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El pasado 29 de julio fue aprobada la Ley 24/2015 en el Parlament de Catalunya por una amplia mayoría y con el respaldo de 150.000 firmas que se obtuvieron para tramitar dicha ILP. Esta ley pretende dar ciertas garantías tanto en el ámbito habitacional como en el de suministros básicos.
A finales de año la PAH de Barcelona ya envió una carta a la propia Ada Colau reclamando que se empezara a aplicar dicha ley. Ahora es la Aliança contra la pobreza energètica la que exige su cumplimiento y denuncia el inmobilismo del Ayuntamiento de Barcelona.
Concretamente, la ley obliga a firmar convenios con las empresas suministradoras de agua, luz y gas que anulen la deuda derivada de no poder pagar los suministros por parte de las familias con problemas económicos. La administración también tiene el poder de sancionar a las empresas que realicen cortes de suministros, una situación que está al orden el día.
El comunicado denuncia que ayuntamientos grandes como el de Barcelona tendrían que ser un referente en cuanto a la aplicación de esta ley. Argumentan que, aunque han mantenido cinco reuniones con la Teniente de Alcalde de Barcelona en Comú, Laia Ortiz, para que la situación avance hacia la aplicación de esta ley de obligado cumplimiento, en siete meses el nuevo gobierno no ha ofrecido ningún resultado.
Por todo esto denuncian tanto que se sigan produciendo cortes en los suministros básicos y la acumulación de deudas ilegitimas con la empresas, como la falta de valentía de los gobiernos que tienen herramientas para acabar con esta situación y no lo hacen.
Exigen, consecuentemente, que cesen los cortes en los suministros, iniciar expedientes sancionadores por los cortes producidos, firmar convenios con las empresas suministradoras para que sean éstas las que se hagan cargo de la deuda de las familias e informar adecuadamente de los derechos contenidos en la ley 24/2015.
Hemos visto como el gobierno de Barcelona en Comú se ha escudado en el cumplimiento de la ley para perseguir y reprimir a los manteros. Esta situación es vergonzosa y propia de un gobierno de derechas. Pero además vemos que cuando la ley por una vez es mínimamente favorable a los sectores populares y va un poco en contra de las grandes empresas, este mismo gobierno en siete meses no ha sido capaz de cumplirla.
Sabemos que no bastarán reformas legislativas para mejorar nuestra situación como estudiantes, trabajadores, parados y jubilados. Hará falta que la movilización popular rebase los márgenes de la legalidad para hacer efectivas nuestras demandas. Pero vemos que el Ayuntamiento del “cambio” en Barcelona, ni siquiera actúa en favor de los intereses populares y en contra del de las empresas cuando tiene la ley a favor. | 
