Un nuevo caso de delito y fraude tributario es atribuido a diferentes personeros de los partidos oficialistas del vecino país, luego de que una investigación tributaria decantara en casos de donaciones secretas para distintas campañas electorales principalmente del núcleo gremialista nacional.
“Tengo las cuentas claras” indicó Iván Moreira (UDI), uno de los implicados en el caso de facturas y servicios falsos más ruidosos del último tiempo en Chile. Son varios políticos acusados de recibir donaciones secretas por parte del grupo Penta, donde según varios de los acusados anunciaron públicamente que sus cuentas y campañas electorales estaban aprobadas por el SERVEL (servicio electoral), dando así cerrado el asunto momentáneamente.
Esto pone en una difícil situación a la derecha chilena, donde están los principales defensores de las “donaciones políticas” y en donde se encuentran los importantes indicados como receptores de oscuras donaciones, dejando a plena luz como las campañas políticas son financiados con el fin de perpetuar toda la herencia legada de la constitución de 1980. A su vez, de parte de la coalición de gobierno, la Nueva Mayoría, también existen inculpados, como es el caso de Andrés Velasco, ex ministro de hacienda de la actual Presidenta Michelle Bachelet, lo que deja en claro la primicia de que el oficialismo también está involucrado en las maniobras.
Remezón en la cúpula
Mientras se desarrolla el caso, una posible querella se estaría gestando dentro del servicio de impuestos internos. Álvaro Elizalde, Ministro secretario general de gobierno y vocero oficial, destacó la postura del actual gobierno: "No debe confundirse la reforma del marco regulatorio del financiamiento de la actividad política, por un lado, de los delitos que pudieran haberse cometido, por el otro", indicando su “portazo” frente a la petición de la UDI, a través de Jovino Novoa, presidente del partido, de debatir un “acuerdo en común” con el gobierno con el fin de que no hayan muertos en el camino.
“Bajo ninguna circunstancia el gobierno avalará un manto de impunidad respecto de los delitos que está investigando la Fiscalía. En Chile nadie está por sobre la ley” indico el vocero de gobierno. Cabe destacar que esto sale a la luz en un marco de las nuevas reformas que plantea el gobierno sobre el sistema Binominal, que entre ellas está la de “regulación de financiamiento” a campañas electorales de carácter oficial y que a través de la misma investigación salieron a la luz estos desfalcos y fraudes tributarios.
Solo faltaría esperar qué resolvierá la fiscalía de alta complejidad oriente, donde el fiscal Carlos Gajardo decidirá las sanciones para los querellados. Ante esto, Elizalde anunció que “si se acreditan delitos en el financiamiento de campañas, los responsables tendrán que enfrentar la justicia y ser sancionados conforme a la ley”.
La ley oscura
Ya fue un tema discutido las donaciones público-privadas con fines políticos. En el año 2003, durante el gobierno del ex presidente Ricardo Lagos (PPD) se discutió un proyecto que regularía estas donaciones, con la creación del “sistema de alta dirección pública” frente al caso MOP-gate, otra situación difícil para un gobierno en una débil situación.
Aun así, el proyecto en sí traía el maquillaje puesto, por ejemplo, cualquier donación privada sobre 20 unidades de fomento debía realizarse bajo el mecanismo de “donación reservada”, opción que aseguraría que ni candidatos ni sus votantes podían saber quiénes eran los “filántropos”, pero con el fin último de hacer que los mismos candidatos no tuvieran que deberle “favores políticos” a sus financistas. ¿Problema de transparencia o perpetuidad de la política del régimen? Difícil situación ante la maniobra del gobierno por esconder los efectivos favores políticos que hacen a diario en el parlamento y el congreso, dirigido hoy por la nueva mayoría, ex concertación.
Otro hito destacable es que casi la mitad de los montos ingresados a través de este mecanismo durante las elecciones parlamentarias del año 2009 favorecieron a la actual oposición, la UDI, así como también los beneficios que obtienen las empresas que hacen donaciones, con garantía mediante la ley 19.884, de tener regalías tributarias, sin mencionar si los depósitos eran realizados por personas naturales o jurídicas, dejando en claro hacia dónde estaba cargada políticamente esta legislación.
La ley 19.884 efectivamente considera un caso de donación pública, pero la realidad dictamina otro camino: si bien el financiamiento “publico” debiese ser proporcional al número de votos obtenidos por candidato, en la actualidad no existe financiamiento público alguno de los partidos políticos, lo que daría el paso a que estos dependan en un 100% de donaciones privadas.
“En la práctica las donaciones reservadas no han funcionado como se prometió. Son muchas las elecciones, sobre todo de diputados y alcaldes, donde el número de donantes es muy reducido, de modo que es fácil para un candidato coordinarse con su benefactor y verificar si realizó la donación prometida. Es decir, los candidatos saben quiénes los financian y son sólo los ciudadanos quienes no saben. No es exactamente el concepto de transparencia que uno quisiera” indicó el economista y presidente de “espacio público” Eduardo Engel. | 
