Las grandes patronales nacionales y extranjeras fueron responsables en la organización y desarrollo de una de las dictaduras más feroces y sangrientas de nuestra historia, que tuvo como blanco principal a los sectores más combativos de la clase obrera.

Al referirnos al rol empresario en el golpe militar de 1976, no podemos hacerlo desde un punto de vista de “actores de reparto”. Hubo una total instigación y organización para que el blanco privilegiado del proyecto genocida sea la clase trabajadora. No fueron cómplices, fueron los jefes de los militares.

Cientos de testimonios dan cuenta de la participación de empresarios como los de Techint, Ford, Acindar, Arcor, Mercedes Benz, Astra, Celulosa, Bunge y Born, Aluar, Fate, Soldati, Pérez Companc, Fortabat, Garovaglio y Zorraquín, Pescarmona, Bulgheroni, Blaquier, Clarín y La Nación, en un verdadero plan ideado para matar a delegados y activistas “molestos” y aterrorizar al resto.

Dicha responsabilidad fue reivindicada abiertamente por el ex Ministro de Economía de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz en 1985, quien declaraba ante la Comisión Bicameral que “Siendo yo presidente del Consejo Empresario Argentino, en el año ’75, fui con un grupo de empresarios a visitar a Videla y le expusimos nuestra preocupación de que se estaba impidiendo la libertad de trabajo, la producción y la productividad, y que se debía asegurar el imperio del orden por sobre todas las cosas”.

La búsqueda del disciplinamiento laboral estuvo vinculada estrechamente con el terrorismo estatal, bajo la expresa orden de exterminar a lo que denominaban como “la guerrilla fabril”1, referenciándola con todo tipo de organización, activismo y militancia obrera. Su punto máximo represivo fue la militarización de las plantas con el ejército, tanquetas y hasta helicópteros la misma mañana del 24 de marzo, buscando encarcelar a cientos de los principales activistas y delegados y desaparecer a muchos de ellos, junto a la instalación de Centros Clandestinos de Detención en los propios establecimientos, como los de la Ford de Pacheco o Siderca en Campana.

No obstante, el aporte empresarial al terrorismo de Estado fue variado. Según la importante investigación realizada en el libro Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado2 –donde se relevan decenas de casos– incluyó desde la organización meticulosa del secuestro de trabajadores en sus fábricas, hasta la entrega de información privada con direcciones y listados de delegados a las fuerzas represivas. Desde aportes económicos y materiales para promover las acciones represivas, la promoción de operativos y asentamientos militares en las fábricas, hasta la presencia de cuadros empresariales en las detenciones, secuestros y hasta torturas. En tanto que la participación de oficiales de fuerzas armadas o de seguridad en cargos directivos, aseguraba el accionar represivo de conjunto. La mayoría de estas prácticas no eran nuevas, sino que habían sido utilizadas en los años previos (como en Acindar en Villa Constitución) y fueron profundizadas durante la dictadura militar.

Empresarios nacionales y extranjeros, la misma responsabilidad

En pos de imponer el sometimiento social a los trabajadores para aumentar las tasas de ganancia, atacar las condiciones de trabajo, e implementar altos ritmos de explotación que elevasen la productividad, se encontraban las grandes patronales, tanto nacionales como extranjeras de capitales europeos y norteamericanos.
De estas últimas, la empresa Ford suministró vehículos a los grupos de tareas de los militares (los famosos Falcon Verde y las camionetas F-100).

La actuación conjunta se plasmó en que la propia empresa solicitó el secuestro de trabajadores y delegados gremiales a las fuerzas represivas, como lo denunció la esposa de uno de los secuestrados que, en su declaración judicial, refiere a una entrevista con un militar, quién “sacó de un cajón una lista en un papel tipo oficio con el logotipo de Ford, manifestándome: Acá están todos los nombres que nos dio la empresa con los trabajadores que queríamos que chupáramos”3. El campo de deportes de la fábrica –popularizado como “el quincho”– se constituyó como un Centro Clandestino de Detención, donde llevaban a los trabajadores para interrogarlos, torturarlos y luego trasladarlos a otros centros.

Como denuncia Pedro Troiani, trabajador de Ford y ex detenido desaparecido, la empresa contaba con la aprobación del gobierno norteamericano, cuyos funcionarios tenían conocimiento de cada secuestro y desaparición relacionado con la fábrica. Esto no fue excepcional: Estados Unidos financió, preparó y adoctrinó a las fuerzas armadas e impulsó la coordinación continental de todas las dictaduras militares mediante el Plan Cóndor y la Doctrina de Seguridad Nacional, hecho que pretenden ocultar con la venida al país del actual presidente norteamericano, Barack Obama.

Ayer y hoy, la misma clase social

Los mismos empresarios responsables (junto a la Iglesia y la burocracia sindical) del genocidio de la dictadura de 1976, que fueron menemistas en los 90 e hicieron fortunas durante el kirchnerismo, hoy apoyan al macrismo para obtener mayores ganancias. Durante todos estos años, la Justicia, los gobiernos y partidos del régimen (PJ y UCR, entre otros) han hecho todo lo posible por evitar inculparlos de manera directa en la represión y desaparición de trabajadores. Donde se iniciaron juicios, se evitó el procesamiento de los acusados mediante el dictado de la falta de mérito. Por eso, a fines de 2015, la UIA que es la entidad donde se encuentran representadas varias de las empresas investigadas, pidió a través de una solicitada, que las investigaciones sobre las empresas queden en manos de “sus amigos” del Poder Judicial.

Sin embargo, numerosas pruebas y evidencias aportadas por sobrevivientes, familiares de desaparecidos e investigadores muestran su culpabilidad. Se trata de la clase empresaria que no le tembló el pulso a la hora de imponer una derrota ejemplar a sangre y fuego a la clase trabajadora, para borrar toda perspectiva de lucha y de enfrentamiento al capitalismo argentino. Que se benefició económicamente con la estatización de la deuda, la especulación financiera y los contratos con el Estado, a costa de los padecimientos del pueblo trabajador. Los empresarios nacionales y extranjeros son responsables.

1. Término utilizado por Ricardo Balbín, jefe de la UCR, para referir al activismo obrero.
2. Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado, Tomo I y II. Editorial del MJyDH. Bs. As. 2015.
3. Declaración de Arcelia Luján de Portillo, en diálogo con un militar de apellido Molinari.