La violencia específica contra las mujeres en los centros clandestinos de detención, dentro del plan sistemático del último genocidio. La lucha contra la impunidad, bandera del movimiento de mujeres. Una investigación publicada en 2016.

Lo primero que hace falta decir, para abordar este trabajo, es que la violencia específica hacia las mujeres durante la última dictadura, y particularmente dentro de los Centros Clandestinos de Detención (CCD) se enmarca dentro del plan más general, destinado, desde las clases dominantes, a poner a los militares en el poder para aniquilar a la vanguardia obrera y disciplinar socialmente a los trabajadores y al conjunto de los explotados. Dentro de este plan abordaremos de manera sintética las particularidades del tipo de disciplinamiento que quisieron imponerle a las mujeres detenidas.

Ya en 2008, Myriam Bregman, como parte de la querella en los juicios a los genocidas, sostenía que el delito de “genocidio”, entre otras causales, implicaba un ejercicio sistematizado de la violencia sexual. “En todos los genocidios hay violaciones masivas. La violación es otra manera de humillar y someter. No es lo mismo violencia sexual y tortura, tal como suele entenderlo la justicia. En mi opinión, la violencia sexual compone el delito de genocidio. Creemos que si logramos instalar ese criterio, las mujeres víctimas de esos sucesos aberrantes encontrarán el marco necesario para declarar quién las violó y cómo fueron violadas”. (Artemisa, 20-02-2008).

Aunque desde el año 2000 la Corte Penal Internacional incluye dentro de la definición de “lesa humanidad” a “toda violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable (...) cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”, en la Argentina esta perspectiva se incorporó recién en 2010. Hasta entonces, eran considerados hechos eventuales que no formaban parte del plan sistemático de disciplinamiento: fueron callados o denunciados como una modalidad más de tortura. La Justicia, incluso, los consideraba prescriptos o quedaban incluidos dentro de las múltiples vejaciones que se realizaban contra las secuestradas (Sonderéguer; 02-05-2012).

"Recuperarlas" o desaparecerlas

Según el “Informe Nacional sobre Desaparición de Personas”, las mujeres constituyeron un 33% del total de los desaparecidos durante el período 1976-1983. Dentro del siniestro plan de las clases dominantes, los represores tenían objetivos específicos con las mujeres: “recuperarlas”, según su jerga, o desaparecerlas, incluyendo la apropiación de sus hijos e hijas.

Como plantea Andrea D’Atri “La política ideológica que tuvo la dictadura militar hacia las mujeres se centraba en la exacerbación de los roles estereotipados de género existentes en la sociedad capitalista patriarcal: se exaltaron las funciones reproductivas y domésticas, relegando a las mujeres al espacio privado, pero otorgándoles supremacía en tanto garantes de la unidad familiar, como “célula básica de la sociedad”. La dictadura, también, exacerbó el modelo dicotómico de “virgen o prostituta”, resignificado en la oposición del modelo mariano representado en la Virgen de Luján contra el de la subversiva que transgredía la supuesta esencia femenina.”

A raíz de los testimonios recopilados es evidente que la violencia específica hacia las mujeres fue sistemática, previamente planificada y aplicada reiteradamente sobre la mayoría de las detenidas en los diversos CDD que funcionaron en el país. Allí se desplegaron las técnicas que los militares habían aprendido en las “escuelas de guerra” creadas por los países imperialistas. Cada una tenía sus fundamentos, sus objetivos, sus pasos específicos, premeditados. Nada quedaba librado al azar, ni siquiera el hecho de que estos centros fueran comisarías, locales, hospitales, fábricas emblemáticas, todos ellos "escondidos" y a la vez visibles, para amedrentar a los y las trabajadoras, jóvenes y mujeres que intentaran resistir a la dictadura.

Cualquier vejación estaba permitida: violaciones reiteradas y llevadas a cabo, muchas veces, por más de un represor, en la mesa de torturas o cuando las detenidas querían ir al baño. La violación, constituía una forma de sometimiento y extorsión, una forma específica de denigración: desde la desnudez forzada de las detenidas (no sólo a la hora de las torturas), hasta la colocación de elementos en sus vaginas.

Disciplinar y "corregir", destruir la integridad física y psíquica de esas mujeres que habían sido protagonistas del ascenso obrero previo al Golpe, y que expresaban un cuestionamiento profundo al régimen político, económico y social. Incluso no es casual los testimonios que dan cuenta del enseñamiento de los represores con las mujeres, haciendo alusión a la hora de la detención, secuestro y torturas, a su militancia política en las distintas organizaciones de las que eran parte. Por eso D’Atri plantea también que “las mujeres militantes –es decir, que tenían una actividad política, pero además con la intención de subvertir el orden social- serán consideradas como elementos transgresores altamente peligrosos, no sólo por su militancia contra el orden establecido, sino en tanto encarnaban una ruptura con los roles de género tradicionales”.

