Imagen: La Caja Roja
Los casos registrados por “tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” son aquellos donde se infligieron intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión por parte de un funcionario público u otra persona en el ejercicio de sus funciones públicas, a instigación suya o con su consentimiento.
Según el Informe, la mayor cantidad de violaciones a los derechos humanos ocurren durante la detención y alojamiento transitorio cuyas principales agresiones físicas son golpes y golpizas. El rango horario en el que se registran mayor cantidad de casos es durante la madrugada. Las mujeres sufren las agresiones en la vía pública, en comisaría y/ o patrulleros. El 70 % de los casos han ocurrido en un solo lugar mientras que el 30% restante afirma haber sido víctima en más de un lugar.
Una tortura cada 17 horas
En 2014 en La Izquierda Diario publicó un informe de la Defensoría de Reconquista, que relevó entre 2013 y 2014 al menos 328 casos de tortura en las comisarías santafesinas. En ese entonces el promedio era de una víctima cada 27 horas. En 2015 han aumentado los casos de tortura promediando uno cada 17 horas.
Si bien el mayor porcentaje lo tienen las agresiones físicas como golpe y golpizas, es alarmante el Informe en cuanto a la distribución porcentual de víctimas de picana, asfixia, abuso sexual, balas de goma, puntazos o cortes y quemaduras, que aparecen con más frecuencia durante la circunstancia de detención.
El armado de causas penales, falta de atención médica, exigencias indebidas de dinero, obtención de pruebas falsas, falta de recepción de denuncias entre otros, son parte de otras graves afectaciones a los derechos humanos. El 47 % de las víctimas prefieren no realizar la denuncia del hecho, concluye el Informe de la Defensoría Penal.
El Gobierno de Santa Fe avanza contra los derechos de la juventud
Desde 2013 el gobierno de Bonfatti junto al gobierno nacional kirchnerista sitiaron los barrios rosarinos con las fuerzas federales, profundizando una línea represiva. Organismos de derechos humanos informaron que desde entonces, se multiplicaron las denuncias contra Gendarmeria y la Policía Federal Argentina no sólo por vejámenes y apremios ilegales sino también por la impunidad de sus agentes.
En la nota publicada por este diario el viernes pasado, se informaba acerca de la media sanción a la reforma del Código de Faltas presentada por el partido gobernante Frente Progresista Cívico y Social. Intentan avanzar en la imputación de jóvenes entre 16 y 18 años para las contravenciones, cercenando las libertades individuales y aumentando el control social. La Cámara de Diputados de Santa Fe, terminará resolviendo a favor o en contra del futuro de muchos jóvenes y niños, sobre los que se aplicará la fuerza represiva del Estado.
La criminalización, el gatillo fácil que en Rosario dejó un saldo de 15 muertes en 2015 y la violencia institucional se agravarán, en el marco también de la adhesión de la provincia al Protocolo de Seguridad Nacional impulsado por el PRO. El mismo Estado que comete estos delitos intenta profundizar y agravar la segregación social mientras la policía goza de numerosos beneficios como la prisión domiciliaria, excarcelaciones, o pabellones específicos, en el caso "fortuito" de que lleguen a prisión.
La situación relatada por el Informe del Servicio Público Provincial de Defensa Penal donde las violaciones a los derechos humanos se dan preferentemente en los sectores más vulnerables, resulta cuanto menos alarmante en el marco de nuevas normas represivas y de que siguen muriendo jóvenes en manos de la impune policía santafesina. Jonatan Herrera,Pichón Escobar y Franco Casco son casos emblemáticos por quienes la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman presentó a fines del año pasado,tres proyectos de resolución en el Congreso Nacional. | 
