En la mañana de ayer se detonó una bomba en los pasillos tribunalicios. El juez Víctor Manuel Pérez desestimó los pedidos de sobreseimiento realizados por la defensa del ex fiscal Carlos Albaca y elevó a juicio la causa que investiga al ex fiscal por encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en el marco de la causa por el crimen de Paulina Lebbos.
Albaca estuvo a cargo de la investigación desde fines de abril de 2006. Su antecesor, Alejandro Noguera, fue apartado de la causa luego de haber sido fotografiado saliendo de la casa del entonces gobernador José Alperovich (“Fui a pedirle ayuda”, arguyó). La primera medida de Albaca fue dictar el secreto de sumario, medida que se mantuvo durante siete años.
En 2013 la Nación designó a Bernardo Lobo Bugeau para que informara sobre sobre la actuación de Albaca. Las numerosas fallas y entorpecimientos en la investigación fueron presión suficiente para que el expediente gire a Diego López Ávila.
La semana pasada la noticia judicial fue el sobreseimiento de Gabriel Alperovich y de Sergio Kaleñuk.
Una actuación al servicio de la impunidad
En abril de 2015 la fiscala Juana Prieto de Sólimo requirió la elevación a juicio de la causa contra el ex titular de la Fiscalía de Instrucción de la II Nominación, argumentando una sucesión de hechos.
El 24 de abril de 2006 Albaca ordenó la extracción de muestras de cabellos para compararlos con los encontrados en el cuerpo y ropa de Paulina. Sin embargo, hasta el momento de dejar la causa en 2013 no se había realizado. En tanto, las muestras tomadas en el lugar del hallazgo del cuerpo de Paulina no fueron remitidas para una pericia.
Albaca demoró en ordenar las pericias de ADN a los cabellos encontrados en el cuerpo de Paulina, con el paso del tiempo la pérdida de material hizo que no sean aptos para detectar perfiles genéticos.
Respecto a la hipótesis según la cual Paulina murió en una fiesta privada vinculada a los “hijos del poder”, Albaca tampoco tomó medidas elementales. Según la fiscala, se paralizó toda pesquisa sobre la pista “El Cadillal”, en el camping 27 de agosto. Tampoco verificó si se realizó una fiesta en el Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas en Raco.
El ex fiscal pidió el tráfico de IMEI del teléfono celular de Paulina con un número errado, y no investigó hasta 2011 a quienes utilizaron el aparato desde la desaparición de la víctima. Estos son algunos hechos que han justificado la elevación a juicio oral.
Como corolario, en diciembre de 2013 Albaca puso en duda que Paulina haya sido asesinado y apuntó contra la víctima. En un descargo, el fiscal sostuvo que existían tres hipótesis sobre la muerte de Paulina, 1) un ataque de asma combinado con el consumo de alcohol y, eventualmente, de sustancias tóxicas; 2) la práctica de la autoasfixia durante la masturbación y 3) la práctica de la asfixia con una pareja. “Lebbos tenía tendencia a las relaciones sexuales casuales (...), en ocasiones era ‘intrépida’ (...) y capaz de emprender acciones temerarias. Predominaba en ella el ánimo depresivo y casi nada la hacía sentir bien”, afirmaba en el escrito.
Los favores del alperovichismo
Acorralado por los pedidos de juicio político, Albaca optó por una jubilación. Para ello presentó su renuncia para acogerse a la jubilación con el 82% móvil, renuncia aceptada por Alperovich.
La aceptación de la renuncia sirvió de ardid para que la Legislatura brinde otro favor al ex fiscal. La comisión de Juicio Político, controlada por el alperovichismo, desestimó los pedidos de juicio político formulados por sectores de la oposición. Con tiempo ganado, Albaca logró que en cuestión de días la ANSES determine que el fiscal que calificó a Paulina como una “intrépida sexual” se jubile con el beneficio de la movilidad y la porcentualidad, que por esa época superaba a los $50.000 mensuales. El ministro fiscal Luis Di Mitri que defendió a Albaca también se jubiló con unos $60.000. | 
