capital financiero imperialista bajo la promesa de una “lluvia de dólares” que vendrían para reactivar la economía.
La realidad mundial indica que la apuesta del macrismo llega a destiempo. Hay un gigantesco reflujo de capitales hacia los centros imperialistas. Según la CEPAL, la inversión extranjera directa en 2015 en América Latina cayó un 22 % respecto de la efectuada en 2014. La recesión en Brasil y la desaceleración China dejan pocos sectores atractivos para invertir en Argentina.
La única “inversión” que podría llegar es para aprovechar la “bicicleta financiera” que armó el Banco Central con la liberalización de tasas y movimientos financieros.
El diputado de la UCR Luis Pastori afirmó que el acuerdo con los "holdout" fue “plebiscitado” en las últimas elecciones por los votantes de Macri y Scioli y que el 98 % de la población prestó su acuerdo al pago a los buitres, a quienes ambos candidatos habían anunciado que pagarían.
Myriam Bregman le replicó que “no queremos que el pueblo trabajador sea un mero espectador de la escena, queremos que se haga una consulta popular vinculante para que se exprese el que será el principal afectado por este acuerdo”, al que definió como “una de las mayores muestras de cipayismo, entrega y sometimiento al capital financiero internacional. Estamos ante un proyecto de ley evidentemente redactado en Nueva York, y este Congreso pareciera estar convirtiéndose en la escribanía de Griesa".
Para eso el Frente de Izquierda presentó un proyecto que llama a una consulta popular vinculante. La izquierda rechaza el acuerdo con los fondos buitre y el pago de toda la fraudulenta deuda externa.
Las claves del acuerdo
Argentina realizará la emisión de deuda más grande de los últimos 20 años para un país de los denominados “emergentes”: U$S 15 mil millones.
Hacia el fin del gobierno de Cristina Fernández la deuda alcanzaba U$S 240 mil millones. Con los nuevos acuerdos superará los U$S 270 mil millones.
Los buitres recibirán ganancias que superan el 1.000 % y pueden alcanzar el 1.500 % por el cobro de unos bonos por los que pagaron centavos.
Historia reciente de la deuda
En 1981 la deuda privada alcanzó los U$S 17 mil millones.
En 1982 el gobierno cívico-militar, con Domingo Cavallo como director del Banco Central, estatizó U$S 8.600 millones, lo que representaba el 55 % de la deuda privada.
Más de 70 empresas se beneficiaron. Entre ellas Sevel, la automotriz de Franco Macri que adeudaba u$s 124 millones; Acindar con U$S 649 millones; Compañía Naviera, de la familia Pérez Companc, con U$S 211 millones; y Loma Negra, de los Fortabat, con U$S 62 millones. Corporaciones multinacionales como Techint, IBM, Ford y Fiat junto al sector financiero, integran el listado.
La deuda pública, que en 1976 era de U$S 8 mil millones, para 1982 rondaba los U$S 45 mil millones.
Aunque durante el gobierno de Raúl Alfonsin se pagaron U$S 35 mil millones, para fines de los 80 la deuda ascendería U$S 64 mil millones.
Con Menem la deuda subió un 123 %. Al final de su gobierno alcanzaba U$S 146 mil millones.
Con la caída de De la Rúa, en 2001, la deuda llegaba a U$S 180 mil millones.
En 2005, luego del canje con quita, la deuda quedó en U$S 126 mil millones. Pero al finalizar el gobierno de Cristina Fernández alcanzaba U$S 240 mil millones.
