El proyecto de nuevo Código de Trabajo, también conocido como Ley Khomri por el apellido de la ministra de Trabajo, es un ataque en regla a los derechos laborales. Facilita los despidos, extiende la jornada laboral y reduce el valor de las horas extras. Las negociaciones colectivas podrán hacerse por empresa y tendrán mayor peso legal que las negociaciones por rama y que el propio Código que, hasta ahora, actuaba como piso.
Además, la nueva normativa da derecho a las empresas a realizar “referéndums” para que los empleados decidan cuando no haya acuerdo con los sindicatos en las negociaciones. Pretende destruir conquistas históricas de la clase trabajadora conseguidas con décadas de duras luchas y gestas obreras y populares como en 1936 o el mayo del 68.
La reforma, que cuenta con el aval de la mayor organización patronal, el MEDEF, y de los partidos de la derecha, ataca en forma directa a los trabajadores en blanco de las grandes empresas, pero también a la juventud que intenta conseguir un empleo en medio de una desocupación que supera el 10% a nivel nacional y llega al doble entre los jóvenes.
Resistencia
Pero hay una fuerte resistencia. Cuando se hizo público que la ministra de Trabajo presentaría el proyecto al gabinete de ministros el 9/3, se extendió un amplio rechazo popular. Las encuestas muestran cifras en torno al 70% contra la reforma. Decenas de asambleas en colegios y facultades llamaron a movilizarse ese día. Las redes sociales en internet fueron uno de los canales privilegiados de expresión del descontento. En cada lugar de trabajo la bronca se fue haciendo sentir y los sectores sindicales combativos, como por ejemplo de la CGT y SUD, llamaron a marchar unificadamente.
Con toda esta presión la burocracia sindical de la CFDT, la mayor central obrera de Francia que hasta entonces solo había pedido modificaciones, se vio obligada a rechazar el conjunto del proyecto y llamar a movilizar el 9 de marzo.
El gobierno sintió el movimiento que se estaba desarrollando y pasó la presentación del nuevo Código para el 24 de marzo para no tener que hacer frente a la jornada de lucha. Convocada por otros cientos de organizaciones y colectivos sociales, ese día hubo paros y marchas en 170 ciudades del país reuniendo cerca de medio millón de personas. Los estudiantes combativos y activistas sindicales junto a sectores de la izquierda realizaron bloqueos en distintos puntos para garantizar la protesta y en algunos lugares sufrieron la represión como en Bourdeaux.
Una situación que no cae del cielo
En Francia podría estar surgiendo un nuevo movimiento de masas de la magnitud del que protagonizaron los jóvenes en 2006 contra el CPE que intentaba flexibilizar el trabajo juvenil o en 2010, que fue derrotado, contra la reforma jubilatoria (que elevaba la edad para jubilarse de 60 a 62 años). Así lo describen distintas crónicas y artículos de nuestros compañeros y compañeras de la Corriente Comunista Revolucionaria del Nuevo Partido Anticapitalista (NPA) de Francia publicados en su sitio web Revolución Permanente (en francés) y La Izquierda Diario (en español y portugués).
Lo que más temen el gobierno y la gran patronal es la unidad en las calles del movimiento estudiantil y el movimiento obrero. Y esa es la dinámica que amenaza el estado asambleario y de movilización que recorre distintos sectores sociales, empezando por las universidades y liceos pero también en fábricas y lugares de trabajo, a lo que hay que sumar distintos colectivos solidarios con los refugiados, ecologistas, etc.
A partir de los atentados de noviembre de 2015, el gobierno de Hollande dio un fuerte giro represivo implantando el estado de sitio y prohibiendo las movilizaciones y actos masivos. Recientemente vimos la represión y desalojo a los refugiados en el campamento de Calais como parte de su política reaccionaria y xenófoba contra los inmigrantes. La Justicia condenó a ocho trabajadores activistas de la CGT de Goodyear y a cinco de Aire France por acciones de lucha en 2013 y 2015 contra los despidos masivos.
Pero el clima represivo no impidió importantes movilizaciones como la de COP21 que reunió miles de personas contra la farsa de la Cumbre Mundial por el clima, las marchas del 31 de enero, o la del 27 de febrero que reunió más de 50.000 personas contra la construcción de un aeropuerto cerca de Nantes, así como distintos conflictos parciales.
En medio de una importante caída de popularidad del gobierno, la reforma del Código Laboral prendió la mecha de un proceso de movilización que puede profundizarse. Apostando a esa perspectiva, la CCR en el NPA viene peleando en todo lugar donde tiene presencia por desarrollar la movilización y la unidad obrero estudiantil para imponer a la burocracia la huelga general activa que permita derrotar la ofensiva del gobierno. Las nuevas acciones llamadas para el 17 y 31 de este mes son dos citas clave en este camino. | 