Cristina Zurutuza, coautora del libro “Grietas en el silencio”, sostiene que “había una gran dosis de machismo, y de violencia machista, por dos caminos. Uno, contra las mujeres en general, y otro, contra las mujeres que se habían atrevido a desafiar el estereotipo, el modelo de mujer (...) el de una mujer sumisa, una mujer en su hogar, en su casa cuidando de sus niños, que se habían atrevido a desafiar el orden social” (Radio Nacional; Mujeres ¡de acá!; 20-03-2016). Ante semejante desafío, aniquilarlas, era el objetivo y por eso se recrudecían las vejaciones cuando las detenidas desafiaban a los represores.

Embarazo y maternidad en los CCD

Como decíamos, las clases dominantes, junto a la Iglesia, querían imprimir un estereotipo de mujer "santa", ligado exclusivamente a la función procreadora, siempre y cuando no procrearan "subversivos".

La ESMA, el Hospital Naval y el Hospital Militar fueron tres de los más importantes centros equipados como maternidades. Casi la totalidad de las embarazadas (un 10% de las desaparecidas) eran menores de treinta años. Las mantenían encerradas bajo pésimas condiciones de higiene, salubridad y alimentación, expuestas a todo tipo de violencias. El ingreso de estas detenidas en las maternidades clandestinas no era registrado: las mujeres eran “NN” que, alrededor de los siete meses de embarazo, eran inducidas al parto, practicado generalmente por cesárea.

Sala de parto | ESMA

La "sala de parto" contaba con un médico que supervisaba el proceso, parteras y enfermeras (algunas de las cuales eran monjas). Mientras que los nacimientos eran realizados en presencia de militares y policías uniformados y de civiles armados. Aún así, muchas veces las detenidas entraban en trabajo de parto y como nadie se acercaba a asistirlas eran los propios compañeros y compañeras los que oficiaban de asistentes. La tortura específica en estos casos consistía también, como denunciaron Adriana Calvo y otras parturientas, en obligar a las mujeres limpiar la sala donde habían parido y hacerlas recoger la placenta, instantes después de dar a luz en cautiverio.

Incluso muchas detenidas tuvieron abortos inducidos por la tortura. El Informe del CELS da cuenta de ellos a través de un testimonio: "Ya en diciembre de 1976, un documento firmado por detenidas políticas de Córdoba, que habían pasado un período en el campo de "La Perla", daba cuenta de la suerte corrida por Isabel G. de Negrotti, quien perdió su criatura a consecuencia de las torturas recibidas".

Gracias a los testimonios fue posible reconstruir una lógica de tratamiento y posterior expropiación de estos bebés de las manos de sus madres y/o padres.

Ni ellas, ni sus hijos e hijas

La incertidumbre que cada mujer tenía acerca del destino de sus hijos e hijas, la sensación de que serían separadas de ellos y la incógnita de saber si alguna vez saldrían en libertad para ir en su búsqueda, era parte de la tortura.

Una de las prácticas sistemáticas hacia las detenida era "invitarlas" a redactar una carta a sus familiares bajo la falsa promesa de que sería entregada a ellos junto con la criatura. Pero esas cartas nunca llegaban a salir de los CCD y esos niños y niñas tenían un claro destino desde un principio. La ESMA contaba con un listado de matrimonios militares, empresarios y civiles afines, dispuestos a criarlos, en algunos casos por la imposibilidad de tener hijos, en muchos otros por la convicción ideológica de que esos niños y niñas debían ser "salvados" de las ideas subversivas de sus padres. Una de las detenidas cuenta acerca de su compañera Graciela: "la llevaron al baño por error, mientras yo me estaba bañando. Pudimos hablar unas palabras. Ella fue trasladada el 23 de abril. Unos días antes le habían sacado el nene. Pregunté mucho por él y uno de los guardias me confió que se lo había llevado uno de los torturadores que no tenía hijos. Que ya le había comprado la ropita, y que no le habían dicho nada a Graciela" (Nunca más; Conadep; 1984).

Si el plan sistemático aplicado por las clases dominantes tenía como objetivo aniquilar a una generación entera que había desafiado al orden social imperante, la apropiación de sus hijos e hijas, tenía como objetivo garantizar incluso aniquilar la continuidad hasta biológica de aquella generación de mujeres y hombres.

