Hacinamiento, humillaciones, hacinamiento, retención impuesta de salarios y vigilancia por policías privadas, fueron algunos de los problemas que enfrentaron los trabajadores mexicanos en Estados Unidos.
When the weary night embraces
Sleep in shacks that could be cages
They will take it from your wages
Bracero
Cuando la noche agotada te abraza,
Duermes en chozas que podrían ser jaulas
Lo van a tomar de tu salario
Bracero
Phil Ochs, “Bracero”
Licencia estándar de You Tube
“Como alojamiento nos prestaban literas para estar allí; no nos notificaban el descuento del diez por ciento, sin embargo, sí se nos retenía una cantidad diferente en cada cobro… Ya al final de cuando se iba a terminar el contrato, en el comedor nos dieron comida echada a perder, todavía no existía la tortilla, nos daban barras de pan Bimbo todo enmohecido…”, –parte del testimonio de uno de los braceros en la demanda interpuesta por el pago de los salarios retenidos por el Estado mexicano, publicado en La Jornada.
Paula María García Villegas Sánchez Cordero, jueza segunda de distrito en materia administrativa, dictaminó que el Estado mexicano debe devolver el 10% del sueldo semanal que retuvo sin consentimiento a los trabajadores agrícolas que fueron parte del Programa Braceros. Esa cifra asciende a $5,090,231,000,000 (286,502,665,609.24 dólares), contando los salarios retenidos y los intereses generados en 65 años.
Según informa La Jornada, como parte de los argumentos de la sentencia dictada, la jueza planteó que si “el Estado mexicano ha convertido en deuda pública las deudas privadas que pusieron en riesgo el sistema financiero… en el asunto de los braceros, el Estado no puede poner de pretexto que devolverles 10% de sueldo, ‘retenido sin su consentimiento’ para la creación de un fondo de ahorro, pone en riesgo las finanzas públicas”.
Esta suma se reparte entre 4,687,000 contratos que se firmaron, por lo que correspondería aproximadamente $1,096,000 (61,688.15 dólares) para cada trabajador o sus familiares.
Durante el sexenio de Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional (PAN), tratando de ocultar esta gran deuda del Estado, se les entregó a parte de los trabajadores la suma de $38,000 (2,138.82 dólares). Una nueva humillación.
La histórica sentencia no se trata sólo de un triunfo en el ámbito legal. Es fruto de décadas de lucha de los trabajadores agrícolas y sus familias. Se han manifestado en las calles, realizado distintas protestas y hecho pública la denuncia de los abusos que sufrieron bajo el Programa Braceros, como la movilización de ex braceros de todo el país el 29 de mayo de 2005 en el DF, la cual impidió que se invisibilizara la política indolente y fraudulenta de los gobiernos mexicanos durante estas décadas.
Cuando EE.UU. abrió las puertas a los trabajadores mexicanos
El programa dio inicio durante la Segunda Guerra Mundial y se extendió hasta la guerra de Corea. En ese momento la administración estadounidense, liderada por el demócrata Franklin D. Roosevelt, dio el visto bueno para la llegada de migrantes mexicanos, al contrario de lo que sucede ahora. En México gobernaba Manuel Ávila Camacho. Fue un acuerdo político-económico entre ambos gobiernos para beneficiar a los productores estadounidenses, y del lado mexicano una forma de paliar el problema del desempleo.
Cinco millones de trabajadores agrícolas cruzaron la frontera entre 1942 y 1964 para cultivar y cosechar en ingenios azucareros de Stockton, California, y se extendió prácticamente al conjunto de las agroindustrias localizadas en el sudoeste estadounidense.
Eran trabajadores temporales con permiso de trabajo, y su esfuerzo y sudor no sólo alimentaron al vecino del norte en esa época, sino que contribuyeron a edificar millonarias agroindustrias.
Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, de 309,538 trabajadores agrícolas, 219,546 eran de nacionalidad mexicana. Los migrantes –junto con las mujeres– fueron claves en el llamado “esfuerzo de guerra”, para mantener en funcionamiento la maquinaria agrícola e industrial de Estados Unidos.
En el caso de los migrantes, fue a costa de brutales condiciones de vida y de trabajo para los mexicanos que fueron a Estados Unidos en busca de un futuro mejor.
Según el análisis de David Maciel en Al norte del río Bravo (pasado inmediato) (1930-1981) estas condiciones jugaron en contra de la sindicalización y de la lucha de los trabajadores agrícolas. Señala que “el programa inundó con buen resultado el mercado de trabajo, y repetidas veces hizo del bracero mexicano un rompehuelgas inconsciente, a su vez explotado y engañado por las poderosas agroindustrias”. Mientras en momentos favorables para la economía estadounidense (1953-1961), fueron perseguidos y deportados un millón de mexicanos legales llamados despectivamente “espaldas mojadas” (wetbaks).
Esto demuestra que la pérfida política migratoria estadounidense llevada adelante tanto por republicanos como por demócratas –criminalización, deportación– es por completo funcional para aumentar la explotación de los trabajadores migrantes, hoy como ayer.
Huelga en la DiGiorgio Corporation (1947-1949)
California se había consolidado como el principal productor agrícola estadounidense. Una de las principales agroindustrias era la DiGiorgio Corporation, principal productor de peras, uvas y ciruelas en la época, con unas 4,500 hectáreas en Irvine y 2,000 en Delano.
Al ingreso a las empresas, sufrían todo tipo de humillaciones: los desnudaban para revisiones médicas colectivas, los fumigaban, los maltrataban. Las condiciones de trabajo eran brutales: podían convocar al trabajo a cualquier hora a todos los equipos de braceros. No había derecho de antigüedad. Podían ser despedidos sin causa en cualquier momento. El alojamiento que daba la empresa a los trabajadores consistía en unas literas ubicadas en unas construcciones muy precarias.
Aumentó el número de trabajadores empleados por las agroindustrias y se empeoraban sus condiciones. Los braceros empezaron a organizarse con la National Farm Labour Union (NFLU) y a realizar huelgas.
Así estalló la lucha de los braceros de DiGiorgio en 1947, por el derecho a la sindicalización y aumento de salarios. Las amenazas para hacerlos desistir de la huelga eran la deportación y la coacción –cualquier parecido con la actualidad no es ninguna coincidencia–. La otra medida era reemplazar a los huelguistas con nuevos migrantes. Pero un sector de éstos, traídos con falsas promesas de buenas condiciones de trabajo, al verse desengañados terminaron también denunciando a la empresa.
La huelga se extendió hasta 1949, pero no triunfó. Y en gran parte la responsabilidad de este hecho recayó en la dirección de la NFLU que trató de evitar que la huelga de los braceros se extendiera a otros condados.
A pesar de la derrota, la gran lección que dejó la huelga contra la DiGiorgio Corporation es que los trabajadores agrícolas sí tienen la capacidad de organizarse y enfrentar a la patronal de las agroindustrias. Una lección que los jornaleros de San Quintín han vuelto a enseñar.