-1 Con el giro a derecha en el país, representado por el presidente Mauricio Macri, se reabrieron las negociaciones con los “fondos Buitre” (holdouts). El acuerdo se firmó en Nueva York e implica pagos que podrían llegar a los 15.000 millones de dólares. De ese total, 4.653 millones de dólares de deuda, más del 75% del total del fallo de Thomas Griesa, que incluye incluso gastos legales de los acreedores en los últimos años, corresponde a los principales fondos buitre. Uno de los principales y más duros acreedores es Elliott Managment, del magnate imperialista Paul E. Singer, una de las caras más visibles y agresivas de los “buitres”.
-2 El 2 de marzo del año en curso, el juez Thomas Griesa había estipulado que Argentina podía salir del default si renunciaba a la “Ley cerrojo” y la “Ley de Pago Soberano”. Sin embargo, el pasado viernes, la Corte de Apelaciones de Nueva York advirtió que la salida del default solo se efectuará si Argentina accede al acuerdo con los “fondos buitre”.
El gobierno de Mauricio Macri, está operando políticamente y contra reloj para que los partidos en el congreso aprueben el acuerdo, para lo cual ya cuenta con el aval, en principio del Frente Renovador de Sergio Massa, del Partido Justicialista y de un sector del supuestamente “opositor” Frente para la Victoria.
La diputada nacional Myriam Bregman del PTS en el Frente de Izquierda se refirió a la presión del gobierno de Macri para que se apruebe el acuerdo en el Congreso como "un verdadero chantaje para imponernos votar el bochornoso acuerdo que impusieron Griesa y los buitres con la amenaza de que, si no, habrá ajuste o hiperinflación”.
-3 El conflicto con los llamados “fondos buitre” se originó en diciembre del 2001 cuando la crisis económica empujo al país latinoamericano a declarar la cesación de pagos de la deuda externa. Esta deuda, profundizada bajo los gobiernos neoliberales de Carlos Menem y Fernando De la Rúa, tiene origen en el endeudamiento de la última dictadura militar genocida y en la estatización de la deuda de empresarios privados, llevada adelante por Domingo Cavallo durante ese gobierno. Algunos de los empresarios beneficiados por esa “estatización” fue el padre del actual Presidente Macri.
A partir del “default” de 2001 varios ”fondos de inversión” (los holdouts) comenzaron a comprar los depreciados bonos argentinos para posteriormente demandar al país por el 100% de su valor original en los tribunales. Los antiguos acreedores, aquellos que habían invertido en los años o meses previos a la cesación de pagos, también llevaron la deuda a tribunales. Los principales querellantes contra Argentina son Elliott Management, Aurelios Capital, Davidson Kempner, Bracebridge Capital, entre otros.
-4 Fue en el mandato de Néstor Kirchner a partir del 2003 que se iniciaron las negociaciones para resarcir la deuda y finalmente en el 2005 se llegó al acuerdo con una buena parte de los acreedores de canjearla. Argentina erogó alrededor de un 37% del total, lo que llevo a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a decir que su gobierno y el anterior de su marido, fueron un gobierno de “pagadores seriales”. Casi el 30% de los acreedores, continuó con el litigio para cobrar el monto total de la deuda original.
-5 En el 2010, ya bajo el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, se reabrieron las negociaciones con los nuevos títulos argentinos que habían recuperado su valor en el mercado producto del crecimiento económico basado en el llamado “boom de las comoditties”. Un 7,6% de los acreedores se sostuvo en el alegato original que demanda al país alrededor de 20,000 millones de dólares entre el capital original, lo acumulado por intereses y las multas por moratoria. Por otro lado, en ese período se llego al acuerdo con el llamado “Club de París” (“club” que reúne a las principales potencias mundiales como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, etc), que fue presentado por el ministro de economía Axel Kicillof como un acuerdo “histórico”.
-6 Pesa contra Argentina la llamada cláusula “pari passu”. El juez Griesa en una particular interpretación de esa clausula habitual en los endeudamientos soberanos llamó a dar igual tratamiento a los fondos buitres que a aquellos que aceptaron los canjes de 2005 y 2010. El fallo del juez neoyorquino implica un bloqueo económico en los hechos. Se trata de un impedimento para la emisión de bonos bajo la amenaza de embargo que condenó al default y a la imposibilidad de pedir nuevos préstamos.
-7 El Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) manifestó su oposición al acuerdo con los holdouts y en voz de su diputada nacional Myriam Bregman llamó a decidir sobre el acuerdo mediante consulta popular: "El Gobierno no va a llamar a ninguna consulta popular porque, al igual que los gobernadores, quiere cerrar ya con los buitres para obtener fondos y seguir pagando la fraudulenta deuda externa. La única forma de imponer la consulta no es con algunas declaraciones, sino con decenas de miles en las calles reclamándola". Una parte de los diputados kirchneristas y del FPV declararon estar en contra del acuerdo con los holdouts e incluso apoyar la convocatoria a una consulta popular. La diputada Myriam Bregman aclaró que "un día después de que presentáramos el proyecto de ley para convocar a una consulta popular vinculante para que el pueblo decida sobre el escandaloso pago a los fondos buitres...el bloque de diputados del FPV salió hoy a plantear la misma propuesta. Acá lo fundamental es que sea el pueblo el que decida, ya que se verá afectado durante décadas con esta nueva hipoteca” y agregó que "igualmente, no podemos obviar que como fuerza política deben dar una explicación, porque es el propio FPV el responsable de que el PRO consiga los votos para que salga la ’ley Griesa’ en el Senado".
-8 La votación del acuerdo en el congreso, se da a poco más de una semana de que visite el país Barack Obama para dar su espaldarazo al nuevo gobierno entreguista de Mauricio Macri. El mismo en que se tratará el acuerdo con los holdouts, tanto el FIT como otras organizaciones están llamando a movilizarse en el Congreso. |