La (in)justicia

El libro “Hacer justicia” publicado por el CELS en 2011 sostiene que “la desnudez forzada, la inexistencia de intimidad respecto de la satisfacción de las necesidades fisiológicas y la violación sexual a personas débiles producto de la tortura, encadenadas o engrilladas y privadas de la visión, fue parte de la cotidianidad en los CCD. (...) En muchos casos la situación se vio agravada por tener que vivir parte de sus embarazos y partos en el contexto de sus desapariciones”. En el mismo sentido Cristina Zurutuza de CLADEM sostuvo al ser entrevistada en Radio Nacional, que “todas las mujeres detenidas durante la dictadura sufrieron distintos tipos de abusos sexuales”. Recordemos que se estima fueron más de 600 los CCD creados en ese periodo, por eso el CELS hace referencia en la misma publicación a “la gran cifra negra” de delitos contra la integridad sexual que se perpetraron contra los y las secuestradas, que a esta altura es imposible saber con exactitud.

Un estudio realizado por Bilbao, sostiene que en el diagnóstico realizado por el CELS y el CIJT (Centro Internacional para la Justicia Transicional) se ve cómo la judicialización de estos delitos se encontró con los obstáculos de la Justicia, entre los cuales se menciona “el carácter sexista y discriminatorio” que reproduce el Poder Judicial (Bilbao), o como el actual juicio que se está desarrollando en Mendoza contra cuatro ex magistrados (Otilio Romano, Luis Miret, Guillermo Petra y Rolando Carrizo) por connivencia y complicidad ante ataques sexuales perpetrados en CCD de aquella provincia durante la represión.

En junio de 2010 por primera vez delitos contra la integridad sexual en el marco del genocidio recibieron una condena. En Mar del Plata se dictó prisión perpetua al ex Sub Oficial Gregorio Molina, por homicidio, violaciones y ataques sexuales. Sin embargo, las mujeres que estuvieron secuestradas, aún hoy son expuestas a la revictimización por parte de la Justicia. Mientras que por la lentitud de los juicios y porque no se llevan adelante por CCD, entre otras causales, hasta el momento sólo se pudieron conquistar condenas excepcionales. Hasta la actualidad, son sólo ocho los juicios en los que se incluyó, como parte de la tortura, la violencia específica hacia las mujeres.

Gregorio Molina, primer condenado por el delito de violencia sexual

Por un movimiento de mujeres de lucha contra la impunidad

En este artículo sólo abordamos de manera sintética los aspectos centrales de la violencia hacia las mujeres en los CCD. Una tarea llevada adelante gracias a la lucha de los organismos de derechos humanos, abogados querellantes contra los genocidas e investigadoras. Pero sobre todo, a las sobrevivientes que lo contaron. Como plantea Nilda Jelenic “Sigo teniendo una ideología (...) Ese convencimiento hace que nunca me haya visto como víctima. A mi no me van a victimizar”. (documental “Lesa Humanidad”).

Todos los gobiernos constitucionales se negaron a abrir la totalidad de los archivos de la dictadura. La Justicia tardó más de 20 años en incorporar muchos de estos testimonios e inscribirlos como delitos de lesa humanidad. La Iglesia Católica, hizo su voto de silencio. Y muchos de los 400 hijos e hijas apropiados, continúan sin tener derecho a su identidad.

Hoy Obama está en la Argentina y uno de los anuncios más demagógicos que prepara será el de la apertura de parte los archivos secretos que tiene en su poder EE.UU. Para avanzar en saber la verdad los archivos de la dictadura, de los países imperialistas o los de las fuerzas locales, deberían ser públicos, y entregados a los organismos de derechos humanos, familiares y víctimas del genocidio, para a través de comisiones investigadoras independientes, podamos acercarnos a saber qué es lo que sucedió y quiénes son los responsables.

Compartimos con Myriam Bregman que “a cuarenta años del golpe cívico militar, en Argentina los archivos de la represión permanecen ocultos y a los únicos que ha favorecido esta situación es a los que participaron del genocidio, civiles y militares. Nos consta que la documentación existe, el Gobierno tiene que abrir los archivos de la ex-SIDE, del Batallón 601, de Servicio de Inteligencia Naval y de todas las fuerzas que participaron del plan represivo”.

Todavía la gran mayoría de los empresarios, militares, policías, funcionarios, jueces, curas, obispos y civiles que fueron parte de los años del terrorismo de Estado siguen libres. Cuando se sabe que en todos los CCD hubo violaciones sexuales y abusos contra las mujeres, sólo en 8 juicios se incorporó la especificidad de la violencia ejercida contra las mujeres, y sólo se han conseguido algunas pocas penas contra los genocidas. La lucha contra la impunidad de ayer, y la que persiste hoy, debe ser parte también de las tareas de un movimiento real de mujeres que se exprese en las calles. Por estos motivos, desde Pan y Rosas nos preparamos para marchar este 24/3, con el PTS y el FIT, junto al Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia.

*Trabajo de investigación original publicado en el sitio panyrosas.org.ar, marzo de 2008.