Fotografía: De izquierda a derecha, Laura Marrone y Andrea Robles en las puertas de Comodoro Py

Este miércoles concurrimos nuevamente a Comodoro Py citadas por el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 5 a cargo del juez Oyarbide, quien tiene a su cargo la Causa Triple A, para otro reconocimiento fotográfico de más de 800 registros de personal de seguridad presumiblemente partícipe de la organización paraestatal creada durante el gobierno de Perón.

En la audiencia reiteramos la petición de que fuera convocado el personal de seguridad de la Comisaría N° 12 que intervino al momento de la detención de César Robles Urquiza, dirigente del Partido Socialista de los Trabajadores, habiendo dejado liberada la zona -en la céntrica estación de Primera Junta- para consumar el secuestro y horas después acribillarlo en la calle Yerbal del barrio de Flores. Testigos presenciales dieron cuenta que un policía uniformado intervino en el momento de la detención ante el pedido de auxilio de César para consentir su secuestro ante la orden del equipo parapolicial actuante.

La reapertura de la causa se inició en el 2006, el primer reconocimiento fue en el 2014 y existiendo el listado de policías de la comisaria interviniente –solicitado por la querella en el 2006– aún no ha sido citado ninguno. Los hechos señalados dan cuenta por si solos que después de 42 años el aparato paraestatal de la Triple A sigue impune. El Estado y la Justicia hacen recaer sobre la Querella la responsabilidad de proveer elementos probatorios. Cuando es el Estado el que tiene la responsabilidad por los delitos de lesa humanidad y los resortes para mediante la apertura de los archivos de las fuerzas de seguridad de la época realizar una investigación conducente que lleve a la cárcel a los asesinos de César y de los más de 1500 asesinados por la Triple A.

*Andrea Robles, es querellante de la causa y Laura Marrone testigo de la misma.