Entre los 65 diputados electos el jueves (17) para integrar la Comisión del impeachment de Dilma, 40 recibieron donaciones de empresas involucradas en los escándalos de la Operación Lava-Jato.

Y entre esos 40 diputados, 5 están siendo directamente investigados o ya fueron citados (como es el caso del diputado Paulinho proveniente de la central Força Sindical) en la Operación Lava-Jato liderada por el juez Sérgio Moro.

Además de los diputados vinculados a casos de corrupción, en la Comisión se destacan varios miembros de la bancada conservadora -sin mencionar al mismo Eduardo Cunha presidente de la Cámara de Diputados que también preside el proceso de impeachment- y personajes reaccionarios como Eduardo Bolsonaro (PSC-SP) y Marco Feliciano (PSC-SP) quienes votarán a favor del impeachment. Otra presencia “ilustre” es la de Paulo Maluf (PP-SP), diputado corrupto y acusado por diversos escándalos por desvíos de dinero público en el Estado de San Pablo y condenado por la justicia suiza. Vale la pena recordar que Maluf pertenece a la base aliada de Dilma y del PT y debe votar contra el impeachment.

Solo el PSOL, el partido Rede, el PV, PROS y PEN indicaron nombres para integrar la Comisión del impeachment que no recibieron recursos de empresas vinculadas a la Operación Lava-Jato.

Perfil de la Comisión

Como mencionamos, la Comisión que analizará la posibilidad del impeachment estará compuesta por 65 diputados distribuidos proporcionalmente entre los partidos y su número de parlamentarios.

La Comisión posee 4 diputados investigados en la Operación Lava-Jato: José Mentor (PT-SP), Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), Jerônimo Goergen (PP-RS) y Roberto Britto (PP-BA); además de un diputado citado en la Operación, Paulinho da Força (Solidariedade-SP). Es decir, en general, lo que se puede observar es una Comisión comprometida en casos de corrupción y al mismo tiempo integrada por diputados que representan a los sectores más reaccionarios que defienden, entre otros, la reducción de la mayoría de edad penal o el Proyecto de Ley 5069 que suprime derechos, impidiendo que las mujeres puedan abortar en caso de violaciones a excepción que lo comprueben con un examen, e incluso deja en la ambigüedad el uso de métodos anticonceptivos como la pastilla del día después, entre otros puntos.

Otra “contradicción”. La Comisión también está integrada por políticos que deben “favores” a empresas involucradas en la Operación Lava-Jato, de las que al menos 40 diputados recibieron financiamiento durante el 2014. Como Eduardo Cunha (PMDB-RJ) acusado de recibir sobornos por millones de reales a favor de empresas dedicadas a la fabricación de navíos para Petrobras.

Plazos y proceso de impeachment

El viernes (18) tuvo lugar la primera sesión deliberativa sobre el posible alejamiento de Dilma. Según la agencia Estado, en un artículo publicado el pasado sábado (19), 35 diputados serían favorables a un voto positivo de impeachment. En este escenario, lo que se abre es una disputa feroz entre los diputados a favor y en contra.

El movimiento político de Cunha, en sintonía con los intereses empresariales y capitalistas internacionales (que apelan por una “resolución rápida” para la crisis política en el país, pues quieren “destrabar” la agenda de ajuste fiscal y “estructural” en el poder legislativo) es la de buscar acelerar al máximo el tramite del proceso de impeachment. Objetivo que, para la oposición de derecha, supondría terminar todo el proceso en la Cámara en 45 días, lo que implica garantizar sesiones con quórum (51 diputados) todos los días de la semana. El gobierno tiene 10 sesiones para presentar su defensa. Luego de este plazo, se realizan 5 sesiones para la presentación de un informe de la Comisión y luego se vota sobre la continuidad o no del proceso de impeachment

Para la instauración del proceso de impeachment son necesarios los votos de 342 diputados. El Senado puede o no invalidar esta decisión de la Cámara. Si la avala, la presidenta de la República es apartada por 180 días, mientras dura el análisis del mérito de las acusaciones contendidas en el pedido de impeachment. La comisión de impeachment ya protocoló 32 pedidos, entre ellos la convocatoria de Lula y una invitación a Dilma para dar sus explicaciones sobre las acusaciones que basan el pedido de su alejamiento por el Congreso.

Cunha, Renan, impunidad y privilegios

Al final del proceso quién decide el encaminamiento o no del impeachment es el Senado, dirigido por Renan Calheirios (PMDB), aliado del gobierno en la política, en las medidas de ajustes y denuncias de corrupción.

Es decir, diputados como Cunha, Eduardo Bolsonaro, Feliciano, Maluf y finalmente Renan Calheiros tienen en sus manos el proceso de impeachment. Son todos políticos financiados por empresas involucradas en negocios de corrupción, como la Operación Lava-Jato, y responsables de gobernar en nombre de los intereses de los grandes empresarios y grandes terratenientes del agronegocio. La misma corrupción del PT está presente en la oposición burguesa que cínicamente pide “más ética” y “limpieza” en la política a través de mecanismos reaccionarios como el impeachment.

Lo que queda claro con el impeachment, sea a través del poder Legislativo o Judicial, o por la renuncia de Dilma (defendida por la FIESP – Federación de empresarios industriales de San Pablo) es la búsqueda de los grandes capitales imperialistas y nacionales de mejores condiciones para la aplicación de ajustes aun mayores contra los trabajadores. Oponerse al impeachment no implica dar apoyo al gobierno de Dilma, cuyo gobierno busca fortalecerse con la figura de Lula y está abierto a los consejos que le ofrecen los grandes medios para “salvar al gobierno”, como aplicar medidas de ajuste mayores, como la reforma del Sistema de seguridad social.

En medio de esta complicada situación política, La Izquierda Diario [entrevistó a Diana Assunção → http://www.laizquierdadiario.com/Diana-Assuncao-Estamos-en-contra-del-impeachment-y-de-las-maniobras-y-arbitrariedades-judiciales], directora del Sindicato de los trabajadores de la Universidad de San Pablo (SINTUSP) y dirigente del Movimiento Revolucionario de Trabajadores (MRT), para tener una visión de la izquierda revolucionaria en Brasil frente a la profunda crisis política que vive el gigante sudamericano.